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Sumar se queda solo en la negociación del decreto de vivienda que el PSOE da por imposible
Política
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Sumar se queda solo en la negociación del decreto de vivienda que el PSOE da por imposible

Los de Yolanda Díaz son conscientes de la dificultad de aprobar el paquete de medidas sobre el alquiler, pero marcan perfil propio en plena precampaña andaluza y en mitad de la reconfiguración de la izquierda alternativa escenificando un choque con la derecha Bustinduy promete “más actuaciones para defender a los inquilinos” y confía en ganar la votación del decreto de vivienda La negociación para conseguir convalidar en el Congreso el decreto de medidas de vivienda aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros no carbura. El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, es la que ha tomado el timón de las conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar convencerles de votar a favor de un texto que, hoy por hoy, tiene muy pocas opciones de obtener los votos para seguir en vigor. Pero los de Yolanda Díaz, que son conscientes de la dificultad de sacar el paquete adelante, no han logrado mover ni un milímetro la negativa de PP y Junts, de quienes depende que el decreto se convalide. Y el PSOE no está haciendo muchos esfuerzos para intentar revertir ese rechazo y ha decidido no involucrarse en una negociación que, consideran, está abocada al fracaso. Buena muestra de la soledad con la que Sumar está viviendo esta negociación es que se ha visto obligado a vehicular las conversaciones a través de su grupo parlamentario y no de sus ministerios. El lunes, de hecho, los cuatro principales partidos de esa coalición —IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar— presentaron la campaña 'Pide la prórroga, defiende la prórroga' y anunciaron que su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, convocaría reuniones con todos los socios habituales del Gobierno y también con el PP. No obstante, 24 horas después los populares respondieron con un portazo y anunciaron que se niegan a mantener un encuentro con el grupo parlamentario de Sumar porque su posición en relación con el decreto y con medidas como la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 es “de sobra conocida”. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy —que está pilotando la negociación de este decreto por parte de Sumar— reaccionó rápidamente a esa negativa criticando que “la respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer nada”. “Esta vez se equivocan”, dijo, porque “si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo”. “Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, recordó Bustinduy. Y fuentes de Sumar señalan que “el 70% de los del PSOE están de acuerdo con la medida” y que “alrededor de un cuarto de los votantes de derechas también la apoya”. La respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer NADA. Pero esta vez se equivocan. Si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo. Entre los 2,6M de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes. [image or embed] — Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 7 de abril de 2026, 15:21 ha tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas de vivienda mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Carles Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027. Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha hecho bandera de sus diferencias con el PSOE en materia de vivienda. Esa distancia volvió a evidenciarse, precisamente, en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó este decreto, cuyo inicio se tuvo que retrasar por la negativa de Díaz y los suyos a participar si los socialistas no se comprometían a aprobar la prórroga de los alquileres que el PSOE llevaba rechazando de plano muchos meses. Estos movimientos de Sumar, no obstante, no pueden aislarse del contexto político en el que están teniendo lugar: en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía del 17 de mayo y también en mitad del proceso de reconfiguración de la izquierda alternativa, por cuya primacía los partidos que componen Sumar mantienen un pulso con Podemos. Una negociación imposible Lo que defienden en las filas socialistas es que toda esa puesta de largo en torno a una negociación que califican de imposible tiene más que ver con la necesidad de Sumar de recuperar algo de foco político que con una creencia real de que se pueda sacar adelante el texto. Explican en el PSOE que, por el momento, ni siquiera tienen constancia de que hayan arrancado las conversaciones de su socio de coalición con los grupos respecto al contenido de un decreto que aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. Y que, en cualquier caso, el recorrido de esas conversaciones es, en su opinión, nulo. “Nosotros estamos a favor de esas medidas, nos parecen necesarias y por eso el Gobierno las ha vuelto a aprobar, después de aplicarlas anteriormente. Pero las habas están contadas y tenemos la certeza de que el PP, Vox y Junts las van a tumbar, porque nos lo han dicho claramente”, sostienen en las filas socialistas, donde apostillan que, si la negociación con la derecha es imposible, con la izquierda ni siquiera hace falta. “No hace falta negociar con ERC, Bildu o Compromís ese decreto porque ya sabemos que lo apoyan. La clave, como tantas veces, es Junts. Y no pueden ser más claros en su rechazo”. Ese convencimiento del PSOE respecto a la postura de los independentistas catalanes, que en la práctica ya ejercen de fuerza de oposición en el Congreso desde hace meses salvo contadas excepciones, está de hecho en el origen del choque en el Consejo de Ministros extraordinario que protagonizaron los socios de coalición. El presidente del Gobierno y su equipo se cerraron en banda a incluir en el decreto de medidas económicas por la guerra de Irán el paquete de vivienda exigido por Sumar. Porque de hacerlo, defendieron entonces y sostienen aún hoy, todo el plan hubiera sido rechazado por el Congreso, que hubiera tumbado la rebaja fiscal a los combustibles o la prórroga al bono social eléctrico y térmico. Los socialistas aseguran que “respetan” las estrategias políticas de sus socios y que no pondrán ningún tipo de trabas al intento de Sumar de apropiarse de la defensa de un decreto cuyas medidas están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre otras cosas, el texto permite una prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir del 21 de marzo. Algo de lo que pueden beneficiarse hasta 2,6 millones de inquilinos y un millón de hogares a los que les aplicaría la limitación de la actualización de la renta.

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Sumar se queda solo en la negociación del decreto de vivienda que el PSOE da por imposible
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Sumar se queda solo en la negociación del decreto de vivienda que el PSOE da por imposible

Los de Yolanda Díaz son conscientes de la dificultad de aprobar el paquete de medidas sobre el alquiler, pero marcan perfil propio en plena precampaña andaluza y en mitad de la reconfiguración de la izquierda alternativa escenificando un choque con la derecha Bustinduy promete “más actuaciones para defender a los inquilinos” y confía en ganar la votación del decreto de vivienda La negociación para conseguir convalidar en el Congreso el decreto de medidas de vivienda aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros no carbura. El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, es la que ha tomado el timón de las conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar convencerles de votar a favor de un texto que, hoy por hoy, tiene muy pocas opciones de obtener los votos para seguir en vigor. Pero los de Yolanda Díaz, que son conscientes de la dificultad de sacar el paquete adelante, no han logrado mover ni un milímetro la negativa de PP y Junts, de quienes depende que el decreto se convalide. Y el PSOE no está haciendo muchos esfuerzos para intentar revertir ese rechazo y ha decidido no involucrarse en una negociación que, consideran, está abocada al fracaso. Buena muestra de la soledad con la que Sumar está viviendo esta negociación es que se ha visto obligado a vehicular las conversaciones a través de su grupo parlamentario y no de sus ministerios. El lunes, de hecho, los cuatro principales partidos de esa coalición —IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar— presentaron la campaña 'Pide la prórroga, defiende la prórroga' y anunciaron que su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, convocaría reuniones con todos los socios habituales del Gobierno y también con el PP. No obstante, 24 horas después los populares respondieron con un portazo y anunciaron que se niegan a mantener un encuentro con el grupo parlamentario de Sumar porque su posición en relación con el decreto y con medidas como la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 es “de sobra conocida”. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy —que está pilotando la negociación de este decreto por parte de Sumar— reaccionó rápidamente a esa negativa criticando que “la respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer nada”. “Esta vez se equivocan”, dijo, porque “si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo”. “Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, recordó Bustinduy. Y fuentes de Sumar señalan que “el 70% de los del PSOE están de acuerdo con la medida” y que “alrededor de un cuarto de los votantes de derechas también la apoya”. La respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer NADA. Pero esta vez se equivocan. Si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo. Entre los 2,6M de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes. [image or embed] — Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 7 de abril de 2026, 15:21 ha tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas de vivienda mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Carles Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027. Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha hecho bandera de sus diferencias con el PSOE en materia de vivienda. Esa distancia volvió a evidenciarse, precisamente, en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó este decreto, cuyo inicio se tuvo que retrasar por la negativa de Díaz y los suyos a participar si los socialistas no se comprometían a aprobar la prórroga de los alquileres que el PSOE llevaba rechazando de plano muchos meses. Estos movimientos de Sumar, no obstante, no pueden aislarse del contexto político en el que están teniendo lugar: en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía del 17 de mayo y también en mitad del proceso de reconfiguración de la izquierda alternativa, por cuya primacía los partidos que componen Sumar mantienen un pulso con Podemos. Una negociación imposible Lo que defienden en las filas socialistas es que toda esa puesta de largo en torno a una negociación que califican de imposible tiene más que ver con la necesidad de Sumar de recuperar algo de foco político que con una creencia real de que se pueda sacar adelante el texto. Explican en el PSOE que, por el momento, ni siquiera tienen constancia de que hayan arrancado las conversaciones de su socio de coalición con los grupos respecto al contenido de un decreto que aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. Y que, en cualquier caso, el recorrido de esas conversaciones es, en su opinión, nulo. “Nosotros estamos a favor de esas medidas, nos parecen necesarias y por eso el Gobierno las ha vuelto a aprobar, después de aplicarlas anteriormente. Pero las habas están contadas y tenemos la certeza de que el PP, Vox y Junts las van a tumbar, porque nos lo han dicho claramente”, sostienen en las filas socialistas, donde apostillan que, si la negociación con la derecha es imposible, con la izquierda ni siquiera hace falta. “No hace falta negociar con ERC, Bildu o Compromís ese decreto porque ya sabemos que lo apoyan. La clave, como tantas veces, es Junts. Y no pueden ser más claros en su rechazo”. Ese convencimiento del PSOE respecto a la postura de los independentistas catalanes, que en la práctica ya ejercen de fuerza de oposición en el Congreso desde hace meses salvo contadas excepciones, está de hecho en el origen del choque en el Consejo de Ministros extraordinario que protagonizaron los socios de coalición. El presidente del Gobierno y su equipo se cerraron en banda a incluir en el decreto de medidas económicas por la guerra de Irán el paquete de vivienda exigido por Sumar. Porque de hacerlo, defendieron entonces y sostienen aún hoy, todo el plan hubiera sido rechazado por el Congreso, que hubiera tumbado la rebaja fiscal a los combustibles o la prórroga al bono social eléctrico y térmico. Los socialistas aseguran que “respetan” las estrategias políticas de sus socios y que no pondrán ningún tipo de trabas al intento de Sumar de apropiarse de la defensa de un decreto cuyas medidas están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre otras cosas, el texto permite una prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir del 21 de marzo. Algo de lo que pueden beneficiarse hasta 2,6 millones de inquilinos y un millón de hogares a los que les aplicaría la limitación de la actualización de la renta.

