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- Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han dormido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.
Los socialistas insisten en que se aporten tres audios que García Castellón aparcó en una pieza secreta. En uno de ellos Cospedal reconoce al comisario Villarejo que accedía los informes policiales del caso de la caja B del PP antes que el juez Ruz
El juez Piña y Anticorrupción rechazan volver a imputar a Cospedal pese a los nuevos indicios contra ella en Kitchen
Bárcenas denuncia ante el tribunal de Kitchen que fue sometido a un “cacheo integral” cuando estuvo en prisión
La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado este lunes en el juicio del caso Kitchen que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han dormido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.
La abogada Gloria Pascual, en representación del PSOE, ha expuesto el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que en ningún escenario se llegó a producir.
García Castellón había abierto una pieza, la 34, donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. El contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses.
En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”.
Será en el contexto actual el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Este lunes, la abogada del PSOE ha insistido: “Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la causa. Desconocemos si están dentro de los encriptados y en ningún escenario se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”.
El PSOE ha justificado que se convierta al PP en responsable civil a título lucrativo porque era el principal beneficiado de que la Operación Kitchen triunfara, ya que lo que buscaba el operativo parapolicial era sabotear la acción judicial contra el PP en el caso de su financiación irregular.
Acusados y separados
El primero en intervenir en el trámite de las cuestiones previas ha sido el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El abogado Jesús Mandri ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos porque no es uno de los encargos que recibió de particulares Villarejo, como en el resto de piezas de la macrocausa. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”, ha dicho.
Los principales imputados, si se atiende a la jerarquía que mantenían en Interior, han estado de acuerdo en la estrategia inicial. A los argumentos de Fernández Díaz se han sumado los de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y de Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo de la Policía. Han considerado que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los hechos y han pedido que se anule el juicio y que se envíen las actuaciones a un juzgado ordinario.
En el banquillo, los diez acusados siguen el trámite de las cuestiones previas. Solo los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano se sientan juntos –comparten abogada– mientras que el resto de acusados han dejado un asiento de distancia con el siguiente, incluidos Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez.
