La proliferación de grupos dedicados al crimen transnacionalmente organizado se está constituyendo en el principal problema social de la región, en una amenaza para la democracia y en el principal freno a su desarrollo económico.
Lamentablemente, los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica que supera las fronteras nacionales son los delincuentes.
Redes de protección internacionales que esconden en otros países a prófugos de la justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones criminales que operan globalmente, intercambio mundializado de información, drogas y armas, mafias interconectadas en la región y el mundo son solo algunas de las estrategias que reducen a la impotencia a los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.
La violencia criminal y sus consecuencias sociales se han convertido hoy en parte central de la agenda política de nuestros países, y las desigualdades en términos de seguridad, es el principal factor de discriminación social en la región.
Frente a la proliferación de organizaciones criminales estructuradas regionalmente y con poderosas conexiones con sus similares de otros lugares del mundo como la mafia siciliana, las mafias rusa y china- los mecanismos nacionales de seguridad se demuestran más insuficientes y subordinados a poderes políticos impotentes, cuando no corruptos y cómplices.
Finalmente, en vez de constituir una ventaja en términos de eficiencia, la cercanía de los tribunales, fiscalías y fuerzas de seguridad nacionales respecto de los lugares en que se consuman los delitos los deja a merced de la corrupción y de las amenazas del crimen organizado y limita su esfera de actuación a la persecución de la criminalidad menor, sin posibilidad ninguna de impulsar la eliminación de las organizaciones criminales mediante el encarcelamiento de sus dirigentes y la confiscación de sus bienes.
Por Rommel Santos Diaz
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