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Nunca es buen momento para Cospedal en el caso Kitchen
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Nunca es buen momento para Cospedal en el caso Kitchen

El tribunal rechaza el cuarto intento de las acusaciones para que la exsecretaria general del PP sea investigada, así que Cospedal aterrizará en el juicio como testigo para volver a alejarse después de la X que ocupa Fernández Díaz El tribunal de Kitchen rechaza investigar a Cospedal y al PP porque esa decisión correspondió al juez del caso resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio. Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP. Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público. La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”. En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio. Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen. De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio. Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación. Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro. Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión. Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí? Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic). Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada? Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos… Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

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Nunca es buen momento para Cospedal en el caso Kitchen
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Nunca es buen momento para Cospedal en el caso Kitchen

El tribunal rechaza el cuarto intento de las acusaciones para que la exsecretaria general del PP sea investigada, así que Cospedal aterrizará en el juicio como testigo para volver a alejarse después de la X que ocupa Fernández Díaz, siempre que nadie utilice la vista para señalarla El tribunal de Kitchen rechaza investigar a Cospedal y al PP porque esa decisión correspondió al juez del caso resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio.  Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP.  Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público.  La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”.  En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio.  Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen.  De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio. Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación.  Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro. Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión. Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí? Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic). Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada? Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos… Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

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La historia de amor de Ábalos pasa a ser una supuesta trama de espionaje
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La historia de amor de Ábalos pasa a ser una supuesta trama de espionaje

La defensa de Ábalos y Koldo García pega un volantazo en pleno juicio del Caso Mascarillas insinuando que Jésica Rodríguez, que fue pareja del exministro, se dedicaba a la prostitución o que era una infiltrada de Aldama La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar que fue Love Story. Con el juicio del caso Mascarillas podríamos añadir otra máxima de obligado cumplimiento: amor significa no llamar puta a tu exnovia a través de tu abogado en el juicio en el que te piden una pena de cárcel. Es una situación complicada, te juegas años de tu futuro, pero estaría bien que no parezca que la que fue tu pareja durante unos años ofrecía sexo por dinero y había colaborado con el enemigo. Claro que un juicio es como una guerra y hay que ganar como sea. En la primera jornada del juicio que cuenta con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama como acusados no se habló mucho de compra de mascarillas y sí de las relaciones personales del exministro con su antigua pareja, Jésica Rodríguez, y de la labor de Koldo García como intermediario para todo. La sorpresa saltó cuando los abogados de Ábalos y Koldo mostraron sus cartas con la intención de desacreditar a la exnovia. Y no se cortaron nada al intentar que la joven apareciera como un instrumento de las maniobras de Aldama. Al igual que en el juicio del fiscal general, el Tribunal Supremo ha prohibido que los medios de comunicación ofrezcan en directo la retransmisión del juicio. Sólo pueden recibir las imágenes en la redacción y utilizarlas para sus informaciones. El tribunal autorizó que las cámaras de la sala no enfocaran a Jésica en su declaración como testigo para proteger su intimidad, como había solicitado. Al entrar al Supremo, la joven llevaba mascarilla y gafas de sol. El juicio por una presunta corrupción económica se convirtió de repente en un tabloide sensacionalista –es cierto que sin demasiados detalles– con titulares escandalosos en forma de preguntas. Esto último quiere decir que los abogados de ambos no presentaron ninguna prueba para sustentar sus alegaciones. Fue Marino Turiel, defensor de Ábalos, el que abrió fuego. En primer lugar, intentó con varias preguntas sugerir que Jésica conocía con anterioridad al comisionista Aldama, que se presenta como gran ariete contra el Gobierno y específicamente contra Ábalos. La joven ya había dejado claro a preguntas anteriores que nunca conoció personalmente a Aldama. Puestos a reformular, el abogado del exministro volvió a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. “¿Su profesión tiene que ver con el intercambio de relaciones sexuales?”. No le pareció un cambio suficiente al juez Arrieta, pero Jésica Rodríguez se adelantó sin ponerse nerviosa: “Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada”. Resultaba inaudito que la persona a la que Ábalos ha presentado siempre como su novia –o amante, porque por entonces aún estaba casado con la que era su tercera mujer–, una persona con la que tenía una relación sentimental normal, apareciera como una prostituta o, algo peor, una Mata Hari de bolsillo infiltrada para seducir a un importante político que controlaba el presupuesto del Ministerio de Transportes. No cabe duda de que Ábalos y su ayudante para todo han cambiado de estrategia jurídica una vez comenzado el juicio. Esto raramente suele funcionar, en especial si no cuentas con una prueba mágica que aparece de repente, como en las películas, y desbarata la estrategia de la acusación. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intervino después. Su labor, evidentemente coordinada con el defensor de Ábalos, no consistió esta vez en acusar a Jésica de ser una puta, pero sí en volver a insinuar sus relaciones con Aldama. Le preguntó si había hablado con alguien durante la comida para que le contara lo que había testificado antes el hermano de Koldo. Otra insinuación para ver si la testigo se ponía nerviosa. La joven había sido convocada para declarar por la mañana, pero la sesión se prolongó y su intervención tuvo que aplazarse hasta las 15.30. Para negarlo, Jésica Rodríguez contó que nadie le había ofrecido ni una botella de agua en la espera y que en el receso para comer sólo había bajado para sacar una bolsa de frutos secos de la máquina. “Luego, he pasado dos horas en un banco”. En lo que parecía una provocación, De la Hoz saltó poco después con varios comentarios que estaban fuera de lugar. Hizo una pregunta que casi sonaba a cachondeo, si “conocía el término 'excusatio non petita, accusatio manifesta'”. El magistrado Arrieta la frenó en seco. La abogada siguió en esa línea. “Tiene usted dotes adivinatorias”, dijo a la testigo, lo que es llamativo viniendo de una abogada que estaba haciendo preguntas especulativas. Cuando Jésica volvió a afirmar que no conoce de nada a Aldama, la abogada comentó: “Muy curioso”. Ya no se trataba ni de hacer preguntas, sino de sembrar la duda. Antes, Jésica Rodríguez dijo que tuvo relaciones sentimentales con Ábalos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Lo dejó cuando el exministro le dijo que no se iba a divorciar de su mujer mientras estuviera en política. Para compensarle, Ábalos le dejó quedarse en un apartamento en Madrid cuyo alquiler costaba 2.500 euros al mes. Lo pagó hasta finales de 2021 Luis Alberto Escolano, socio de Aldama. Ella dijo que al final era Ábalos quien lo costeaba, lo que no parece cierto. En un periodo anterior de cuatro meses, Escolano dejó de pagar. Jésica dijo que Koldo García lo abonó. En su declaración posterior, Escolano lo negó y dijo que pidió a su mujer que lo hiciera. Por entonces, la joven dependía económicamente de Ábalos. Era estudiante universitaria hasta que el exministro le consiguió un trabajo en la empresa pública Ineco. Un empleo de auxiliar administrativa no muy exigente, porque se limitaba a hacer lo que le encargaba Joseba García, hermano de Koldo. El fiscal le preguntó por María Dolores Tapia y ella dijo que no la conocía. “Era su superiora en Ineco. Bueno, no tiene que recordarla si no trabajaba”. No hubo casi nada en su testimonio que beneficiara claramente a Ábalos y Koldo. Se confirmó que había recibido favores económicos del exministro por ser su pareja en forma de un apartamento de lujo y un empleo que no le obligaba a nada. Los dos acusados lo tendrán difícil para probar que todo eso lo pagaron con sus ingresos. Con el giro observado en la sesión del martes, las preguntas de sus abogados revelan que van a ofrecer al tribunal una conspiración en que la joven novia era algo así como una espía colocada por Aldama. Suena excitante como parte de la trama de una película, aunque está por ver cuántos aficionados al cine negro hay en el Tribunal Supremo.

