Por: Pavel De Camps Vargas
En la República Dominicana, hablar de desarrollo suele implicar grandes palabras: transformación digital, inteligencia artificial, ciudades inteligentes. Todo eso importa. Pero hay una pregunta previa, incómoda y demasiado poco formulada: ¿cómo compra alimentos una persona mayor que vive sola en una comunidad rural? ¿Cómo acceder a productos básicos quien debe recorrer largas distancias para llegar a un colmado que ya no existe o no tiene todo lo necesario?
En demasiados lugares del país, la compra de comida no es un acto cotidiano, sino una logística forzada: depender de un vecino, gastar lo que no se tiene en transporte o resignarse a consumir lo disponible, no lo necesario. Esa realidad no suele ocupar titulares, pero define la calidad de vida de miles de dominicanos. Y también revela una verdad esencial: el Estado ha avanzado más rápido en los discursos que en el territorio.
Ahí es donde una idea aparentemente modesta —los supermercados móviles— se vuelve profundamente política.
Una solución simple para un problema estructural
Los supermercados móviles no son una ocurrencia creativa ni una extravagancia europea. Son una respuesta pragmática a una falla del mercado: cuando la densidad poblacional baja y la rentabilidad desaparece, el comercio se retira. Lo que queda es una brecha silenciosa entre lo urbano y lo rural.
Vehículos adaptados (grandes autobuses refrigerados), rutas fijas, productos básicos, horarios previsibles. Nada espectacular. Y, sin embargo, todo lo que falta en muchas comunidades apartadas.
En países con fuerte tradición de políticas públicas territoriales, como Dinamarca, este modelo surgió cuando el cierre de tiendas rurales y el envejecimiento poblacional comenzaron a generar aislamiento social. Los autobuses dados de baja fueron reconvertidos en supermercados rodantes. El Estado no compitió con el mercado; simplemente llegó donde el mercado ya no estaba.
Funcionó porque entendió algo esencial: la eficiencia no siempre es centralización; a veces es cercanía.
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