El Ayuntamiento de Alicante ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por las posibles irregularidades cometidas en torno a la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, un escándalo que ha provocado ya la dimisión de una concejala y de una directora general, y en la que hay implicados varios funcionarios municipales más. De esta forma, el consistorio presidido por el alcalde Luis Barcala (PP) se lava las manos y delega toda la investigación en la justicia, ya que, según ha recalcado Manuel Villar, concejal de Contratación y Recursos Humanos, entre otras competencias, y portavoz adjunto del gobierno local, “no hay ninguna norma que regule el control municipal” de este tipo de promociones.
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