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La historia de amor de Ábalos pasa a ser una supuesta trama de espionaje
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La historia de amor de Ábalos pasa a ser una supuesta trama de espionaje

La defensa de Ábalos y Koldo García pega un volantazo en pleno juicio del Caso Mascarillas insinuando que Jésica Rodríguez, que fue pareja del exministro, se dedicaba a la prostitución o que era una infiltrada de Aldama La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar Love Story. Con el juicio del caso Mascarillas podríamos añadir otra máxima de obligado cumplimiento: amor significa no llamar puta a tu exnovia a través de tu abogado en el juicio para el que te piden una pena de cárcel. Es una situación complicada, te juegas años de tu futuro, pero estaría bien que no parezca que la que fue tu pareja durante unos años ofrecía sexo por dinero y había colaborado con el enemigo. Claro que un juicio es como una guerra y hay que ganar como sea. En la primera jornada del juicio que cuenta con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama como acusados no se habló mucho de compra de mascarillas y sí de las relaciones personales del exministro con su antigua pareja, Jésica Rodríguez, y de la labor de Koldo García como intermediario para todo. La sorpresa saltó cuando los abogados de Ábalos y Koldo mostraron sus cartas con la intención de desacreditar a la exnovia. Y lo hicieron a lo grande para intentar que la joven apareciera como un instrumento de los manejos de Aldama. El juicio por una presunta corrupción económica se convirtió de repente en un tabloide sensacionalista –es cierto que sin demasiados detalles– con titulares escandalosos en forma de preguntas. Esto último quiere decir que los abogados de ambos no presentaron ninguna prueba para sustentar sus alegaciones. Fue Marino Turiel, defensor de Ábalos, el que abrió fuego. En primer lugar, intentó con varias preguntas sugerir que Jésica conocía con anterioridad al comisionista Aldama, que se presenta como gran ariete contra el Gobierno y específicamente contra Ábalos. La joven ya había dejado claro a preguntas anteriores que nunca conoció personalmente a Aldama. Fue entonces cuando Turiel subió la presión: “¿No es cierto que usted es una captación que realiza el señor Aldama en provecho del señor Ábalos?”. La conspiración empezaba a tormar forma. De inmediato soltó la bomba con una acusación directa: “¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?”. El letrado de la acusación popular intervino para protestar. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, hizo lo propio para pedir que se reformulara la pregunta sin llegar a decir si le parecía apropiada o no. Puestos a reformular, el abogado del exministro volvió a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. “¿Su profesión tiene que ver con el intercambio de relaciones sexuales?”. No le pareció un cambio suficiente al juez Arrieta, pero Jésica Rodríguez se adelantó sin ponerse nerviosa: “Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada”. Resultaba inaudito que la persona a la que Ábalos ha presentado siempre como su novia –o amante, porque por entonces aún estaba casado con la que era su tercera mujer–, una persona con la que tenía una relación sentimental normal, apareciera como una prostituta o, algo peor, una Mata Hari de bolsillo infiltrada para seducir a un importante político que controlaba el presupuesto del Ministerio de Transportes. No cabe duda de que Ábalos y su ayudante para todo han cambiado de estrategia jurídica una vez comenzado el juicio. Esto raramente suele funcionar, en especial si no cuentas con una prueba mágica que aparece de repente, como en las películas, y desbarata la estrategia de la acusación. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intervino después. Su labor, evidentemente coordinada con el defensor de Ábalos, no consistió esta vez en acusar a Jésica de ser una puta, pero sí en volver a insinuar sus relaciones con Aldama. Le preguntó si había hablado con alguien durante la comida. La joven había sido convocada para declarar por la mañana, pero la sesión se prolongó y su intervención tuvo que aplazarse hasta las 15.30. Para negarlo, Jésica Rodríguez contó que nadie le había ofrecido ni una botella de agua en la espera y que en el receso para comer sólo había bajado para sacar una bolsa de frutos secos de la máquina. “Luego, he pasado dos horas en un banco”. En el colmo de la provocación, De la Hoz saltó poco después con varios comentarios que estaban fuera de lugar. Hizo una pregunta que casi sonaba a cachondeo, si “conocía el término 'excusatio non petita, accusatio manifesta'”. El magistrado Arrieta la frenó en seco. La abogada siguió en esa línea. “Tiene usted dotes adivinatorias”, dijo a la testigo. Cuando Jésica volvió a afirmar que no conoce de nada a Aldama, la abogada comentó: “Muy curioso”. Ya no se trataba ni de hacer preguntas. Antes, Jésica Rodríguez dijo que tuvo relaciones sentimentales con Ábalos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Lo dejó cuando el exministro le dijo que no se iba a divorciar de su mujer mientras estuviera en política. Para compensarle, Ábalos le dejó quedarse en un apartamento en Madrid cuyo alquiler costaba 2.500 euros al mes. Lo pagó hasta finales de 2021 Luis Alberto Escolano, socio de Aldama. Ella dijo que al final era Ábalos quien lo costeaba, lo que no parece cierto. En un periodo anterior de cuatro meses, Escolano dejó de pagar. Jésica dijo que Koldo García lo costeó. Escolano lo negó y dijo que pidió a su mujer que lo hiciera. Por entonces, la joven dependía económicamente de Ábalos. Era estudiante universitaria hasta que el exministro le consiguió un trabajo en la empresa pública Ineco. Un empleo de auxiliar administrativa no muy exigente, porque se limitaba a hacer lo que le encargaba Joseba García, hermano de Koldo. El fiscal le preguntó por María Dolores Tapia y ella dijo que no la conocía. “Era su superiora en Ineco. Bueno, no tiene que recordarla si no trabajaba”. No hubo casi nada en su testimonio que beneficiara claramente a Ábalos y Koldo. Se confirmó que había recibido favores económicos del exministro por ser su pareja en forma de un apartamento de lujo y un empleo que no le obligaba a nada. Los dos acusados lo tendrán difícil para probar que todo eso lo pagaron con sus ingresos. Ahora las preguntas de sus abogados revelan que van a ofrecer al tribunal una conspiración en que la joven novia era una espía colocada por Aldama. Suena excitante como parte de la trama de una película, aunque está por ver cuántos aficionados al cine negro hay en el Tribunal Supremo.

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Albares dice que España rechazó acudir a las reuniones para desbloquear Ormuz porque apuesta por la "desescalada"
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Albares dice que España rechazó acudir a las reuniones para desbloquear Ormuz porque apuesta por la "desescalada"

"No vamos a participar ni a hacer nada que escale el esfuerzo de guerra en una guerra que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves", asegura el ministro de Exteriores en el Senado Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es crucial para el suministro de petróleo esta guerra. Nosotros estamos en la desescalada y en la negociación”. Así ha explicado este martes José Manuel Albares la ausencia de España en la cumbre convocada por el Reino Unido con líderes internacionales para “evaluar todas las medidas diplomáticas y políticas viales” el bloqueo del estrecho de Ormuz por el conflicto de Irán. La cita se produjo el pasado jueves y fue presidida por la titular de Exteriores británica, Yvette Cooper, y a ella acudieron una cuarentena de países. “Hoy contamos con ministros de Exteriores y representantes de más de 40 países para debatir sobre el estrecho de Ormuz, el impacto del cierre, la urgente necesidad de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional y la firme determinación internacional de lograr la reapertura del estrecho”, manifestó Cooper. Por el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos, pasa una buena parte del suministro global de petróleo, y muchos países buscan restablecer la navegación. A la cita no asistió tampoco Estados Unidos. Sí lo hicieron representantes de Francia, Alemania, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile o Emiratos Árabes Unidos. Esos trabajos han continuado este mismo martes con una reunión técnica, en parte presencial y en parte telemática, para evaluar cómo “mantener la seguridad del transporte marítimo a largo plazo”, lo que incluirá el posible envío de efectivos para la limpieza de minas en ese paso estratégico del golfo Pérsico. Albares ya anticipó el lunes el motivo de la ausencia de España. En una entrevista en TVE, el ministro español de Exteriores dio una respuesta similar. “España decidió no sumarse porque no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra”, aseguró. “No vamos a participar ni a hacer nada que escale el esfuerzo de guerra en una guerra que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves”, añadió. Este martes, Albares ha defendido la posición española contraria a la intervención militar de EE UU e Israel contra Irán. “Nunca España ha tenido una política tan aplaudida por el mundo entero”, ha sostenido el ministro de Exteriores. “Todos nuestros homólogos árabes dicen muy claramente que España está salvando la dignidad de Europa”, ha asegurado. “España y su política exterior están salvando la dignidad de Europa. Por eso tenemos unas relaciones de amistad con Marruecos que ustedes tanto detestan, únicas en nuestra historia, con un récord de comercio internacional. Por eso he hecho un viaje a Argelia en el que se ha garantizado el incremento del suministro de gas. Ustedes que difamaba en Argelia diciendo que nos iban a quitar el gas. Por eso hemos conseguido un tratado sobre Gibraltar que garantiza la esperanza y el futuro de 300.000 andaluces y 15.000 trabajadores que ustedes quieren boicotear. Por eso tenemos el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, que ustedes no votaron a favor”, ha concluido Albares.

