La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó este 19 de febrero por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la promulgó ese mismo día. Esta ley, según las autoridades oficialistas, busca promover la “paz social y la convivencia democrática” mediante la concesión de amnistía a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos.
La ley, según el artículo 6, el «ámbito temporal» abarca del 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026. No obstante, la ONG Foro Penal advierte que esta cobertura es ilusoria, ya que la selección arbitraria de eventos deja fuera 15 años de persecución continua. Al sumar los meses específicos protegidos, la ley realmente solo cubre menos de 20 meses de los 28 años prometidos, una omisión que la organización califica de irregularidad imperdonable tras rechazarse el uso de cláusulas que incluyeran otros supuestos.
El Parlamento incluyó estos hechos en el artículo correspondiente para delimitar el alcance de la amnistía.
El artículo 9 de la ley establece exclusiones expresas para ciertos delitos y conductas, como, por ejemplo, las personas procesadas o condenadas por estas categorías no reciben el beneficio de la amnistía, una situación que organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, advierten deja por fuera más de 400 casos, especialmente militares involucrados en rebeliones.
Cuáles son las exclusiones del artículo 9
La legislación excluye las violaciones graves a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Estas exclusiones se fundamentan en el artículo 29 de la Constitución.
La ley también excluye el homicidio intencional y deja fuera las lesiones gravísimas. Tampoco beneficia a personas condenadas por tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas cuando las penas superan los nueve años.
El artículo señala que los delitos contra el patrimonio público tampoco serán amnistiados y deja fuera acciones previstas en la Ley contra la Corrupción al igual que casos de malversación de fondos, sobornos o enriquecimiento ilícito.
El artículo también establece que se excluye a las personas que promuevan, inciten, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, financien o participen en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras.
Casos específicos excluidos
Aunque la ley no lo establece de forma explícita, casos como la Operación Gedeón de 2020 no podrían ser objeto de amnistía. La norma excluye a los participantes en esa incursión armada que hayan involucrado a mercenarios extranjeros.
La norma deja fuera rebeliones militares como la ocurrida en el sector Cotiza, de Caracas en 2019, donde un grupo de militares se rebeló contra el gobierno así como también el alzamiento en Fuerte Paramacay de 2017, ocurrido en el estado Carabobo.
El beneficio no alcanza a los procesados por la operación Brazalete Blanco, denunciada en 2024 como un plan de conspiración con ataques a instalaciones militares en Táchira y atentados contra funcionarios, lo que derivó en detenciones de militares y civiles entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Tampoco incluye a los participantes de la operación Sukhoi o caso Sukhoi, vinculada a conspiraciones de oficiales de aviación detenidos en 2019 por traición a la patria y rebelión con sentencias ya emitidas.
Queda fuera el caso de Óscar Alberto Pérez, quien lideró un ataque con helicóptero contra instituciones del Estado en junio de 2017 y fue asesinado, tras rendirse, en un operativo en El Junquito, donde se enfrentó a fuerzas de seguridad el 15 de enero de 2018.
La exclusión abarca el atentado con drones del 4 de agosto de 2018 en la Avenida Bolívar de Caracas. Durante el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, dos drones con explosivos detonaron cerca de la plataforma donde se encontraba Nicolás Maduro, lo que dejó heridos y condenas de hasta 30 años para los acusados.
Finalmente, la legislación no amnistía a líderes opositores en el exilio acusados de promover intervenciones extranjeras o acciones armadas, con el fin de rechazar vínculos con apoyo externo en hechos de violencia política.
Cómo se obtendrá el beneficio
Para obtener el beneficio, los interesados deben comparecer ante los tribunales competentes; aquellos que residen en el exterior tienen la opción de designar un apoderado para tramitar la solicitud.
En cada proceso, los jueces asumen la tarea de verificar que no existan las exclusiones fijadas en el artículo 9, paso previo para que el sistema judicial decrete el sobreseimiento de las causas en curso o la anulación de sentencias firmes. Bajo este procedimiento, los órganos de investigación deben finalizar cualquier averiguación relacionada con los hechos perdonados dentro de los plazos establecidos por la normativa.
Organizaciones como Foro Penal calculan que la medida alcanza a unos 644 presos políticos, aunque el impacto real se limita estrictamente a los 13 eventos enumerados en el texto legal. Esta restricción deja sin amnistía a cientos de militares procesados por estar incurso en supuestas rebeliones.
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