SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, afirmó que una justicia administrativa ágil protege la inversión, al contribuyente y al emprendedor frente a posibles arbitrariedades. Durante su intervención, consideró que los proyectos de energía renovable y de infraestructura verde requieren seguridad jurídica a largo plazo en lugar de incertidumbre.
“Esto es pura seguridad jurídica: el Estado sometido a la legalidad con tiempos de respuesta eficientes”, expresó el magistrado.
Molina aseguró que la transformación digital del Poder Judicial dominicano ha logrado reducir la discrecionalidad administrativa, aumentar la transparencia y eficientizar los procesos internos, atacando directamente la corrupción y la ineficiencia.
Puede leer: Fallece destacado político Ramón Alburquerque
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el evento Legal Trends 2026, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), donde disertó sobre los desafíos de la digitalización y el desarrollo institucional del sistema de justicia.
En ese escenario, afirmó que la transformación digital constituye un aliado vital para el emprendimiento y para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Sostuvo que una justicia digital es auditable y libera al juez de la carga burocrática, permitiéndole concentrarse en lo esencial: fallar con calidad y oportunidad.
Explicó que el proceso de modernización, mediante plataformas como justicia.gob.do y la implementación de la firma digital, “ha cambiado las reglas del juego”, ya que el expediente digital garantiza trazabilidad y elimina el riesgo de extravío de documentos.
“Las grandes corporaciones pueden costear largas esperas, pero para una pequeña empresa o un emprendedor, la burocracia lenta es una sentencia de muerte. Al digitalizar, democratizamos el acceso a la justicia”, enfatizó Molina.
El magistrado destacó que, durante su gestión, se ha logrado una mayor eficiencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Puntualizó que, gracias a las leyes de Casación y de Uso de Medios Digitales, se han reducido drásticamente los plazos procesales; citó como ejemplo la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que actualmente falla sus casos en un promedio de seis meses.
Reiteró que una justicia administrativa ágil garantiza el cumplimiento de la ley por parte del Estado, protege al ciudadano de arbitrariedades y genera la confianza necesaria para inversiones en sectores estratégicos.