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Albares dice que España rechazó acudir a las reuniones para desbloquear Ormuz porque apuesta por la "desescalada"

"No vamos a participar ni a hacer nada que escale el esfuerzo de guerra en una guerra que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves", asegura el ministro de Exteriores en el Senado Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es crucial para el suministro de petróleo esta guerra. Nosotros estamos en la desescalada y en la negociación”. Así ha explicado este martes José Manuel Albares la ausencia de España en la cumbre convocada por el Reino Unido con líderes internacionales para “evaluar todas las medidas diplomáticas y políticas viales” el bloqueo del estrecho de Ormuz por el conflicto de Irán. La cita se produjo el pasado jueves y fue presidida por la titular de Exteriores británica, Yvette Cooper, y a ella acudieron una cuarentena de países. “Hoy contamos con ministros de Exteriores y representantes de más de 40 países para debatir sobre el estrecho de Ormuz, el impacto del cierre, la urgente necesidad de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional y la firme determinación internacional de lograr la reapertura del estrecho”, manifestó Cooper. Por el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos, pasa una buena parte del suministro global de petróleo, y muchos países buscan restablecer la navegación. A la cita no asistió tampoco Estados Unidos. Sí lo hicieron representantes de Francia, Alemania, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile o Emiratos Árabes Unidos. Esos trabajos han continuado este mismo martes con una reunión técnica, en parte presencial y en parte telemática, para evaluar cómo “mantener la seguridad del transporte marítimo a largo plazo”, lo que incluirá el posible envío de efectivos para la limpieza de minas en ese paso estratégico del golfo Pérsico. Albares ya anticipó el lunes el motivo de la ausencia de España. En una entrevista en TVE, el ministro español de Exteriores dio una respuesta similar. “España decidió no sumarse porque no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra”, aseguró. “No vamos a participar ni a hacer nada que escale el esfuerzo de guerra en una guerra que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves”, añadió. Este martes, Albares ha defendido la posición española contraria a la intervención militar de EE UU e Israel contra Irán. “Nunca España ha tenido una política tan aplaudida por el mundo entero”, ha sostenido el ministro de Exteriores. “Todos nuestros homólogos árabes dicen muy claramente que España está salvando la dignidad de Europa”, ha asegurado. “España y su política exterior están salvando la dignidad de Europa. Por eso tenemos unas relaciones de amistad con Marruecos que ustedes tanto detestan, únicas en nuestra historia, con un récord de comercio internacional. Por eso he hecho un viaje a Argelia en el que se ha garantizado el incremento del suministro de gas. Ustedes que difamaba en Argelia diciendo que nos iban a quitar el gas. Por eso hemos conseguido un tratado sobre Gibraltar que garantiza la esperanza y el futuro de 300.000 andaluces y 15.000 trabajadores que ustedes quieren boicotear. Por eso tenemos el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, que ustedes no votaron a favor”, ha concluido Albares.

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La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar
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La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar

Jésica Rodríguez afirma que el exministro se sentía “culpable” porque no cumplió las “promesas” que le había hecho y que por eso siguió pagando sus gastos cuando acabó su relación El hijo de Ábalos niega ser el “custodio” del dinero de su padre: “Lo que le he dado es de mis ingresos” Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, ha asegurado ante los magistrados del Tribunal Supremo que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, ha aseverado. Su contratación en un ente dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y otro de la SEPI es uno de los elementos sobre los que pivota la acusación contra el exministro. Según la investigación, el exasesor Koldo García, siguiendo instrucciones directas de Ábalos, presionó a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que fuera contratada en esas dos empresas públicas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Durante el interrogatorio, Jésica Rodríguez ha admitido que fue contratada en Ineco después de que se lo recomendara el político para que “cotizara algo” mientras estudiaba: “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada”. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado sobre detalles de ese contrato en la empresa tecnológica y ella ha explicado que Koldo García le indicó que debía estar siempre a las órdenes de su hermano, Joseba García. “Tuve una reunión con Joseba en Chamartín, me enseñó la oficina, nos tomamos un café, le dije que si necesitaba ayuda, dijo que no y me fui a casa”, ha recordado para luego añadir que en realidad no fue a la entrevista a la que le citaron en Ineco para pasar la selección porque con anterioridad ya había mantenido otra en la que estuvo presente Koldo García y “un señor”. Además, ha confirmado, como hizo durante su declaración en la fase de instrucción, que si bien el contrato era en Ineco, ella “no trabajaba en Ineco” y ha recordado que sólo rellenó algún parte de asistencia. “Hubo una vez que como habíamos empezado la jornada de verano yo seguí poniendo horas porque nadie me dijo que habíamos cambiado de jornada”. Sobre su trabajo en la segunda empresa pública, Tragsatec, ha lamentado no recordar nada: “No conocía a nadie y el cargo era el mismo, trabajar para el señor Joseba”, ha explicado ante lo que ha señalado Luzón que en esa empresa no trabajaba Joseba García. “De Tragsatec es que no recuerdo nada”, ha apuntado excusándose en el momento vital que vivía. “¿Cobraba y no iba a trabajar?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer”, ha respondido la testigo. Este martes también han declarado en calidad de testigos dos personas que tuvieron vinculación con esa empresa pública. La primera de ellas, Virginia Barbancho, responsable encargada de controlar en 2021 si Jésica Rodríguez fichaba en Tragsatec, ha explicado que cuando vio que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Ha confirmado así lo que ya mantuvo durante su declaración en instrucción, que se percató de que ella no trabajaba y que le conminaron a que no interviniera, algo que nunca le había pasado antes. A preguntas del fiscal ha explicado que ella también intervino en el proceso de contratación de Jésica Rodríguez en esa empresa y que cuando le pusieron sobre la mesa ese nombre por parte de Adif, le advirtieron de que era la sobrina de un asesor del ministro llamado Koldo. A ella eso no le importó dado que cumplía con los requisitos exigidos. Pero las alarmas saltaron cuando una vez ya dentro, le comenta el representante de Adif —empresa cliente para la que se contrataba—, Ignacio Zaldívar, que era sobrina del ministro. “Y ahí es cuando empiezo a preocuparme porque recordaba que me había dicho que era sobrina del asesor. Un mes después me dice que del ministro, y o Jésica tiene muchos tíos o yo no entendía nada”, ha comentado. En su relato de hechos ha añadido que también trasladó al cliente Adif que esa persona no trabajaba y que le respondieron que desde la Presidencia de Adif, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, le insistieron en que la dejara de molestar. Por su parte, Alberto Fernández Blasco, quien fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec ha señalado que en el contrato de Jésica Rodríguez -pareja del exministro José Luis Ábalos- para esa empresa pública el fallo no fue que fichara o no durante su teletrabajo, sino que ese problema detectado no se escaló debidamente a los superiores y que nadie controló o monitorizó su día a día. Así se ha pronunciado a preguntas de la defensa de Koldo García que quería saber si funcionó adecuadamente el código ético de esa empresa para poner el foco en que Tragsatec podría ser responsable penalmente en el asunto. Ha explicado que, si bien no era habitual que se contratara a personal proveniente de Ineco (otra empresa en la que fue presuntamente ‘enchufada’) en su caso el procedimiento cumplió con los requisitos. El alquiler de lujo en el centro de Madrid Por otro lado, la mujer ha revelado que Ábalos siguió pagando sus gastos tiempo después de que su relación se hubiera acabado. Según su testimonio, el exministro “se sentía culpable” porque le hizo cambiar su “estilo de vida” y “no cumplió las promesas” de divorciarse que le había hecho y que por eso permitió que se quedara en el piso de lujo en el centro de Madrid que pagaba el empresario Víctor de Aldama a pesar de que la relación entre ambos se había acabado. “Creo que él se sentía culpable porque me hizo cambiar mi estilo de vida cuando era feliz y no cumplió las promesas que me había hecho. Se sintió como en deuda, yo pienso, y por eso me dejó en el piso, pero nada más”, ha dicho la mujer a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según Jésica Rodríguez la relación se acabó en noviembre de 2019 porque él iba a continuar en su “vida paralela” y ella “no estaba dispuesta”. Las pesquisas han acreditado que el empresario Víctor Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Lo hizo a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano, y de empresas de éste. El inmueble es un apartamento de lujo situado en el centro de Madrid por el que se pagaban 2.700 euros al mes. En la sesión de este martes también ha comparecido como testigo el propio Escolano, que ha reconocido que hizo esos pagos y que no le pareció “nada extraño” que el comisionista se lo pidiera. Ante el tribunal, Escolano ha afirmado que Aldama no le dio ninguna explicación sobre por qué tenía que abonar ese alquiler y que él tampoco se las pidió. “Es mi amigo, mi hermano, mi mejor cliente, pero sé dónde está la línea de la confianza porque no me gusta ser cotilla”, ha aseverado. Jésica Rodríguez: “No soy una inoportuna haciendo preguntas” “¿Por qué le pagaba Escolano su piso?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Igual que Koldo me pagó el móvil, Escolano era el tercer peldaño que me pagaba el piso”, ha respondido Jésica Rodríguez. “¿No le importaba de donde venía el dinero?”, ha insistido el abogado. “Nunca se me ha ocurrido ser una inoportuna haciendo esas preguntas”, ha reiterado la testigo. Tras reconocer esos pagos, el abogado le ha preguntado si en realidad era una prostituta que era pagada por el entorno de Aldama, pero el tribunal ha cortado esa pregunta al entender que no se había hecho de manera correcta. “Jésica, ¿su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo?”, ha repreguntado el letrado, a lo que ha contestado: “No, soy dentista y estoy colegiada”. Tras esto, el abogado de Ábalos ha insistido en ese asunto preguntando si en 2019, cuando estudiaba, se dedicaba a eso, y ella ha puntualizado que entonces era “azafata de imagen”.

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La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar

Jésica Rodríguez afirma que el exministro se sentía “culpable” porque no cumplió las “promesas” que le había hecho y que por eso siguió pagando sus gastos cuando acabó su relación El hijo de Ábalos niega ser el “custodio” del dinero de su padre: “Lo que le he dado es de mis ingresos” Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, ha asegurado ante los magistrados del Tribunal Supremo que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, ha aseverado. Su contratación en un ente dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y otro de la SEPI es uno de los elementos sobre los que pivota la acusación contra el exministro. Según la investigación, el exasesor Koldo García, siguiendo instrucciones directas de Ábalos, presionó a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que fuera contratada en esas dos empresas públicas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021.  Durante el interrogatorio, Jésica Rodríguez ha admitido que fue contratada en Ineco después de que se lo recomendara el político para que “cotizara algo” mientras estudiaba: “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada”. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado sobre detalles de ese contrato en la empresa tecnológica y ella ha explicado que Koldo García le indicó que debía estar siempre a las órdenes de su hermano, Joseba García. “Tuve una reunión con Joseba en Chamartín, me enseñó la oficina, nos tomamos un café, le dije que si necesitaba ayuda, dijo que no y me fui a casa”, ha recordado para luego añadir que en realidad no fue a la entrevista a la que le citaron en Ineco para pasar la selección porque con anterioridad ya había mantenido otra en la que estuvo presente Koldo García y “un señor”. Además, ha confirmado, como hizo durante su declaración en la fase de instrucción, que si bien el contrato era en Ineco, ella “no trabajaba en Ineco” y ha recordado que sólo rellenó algún parte de asistencia. “Hubo una vez que como habíamos empezado la jornada de verano yo seguí poniendo horas porque nadie me dijo que habíamos cambiado de jornada”. Sobre su trabajo en la segunda empresa pública, Tragsatec, ha lamentado no recordar nada: “No conocía a nadie y el cargo era el mismo, trabajar para el señor Joseba”, ha explicado ante lo que ha señalado Luzón que en esa empresa no trabajaba Joseba García. “De Tragsatec es que no recuerdo nada”, ha apuntado excusándose en el momento vital que vivía. “¿Cobraba y no iba a trabajar?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer”, ha respondido la testigo. Este martes también han declarado en calidad de testigos dos personas que tuvieron vinculación con esa empresa pública. La primera de ellas, Virginia Barbancho, responsable encargada de controlar en 2021 si Jésica Rodríguez fichaba en Tragsatec, ha explicado que cuando vio que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Ha confirmado así lo que ya mantuvo durante su declaración en instrucción, que se percató de que ella no trabajaba y que le conminaron a que no interviniera, algo que nunca le había pasado antes. A preguntas del fiscal ha explicado que ella también intervino en el proceso de contratación de Jésica Rodríguez en esa empresa y que cuando le pusieron sobre la mesa ese nombre por parte de Adif, le advirtieron de que era la sobrina de un asesor del ministro llamado Koldo. A ella eso no le importó dado que cumplía con los requisitos exigidos. Pero las alarmas saltaron cuando una vez ya dentro, le comenta el representante de Adif —empresa cliente para la que se contrataba—, Ignacio Zaldívar, que era sobrina del ministro. “Y ahí es cuando empiezo a preocuparme porque recordaba que me había dicho que era sobrina del asesor. Un mes después me dice que del ministro, y o Jésica tiene muchos tíos o yo no entendía nada”, ha comentado. En su relato de hechos ha añadido que también trasladó al cliente Adif que esa persona no trabajaba y que le respondieron que desde la Presidencia de Adif, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, le insistieron en que la dejara de molestar. Por su parte, Alberto Fernández Blasco, quien fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec ha señalado que en el contrato de Jésica Rodríguez -pareja del exministro José Luis Ábalos- para esa empresa pública el fallo no fue que fichara o no durante su teletrabajo, sino que ese problema detectado no se escaló debidamente a los superiores y que nadie controló o monitorizó su día a día. Así se ha pronunciado a preguntas de la defensa de Koldo García que quería saber si funcionó adecuadamente el código ético de esa empresa para poner el foco en que Tragsatec podría ser responsable penalmente en el asunto. Ha explicado que, si bien no era habitual que se contratara a personal proveniente de Ineco (otra empresa en la que fue presuntamente ‘enchufada’) en su caso el procedimiento cumplió con los requisitos. El alquiler de lujo en el centro de Madrid Por otro lado, la mujer ha revelado que Ábalos siguió pagando sus gastos tiempo después de que su relación se hubiera acabado. Según su testimonio, el exministro “se sentía culpable” porque le hizo cambiar su “estilo de vida” y “no cumplió las promesas” de divorciarse que le había hecho y que por eso permitió que se quedara en el piso de lujo en el centro de Madrid que pagaba el empresario Víctor de Aldama a pesar de que la relación entre ambos se había acabado.  “Creo que él se sentía culpable porque me hizo cambiar mi estilo de vida cuando era feliz y no cumplió las promesas que me había hecho. Se sintió como en deuda, yo pienso, y por eso me dejó en el piso, pero nada más”, ha dicho la mujer a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según Jésica Rodríguez la relación se acabó en noviembre de 2019 porque él iba a continuar en su “vida paralela” y ella “no estaba dispuesta”.  Las pesquisas han acreditado que el empresario Víctor Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Lo hizo a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano, y de empresas de éste. El inmueble es un apartamento de lujo situado en el centro de Madrid por el que se pagaban 2.700 euros al mes. En la sesión de este martes también ha comparecido como testigo el propio Escolano, que ha reconocido que hizo esos pagos y que no le pareció “nada extraño” que el comisionista se lo pidiera. Ante el tribunal, Escolano ha afirmado que Aldama no le dio ninguna explicación sobre por qué tenía que abonar ese alquiler y que él tampoco se las pidió. “Es mi amigo, mi hermano, mi mejor cliente, pero sé dónde está la línea de la confianza porque no me gusta ser cotilla”, ha aseverado. Jésica Rodríguez: “No soy una inoportuna haciendo preguntas” “¿Por qué le pagaba Escolano su piso?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Igual que Koldo me pagó el móvil, Escolano era el tercer peldaño que me pagaba el piso”, ha respondido Jésica Rodríguez. “¿No le importaba de donde venía el dinero?”, ha insistido el abogado. “Nunca se me ha ocurrido ser una inoportuna haciendo esas preguntas”, ha reiterado la testigo. Tras reconocer esos pagos, el abogado le ha preguntado si en realidad era una prostituta que era pagada por el entorno de Aldama, pero el tribunal ha cortado esa pregunta al entender que no se había hecho de manera correcta. “Jésica, ¿su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo?”, ha repreguntado el letrado, a lo que ha contestado: “No, soy dentista y estoy colegiada”. Tras esto, el abogado de Ábalos ha insistido en ese asunto preguntando si en 2019, cuando estudiaba, se dedicaba a eso, y ella ha puntualizado que entonces era “azafata de imagen”.

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Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"
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Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"

Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo y provocó que recibiera amenazas Una jueza imputa a Vito Quiles por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica En su querella, Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas.  El agitador ha contestado a las preguntas de todas las partes y ha sostenido que vertió una crítica sobre la máxima dirigente de Red Eléctrica porque permaneció en su casa en días posteriores al apagón y cree que es la responsable de ese incidente y “de la muertes que provocó”. Su letrado, Juan Gonzalo Ospina, ha dicho que Quiles lo hizo por afán periodístico y sin especificar “ningún dato de carácter íntimo de la misma”. Recientemente esta defensa ha aportado al juzgado documentos en los que “se demuestra que fueron vecinos de la señora Corredor los que informaron a Vito Quiles de que la misma no había salido el domicilio”. Por su parte Vito Quiles ha afirmado que es inocente y que se limitó a ejercer su trabajo como periodista porque la presidenta de Red Eléctrica Española “era responsable del apagón y de alguna manera no estaba asumiendo sus obligaciones como el cargo público que es”, y por el que cobra más de medio millón al año. En la querella presentada por los letrados de Beatriz Corredor se relata cómo Quiles publicó varios mensajes en la red social X y en su canal de Telegram (el 30 de abril y el 3 de mayo de 2025). En el primero de ellos criticaba que la presidenta de Red Eléctrica no acudía a su puesto de trabajo “pese a la magnitud de la crisis energética que enfrenta España”, en referencia al apagón ocurrido días antes, e incluía el nombre de la calle en la que residía. En otro mensaje criticaba que Corredor contratara “con fondos públicos” vigilantes de seguridad para “blindar” su calle, cuyo nombre repetía, según la querella, que sostiene que Quiles cometió acoso por “la vigilancia” y “persecución” que realizó junto al domicilio familiar de la exministra, cuya ubicación desveló “con el evidente ánimo de que sus seguidores dirijan frente a la Sra. Corredor una constante campaña de acoso y hostigamiento”.

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Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"

Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo y provocó que recibiera amenazas Una jueza imputa a Vito Quiles por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica En su querella, Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. El agitador ha contestado a las preguntas de todas las partes y ha sostenido que vertió una crítica sobre la máxima dirigente de Red Eléctrica porque permaneció en su casa en días posteriores al apagón y cree que es la responsable de ese incidente y “de la muertes que provocó”. Su letrado, Juan Gonzalo Ospina, ha dicho que Quiles lo hizo por afán periodístico y sin especificar “ningún dato de carácter íntimo de la misma”. Recientemente esta defensa ha aportado al juzgado documentos en los que “se demuestra que fueron vecinos de la señora Corredor los que informaron a Vito Quiles de que la misma no había salido el domicilio”. Por su parte Vito Quiles ha afirmado que es inocente y que se limitó a ejercer su trabajo como periodista porque la presidenta de Red Eléctrica Española “era responsable del apagón y de alguna manera no estaba asumiendo sus obligaciones como el cargo público que es”, y por el que cobra más de medio millón al año. En la querella presentada por los letrados de Beatriz Corredor se relata cómo Quiles publicó varios mensajes en la red social X y en su canal de Telegram (el 30 de abril y el 3 de mayo de 2025). En el primero de ellos criticaba que la presidenta de Red Eléctrica no acudía a su puesto de trabajo “pese a la magnitud de la crisis energética que enfrenta España”, en referencia al apagón ocurrido días antes, e incluía el nombre de la calle en la que residía. En otro mensaje criticaba que Corredor contratara “con fondos públicos” vigilantes de seguridad para “blindar” su calle, cuyo nombre repetía, según la querella, que sostiene que Quiles cometió acoso por “la vigilancia” y “persecución” que realizó junto al domicilio familiar de la exministra, cuya ubicación desveló “con el evidente ánimo de que sus seguidores dirijan frente a la Sra. Corredor una constante campaña de acoso y hostigamiento”.

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El hijo de Ábalos niega ser el “custodio” del dinero de su padre: "Lo que le he dado es de mis ingresos”
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El hijo de Ábalos niega ser el “custodio” del dinero de su padre: "Lo que le he dado es de mis ingresos”

Víctor Ábalos afirma en la primera sesión del juicio que las alusiones al "café" en sus conversaciones interceptadas no son un lenguaje "en clave" y defiende que se refería a los granos que traía de Colombia 'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas han escuchado en esta primera sesión a uno de sus hijos, Víctor Ábalos. Durante el interrogatorio, ha negado ser el “custodio” del dinero que la trama puso supuestamente a disposición de su padre, tal y como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Le he ido facilitando a mi padre dinero cuando lo ha necesitado. Mi padre nunca ha necesitado ayuda, pero cuando se divorció su situación cambia. Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria”, ha aseverado. La investigación ha acreditado que entre 2022 y 2024, transfirió 23.379,10 euros a las cuentas de su padre. Ante el tribunal, Víctor Ábalos ha afirmado que la mayor parte de ese dinero —20.000 euros— fue un “préstamo personal, con trazabilidad bancaria y con un contrato elevado a público”. “Nada opaco”, ha insistido. Además, una de sus sociedades pagó a su padre entre 2021 y 2022 32.640 euros en concepto de alquiler por una vivienda en Madrid, tal y como ha reconocido ante el tribunal. Víctor Ábalos también ha negado que empleara líneas seguras para sus comunicaciones con Koldo García, a las se referirían utilizando la palabra clave “café”. El testigo ha dicho que cuando pronunciaban esa palabra se referían al “café” que él traía de Colombia, donde desempeñaba su trayectoria profesional. El hijo del exministro se ha referido, asimismo, al lujoso piso situado en el Paseo de la Castellana de Madrid que, según Aldama, era una garantía para su padre en el caso de que fallaran las mordidas pactadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes. La vivienda, propiedad de Aldama, estaba valorada en 1,9 millones de euros, pero el comisionista firmó con el exministro un contrato de alquiler con derecho a compra que fijaba una renta anual de 30.000 euros y un precio de adquisición de 750.000 euros. Durante la investigación, el exministro ha defendido que ni ocupó el inmueble ni pagó renta alguna precisamente porque el inmueble estaba ocupado. Es la misma versión que ha mantenido este martes su hijo, que ha mantenido que se trató de una “estafa”. Su versión contradice a la de la mujer, que en su declaración durante la investigación reconoció que había cobrado un sueldo de dos empresas públicas a pesar de que nunca acudió a su puesto de trabajo ni realizó actividad laboral alguna, salvo un curso inicial de riesgos laborales. Y que, a pesar de ello, cobró más de 43.000 euros en salarios públicos.  Además, Joseba García ha indicado que la ayudaba con trámites administrativos como rellenar partes, anotar sus días de vacaciones, el uso de cheques gourmet y que, incluso, le hizo favores personales como cuidarle el gato cuando ella estaba de viaje. Además ha comentado que, contrariamente a lo que sostuvo en instrucción Aldama, el comisionista sí que conoció a la entonces pareja de Ábalos porque les vio en dos ocasiones juntos y que, de hecho, él mismo recibió un sobre con 400 euros de manos del empresario para que se los diera a Jésica Rodríguez. Más allá de esto, sobre los dos viajes a Republicana Dominicana que realizó y que constan en la causa como supuestos viajes relámpagos para recibir dinero de empresas vinculadas a Aldama, Joseba García ha reconocido que, si bien él viajó para conocer a la que es ahora su pareja y por atar un negocio relacionado con la pitaya, también le hizo el favor a Aldama de recoger un sobre en el que él creía que había documentación. A preguntas de la defensa de Koldo García, su hermano también ha tratado de justificar el incremento en su patrimonio sin justificar que reflejan los informes de la UCO. Ha insistido en que ese incremento se debe a su empleo —cobraba 70.000 euros al año—, a una pensión, una indemnización por accidente y algunas operaciones inmobiliarias que llevó a cabo hipotecándose. Joseba García también ha admitido que acudió hasta en dos ocasiones a la sede federal del PSOE en Madrid a recoger sobres con dinero procedentes de las liquidaciones de gastos que su hermano y José Luis Ábalos, que en ese momento era Secretario de Organización, pasaban al partido. Según su relato, allí se encontraba con la trabajadora del PSOE Celia Rodríguez quien le facilitaba los sobres. Supo que era dinero porque ella cerraba los sobres delante de él antes de entregárselos. No obstante, Joseba García no ha especificado de qué cuantía eran los billetes. “Yo no abro los sobres de nadie. Los cojo y creo que se los entregué a Patricia [Uriz]”, ha afirmado. En ese momento, Patricia Uriz era secretaria de Ábalos en el Ministerio.

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El hijo de Ábalos niega ser el “custodio” del dinero de su padre: "Lo que le he dado es de mis ingresos”
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El hijo de Ábalos niega ser el “custodio” del dinero de su padre: "Lo que le he dado es de mis ingresos”

Víctor Ábalos afirma en la primera sesión del juicio que las alusiones al "café" en sus conversaciones interceptadas no son un lenguaje "en clave" y defiende que se refería a los granos que traía de Colombia 'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas han escuchado en esta primera sesión a uno de sus hijos, Víctor Ábalos. Durante el interrogatorio, ha negado ser el “custodio” del dinero que la trama puso supuestamente a disposición de su padre, tal y como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Le he ido facilitando a mi padre dinero cuando lo ha necesitado. Mi padre nunca ha necesitado ayuda, pero cuando se divorció su situación cambia. Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria”, ha aseverado. La investigación ha acreditado que entre 2022 y 2024, transfirió 23.379,10 euros a las cuentas de su padre. Ante el tribunal, Víctor Ábalos ha afirmado que la mayor parte de ese dinero —20.000 euros— fue un “préstamo personal, con trazabilidad bancaria y con un contrato elevado a público”. “Nada opaco”, ha insistido. Además, una de sus sociedades pagó a su padre entre 2021 y 2022 32.640 euros en concepto de alquiler por una vivienda en Madrid, tal y como ha reconocido ante el tribunal. Víctor Ábalos también ha negado que empleara líneas seguras para sus comunicaciones con Koldo García, a las se referirían utilizando la palabra clave “café”. El testigo ha dicho que cuando pronunciaban esa palabra se referían al “café” que él traía de Colombia, donde desempeñaba su trayectoria profesional. El hijo del exministro se ha referido, asimismo, al lujoso piso situado en el Paseo de la Castellana de Madrid que, según Aldama, era una garantía para su padre en el caso de que fallaran las mordidas pactadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes. La vivienda, propiedad de Aldama, estaba valorada en 1,9 millones de euros, pero el comisionista firmó con el exministro un contrato de alquiler con derecho a compra que fijaba una renta anual de 30.000 euros y un precio de adquisición de 750.000 euros. Durante la investigación, el exministro ha defendido que ni ocupó el inmueble ni pagó renta alguna precisamente porque el inmueble estaba ocupado. Es la misma versión que ha mantenido este martes su hijo, que ha mantenido que se trató de una “estafa”. Su versión contradice a la de la mujer, que en su declaración durante la investigación reconoció que había cobrado un sueldo de dos empresas públicas a pesar de que nunca acudió a su puesto de trabajo ni realizó actividad laboral alguna, salvo un curso inicial de riesgos laborales. Y que, a pesar de ello, cobró más de 43.000 euros en salarios públicos. Además, Joseba García ha indicado que la ayudaba con trámites administrativos como rellenar partes, anotar sus días de vacaciones, el uso de cheques gourmet y que, incluso, le hizo favores personales como cuidarle el gato cuando ella estaba de viaje. Además ha comentado que, contrariamente a lo que sostuvo en instrucción Aldama, el comisionista sí que conoció a la entonces pareja de Ábalos porque les vio en dos ocasiones juntos y que, de hecho, él mismo recibió un sobre con 400 euros de manos del empresario para que se los diera a Jésica Rodríguez. Más allá de esto, sobre los dos viajes a Republicana Dominicana que realizó y que constan en la causa como supuestos viajes relámpagos para recibir dinero de empresas vinculadas a Aldama, Joseba García ha reconocido que, si bien él viajó para conocer a la que es ahora su pareja y por atar un negocio relacionado con la pitaya, también le hizo el favor a Aldama de recoger un sobre en el que él creía que había documentación. A preguntas de la defensa de Koldo García, su hermano también ha tratado de justificar el incremento en su patrimonio sin justificar que reflejan los informes de la UCO. Ha insistido en que ese incremento se debe a su empleo —cobraba 70.000 euros al año—, a una pensión, una indemnización por accidente y algunas operaciones inmobiliarias que llevó a cabo hipotecándose. Joseba García también ha admitido que acudió hasta en dos ocasiones a la sede federal del PSOE en Madrid a recoger sobres con dinero procedentes de las liquidaciones de gastos que su hermano y José Luis Ábalos, que en ese momento era Secretario de Organización, pasaban al partido. Según su relato, allí se encontraba con la trabajadora del PSOE Celia Rodríguez quien le facilitaba los sobres. Supo que era dinero porque ella cerraba los sobres delante de él antes de entregárselos. No obstante, Joseba García no ha especificado de qué cuantía eran los billetes. “Yo no abro los sobres de nadie. Los cojo y creo que se los entregué a Patricia [Uriz]”, ha afirmado. En ese momento, Patricia Uriz era secretaria de Ábalos en el Ministerio.

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El tribunal de Kitchen rechaza investigar a Cospedal y al PP porque esa decisión correspondió al juez del caso
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El tribunal de Kitchen rechaza investigar a Cospedal y al PP porque esa decisión correspondió al juez del caso

Los magistrados de la Sección Cuarta también tumban la petición de las defensas de anular el juicio y enviar la causa a un juzgado ordinario. Argumentan su negativa en que Kitchen es un encargo más a Villarejo y debe ser juzgado por la Audiencia Nacional La Fiscalía se opone a que Cospedal vuelva a ser investigada en Kitchen y que se pida responsabilidad civil al PP tribunal del caso Kitchen no ha esperado a la sentencia para resolver las cuestiones previas planteadas por las partes en la primera y segunda jornada de la vista oral. Los tres magistrados han decidido no retrotraer las actuaciones para poder incluir en el caso como investigada a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, ni al propio partido como responsable civil subsidiario. Alega el tribunal que esa decisión es competencia exclusiva del juzgado y su titular actual, Antonio Piña, desestimó recientemente la petición del PSOE, la misma que los socialistas plantearon este lunes al tribunal de Kitchen. La acusación popular del PSOE alegó un informe de Asuntos Internos que hace casi tres años pidió una valoración al juez de la Audiencia Nacional sobre unos indicios que los socialistas consideran nuevos y sobre los que el magistrado no se había pronunciado. Ese informe aportaba tres audios y en uno de ellos Cospedal admitía a Villarejo que tenía acceso a los informes policiales del caso de la caja B antes que el magistrado del caso, Pablo Ruz. El juez Antonio Piña consideró que no había indicios suficientes para volver a imputar a Cospedal. Este martes, la presidenta del tribunal de Kitchen ha reprochado al PSOE que intente “bordear la decisión del magistrado instructor” y acuda al tribunal en pleno juicio. “Eso no es correcto”, ha zanjado Teresa Palacios. Respecto a la petición de que el PP pase a considerarse beneficiario a título lucrativo de la operación Kitchen –como máximo beneficiario de una operación para sabotear una causa judicial contra el partido–, la presidenta del tribunal ha explicado que esa figura significa que el señalado tiene un beneficio “oneroso”. Esto es, su beneficio se debe poder medir en términos materiales. “No estamos hablando de eso. Más que un beneficio fue un perjuicio a las arcas del Estado”, en relación al desvío de fondos públicos para la operación a través de los gastos reservados. De igual modo, el tribunal ha rechazado no ser competente para juzgar el caso Kitchen, como apuntaban las defensas. Estas alegaban que la carpeta Kitchen fue “un hallazgo casual” y que no había “conexidad” con el resto de encargos al comisario, realizados por particulares, por lo que debía ser investigado y juzgado en un tribunal ordinario. En este punto, los magistrados han asumido el criterio del fiscal Anticorrupción, que en su intervención había recordado que Villarejo sí que recibió un encargo para sabotear el caso Gürtel y una oferta de 15 millones de euros a cambio. Y que ese ofrecimiento es parte de la investigación de Kitchen, lo que asegura la conexidad con el resto de piezas y, por tanto, la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarlo. Al tribunal le “duelen” los retrasos Las defensas también habían recurrido a un motivo de nulidad habitual en estos casos, las dilaciones indebidas. Los hechos juzgados se remontan a 2013 y la investigación comenzó en 2018, hace ocho años. “La dilación no es solo para los acusados también para todos los acusados si se manda a otro tribunal distinto”, ha argumentado Teresa Palacios, en alusión a la petición de los abogados de las defensas que, por una parte, pedían mandar la causa a otro tribunal, con los consiguientes retrasos, y por otra pedían un procedimiento nulo por los que ya ha sufrido. “A los primeros que les duele cuando a la justicia tiene este aquilatamiento temporal es a los propios tribunales. No queremos contribuir a que esto se alargue más. Hace dos años se señaló el juicio y ya tocaba. No ha podido ser antes porque había causas con preso”, ha explicado la magistrada Palacios.

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El tribunal de Kitchen rechaza investigar a Cospedal y al PP porque esa decisión correspondió al juez del caso
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El tribunal de Kitchen rechaza investigar a Cospedal y al PP porque esa decisión correspondió al juez del caso

Los magistrados de la Sección Cuarta también tumban la petición de las defensas de anular el juicio y enviar la causa a un juzgado ordinario. Argumentan su negativa en que Kitchen es un encargo más a Villarejo y debe ser juzgado por la Audiencia Nacional La Fiscalía se opone a que Cospedal vuelva a ser investigada en Kitchen y que se pida responsabilidad civil al PP tribunal del caso Kitchen no ha esperado a la sentencia para resolver las cuestiones previas planteadas por las partes en la primera y segunda jornada de la vista oral. Los tres magistrados han decidido no retrotraer las actuaciones para poder incluir en el caso como investigada a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, ni al propio partido como responsable civil subsidiario. Alega el tribunal que esa decisión es competencia exclusiva del juzgado y su titular actual, Antonio Piña, desestimó recientemente la petición del PSOE, la misma que los socialistas plantearon este lunes al tribunal de Kitchen. La acusación popular del PSOE alegó un informe de Asuntos Internos que hace casi tres años pidió una valoración al juez de la Audiencia Nacional sobre unos indicios que los socialistas consideran nuevos y sobre los que el magistrado no se había pronunciado. Ese informe aportaba tres audios y en uno de ellos Cospedal admitía a Villarejo que tenía acceso a los informes policiales del caso de la caja B antes que el magistrado del caso, Pablo Ruz. El juez Antonio Piña consideró que no había indicios suficientes para volver a imputar a Cospedal. Este martes, la presidenta del tribunal de Kitchen ha reprochado al PSOE que intente “bordear la decisión del magistrado instructor” y acuda al tribunal en pleno juicio. “Eso no es correcto”, ha zanjado Teresa Palacios. Respecto a la petición de que el PP pase a considerarse beneficiario a título lucrativo de la operación Kitchen –como máximo beneficiario de una operación para sabotear una causa judicial contra el partido–, la presidenta del tribunal ha explicado que esa figura significa que el señalado tiene un beneficio “oneroso”. Esto es, su beneficio se debe poder medir en términos materiales. “No estamos hablando de eso. Más que un beneficio fue un perjuicio a las arcas del Estado”, en relación al desvío de fondos públicos para la operación a través de los gastos reservados. De igual modo, el tribunal ha rechazado no ser competente para juzgar el caso Kitchen, como apuntaban las defensas. Estas alegaban que la carpeta Kitchen fue “un hallazgo casual” y que no había “conexidad” con el resto de encargos al comisario, realizados por particulares, por lo que debía ser investigado y juzgado en un tribunal ordinario. En este punto, los magistrados han asumido el criterio del fiscal Anticorrupción, que en su intervención había recordado que Villarejo sí que recibió un encargo para sabotear el caso Gürtel y una oferta de 15 millones de euros a cambio. Y que ese ofrecimiento es parte de la investigación de Kitchen, lo que asegura la conexidad con el resto de piezas y, por tanto, la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarlo. Al tribunal le “duelen” los retrasos Las defensas también habían recurrido a un motivo de nulidad habitual en estos casos, las dilaciones indebidas. Los hechos juzgados se remontan a 2013 y la investigación comenzó en 2018, hace ocho años. “La dilación no es solo para los acusados también para todos los acusados si se manda a otro tribunal distinto”, ha argumentado Teresa Palacios, en alusión a la petición de los abogados de las defensas que, por una parte, pedían mandar la causa a otro tribunal, con los consiguientes retrasos, y por otra pedían un procedimiento nulo por los que ya ha sufrido. “A los primeros que les duele cuando a la justicia tiene este aquilatamiento temporal es a los propios tribunales. No queremos contribuir a que esto se alargue más. Hace dos años se señaló el juicio y ya tocaba. No ha podido ser antes porque había causas con preso”, ha explicado la magistrada Palacios.

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La Fiscalía se opone a que Cospedal vuelva a ser investigada en Kitchen y que se pida responsabilidad civil al PP
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La Fiscalía se opone a que Cospedal vuelva a ser investigada en Kitchen y que se pida responsabilidad civil al PP

El fiscal Anticorrupción César González Rivas argumenta que el tribunal no es competente para decidir sobre los "nuevos indicios" que alega el PSOE y recuerda que no pueden sentarase en el banquillo porque García Castellón les dejó fuera de su último auto El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante “nuevas” pruebas La acusación popular que ejerce el PSOE intentó el lunes que el tribunal le concediera lo que el sucesor de Manuel García Castellón le había negado en el juzgado recientemente: valorar el contenido de un informe de Asuntos Internos que había estado en un cajón dos años y volver a investigar a la ex secretaria general del PP, al propio partido y al ex marido de la primera. En ese informe, Asuntos Internos incluía audios de Villarejo con lo que los socialistas entienden que son “nuevos indicios”. El juez argumentó que algunos de esos indicios ya se conocían y que el resto, como una conversación en la que Cospedal reconoce que tenía los informes policiales de la caja B antes que el juez, no tenían entidad suficiente. “María Dolores de Cospedal y su marido quedaron fuera del de apertura de juicio oral (...) La causa contra ellos se encuentra sobreseída y por tanto el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocar esa situación procesal”, ha defendido González Rivas. Es el mismo argumento que ha utilizado el fiscal para la petición de considerar responsable civil al PP. “Kitchen es un proyecto más de Villarejo” El fiscal ha rebatido también las cuestiones previas de las defensas respecto a la petición de anulidad del juicio porque la Audiencia Nacional no es el tribunal competente. Alegaban las defensas que Kitchen no tiene conexidad con el resto de piezas de la macrocausa Villarejo, que la única relación es que está investigado también el comisario pero que los delitos que se persiguen en esta no son competencia de la Audiencia Nacional. El fiscal ha recordado que Villarejo mantuvo reuniones con un abogado fallecido, Ignacio Peláez, quien le encargó tumbar el caso Gürgel y recibir a cambio 15 millones de euros. El fiscal González Rivas alegó que ese proyecto, que Villarejo bautizó como SMP, fue objeto de la investigación de Kitchen y es lo que conecta este encargo con el resto. El representante del Ministerio Público ha reconocido que García Castellón no lo incluyó en el auto de apertura de juicio oral pero que eso queda subsanado por las referencias incluidas en un escrito que debe ser siempre más detallado, el de la propia Fiscalía. Además, tanto Villarejo como García Castaño, El Gordo, utilizaron Kitchen para tener una coartada con la que justificar el encargo privado llamado SMP y que esto también fue objeto de interrogatorios e informes policiales. En este punto ha recordado cómo Villarejo amenazó con tirar del “menaje de cocina” ante el director de la Policía Ignacio Cosidó. “Fue un elemento de presión para garantizarse la impunidad”, ha dicho el fiscal.

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La Fiscalía se opone a que Cospedal vuelva a ser investigada en Kitchen y que se pida responsabilidad civil al PP
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La Fiscalía se opone a que Cospedal vuelva a ser investigada en Kitchen y que se pida responsabilidad civil al PP

El fiscal Anticorrupción César González Rivas argumenta que el tribunal no es competente para decidir sobre los "nuevos indicios" que alega el PSOE y recuerda que no pueden sentarase en el banquillo porque García Castellón les dejó fuera de su último auto El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante “nuevas” pruebas La acusación popular que ejerce el PSOE intentó el lunes que el tribunal le concediera lo que el sucesor de Manuel García Castellón le había negado en el juzgado recientemente: valorar el contenido de un informe de Asuntos Internos que había estado en un cajón dos años y volver a investigar a la ex secretaria general del PP, al propio partido y al ex marido de la primera. En ese informe, Asuntos Internos incluía audios de Villarejo con lo que los socialistas entienden que son “nuevos indicios”. El juez argumentó que algunos de esos indicios ya se conocían y que el resto, como una conversación en la que Cospedal reconoce que tenía los informes policiales de la caja B antes que el juez, no tenían entidad suficiente. “María Dolores de Cospedal y su marido quedaron fuera del de apertura de juicio oral (...) La causa contra ellos se encuentra sobreseída y por tanto el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocar esa situación procesal”, ha defendido González Rivas. Es el mismo argumento que ha utilizado el fiscal para la petición de considerar responsable civil al PP. “Kitchen es un proyecto más de Villarejo” El fiscal ha rebatido también las cuestiones previas de las defensas respecto a la petición de anulidad del juicio porque la Audiencia Nacional no es el tribunal competente. Alegaban las defensas que Kitchen no tiene conexidad con el resto de piezas de la macrocausa Villarejo, que la única relación es que está investigado también el comisario pero que los delitos que se persiguen en esta no son competencia de la Audiencia Nacional. El fiscal ha recordado que Villarejo mantuvo reuniones con un abogado fallecido, Ignacio Peláez, quien le encargó tumbar el caso Gürgel y recibir a cambio 15 millones de euros. El fiscal González Rivas alegó que ese proyecto, que Villarejo bautizó como SMP, fue objeto de la investigación de Kitchen y es lo que conecta este encargo con el resto. El representante del Ministerio Público ha reconocido que García Castellón no lo incluyó en el auto de apertura de juicio oral pero que eso queda subsanado por las referencias incluidas en un escrito que debe ser siempre más detallado, el de la propia Fiscalía. Además, tanto Villarejo como García Castaño, El Gordo, utilizaron Kitchen para tener una coartada con la que justificar el encargo privado llamado SMP y que esto también fue objeto de interrogatorios e informes policiales. En este punto ha recordado cómo Villarejo amenazó con tirar del “menaje de cocina” ante el director de la Policía Ignacio Cosidó. “Fue un elemento de presión para garantizarse la impunidad”, ha dicho el fiscal.

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Así te hemos contado la actualidad política del 7 de abril de 2026
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Así te hemos contado la actualidad política del 7 de abril de 2026

Hoy ha arrancado el juicio por el caso Ábalos. La causa judicial que analiza el supuesto reparto de mordidas en los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. Su hijo, Víctor Ábalos, ha negado ser “custodio” de dinero procedente del exministro. Un proceso en el que también se sientan en el banquillo su asesor, Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama. Aquí tienes una cronología de este caso. Por otro lado, el otro gran juicio de la semana, el de la operación Kitchen, afronta su segundo día en el que se siguen analizando las cuestiones previas. Durante la primera jornada de constató que la brigada política del PP mantiene prietas las filas y pidieron la nulidad del proceso. Mientras, la dirección actual del partido trata de poner tierra de por medio con el proceso. Puedes seguirlo a continuación en directo: Además, este martes se ha celebrado el Consejo de Ministros. Puedes volver a ver la rueda de prensa posterior al mismo aquí.

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Última hora sobre la actualidad política, en directo
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Hoy ha arrancado el juicio por el caso Ábalos. La causa judicial que analiza el supuesto reparto de mordidas en los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. Su hijo, Víctor Ábalos, ha negado ser “custodio” de dinero procedente del exministro. Un proceso en el que también se sientan en el banquillo su asesor, Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama. Aquí tienes una cronología de este caso. Por otro lado, el otro gran juicio de la semana, el de la operación Kitchen, afronta su segundo día en el que se siguen analizando las cuestiones previas. Durante la primera jornada de constató que la brigada política del PP mantiene prietas las filas y pidieron la nulidad del proceso. Mientras, la dirección actual del partido trata de poner tierra de por medio con el proceso. Puedes seguirlo a continuación en directo: Además, este martes se ha celebrado el Consejo de Ministros. Puedes volver a ver la rueda de prensa posterior al mismo aquí.

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El PP intenta que la gente crea que el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP no tiene nada que ver con el PP
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El PP intenta que la gente crea que el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP no tiene nada que ver con el PP

Quizá Rajoy sea de todos los presidentes el que tuvo el temperamento menos autoritario por su concepción algo cínica del poder. Pero resulta que fue con él cuando la cúpula policial se convirtió en un guardaespaldas corrupto del partido del Gobierno El juicio del caso Kitchen reabre la polémica sobre los fondos reservados 40 años después de los GAL operación Kitchen por parte del Gobierno de Rajoy. Las comisiones por la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Sánchez. En ambos casos, presuntamente. El exministro Jorge Fernández Díaz en un banquillo en la Audiencia Nacional y el exministro José Luis Ábalos en el otro en el Tribunal Supremo. El PP y el PSOE tienen muy claro qué juicio es esencial para la democracia y cuál de los dos no tiene mayor interés. Por todo ello, los dos juicios van a abrir una autopista inmensa para que circule la ironía. Todo lo que en el otro es producto de la maldad intrínseca de los acusados y de sus correligionarios, dirán ambos, en el mío es producto de circunstancias fuera de nuestro control. Quién podría pensar por ejemplo que Fernández Díaz intentaría que no salieran a la luz las maniobras de Luis Bárcenas cuando su cúpula policial se ocupó después de fabricar pruebas con las que hundir la reputación de Podemos y de los independentistas catalanes. El único del que podemos suponer que no estaba metido de lleno en el barro en ese Ministerio era Marcelo, ángel de la guarda del ministro, y sólo porque los personajes de ficción son inimputables. El juicio de la Kitchen comenzó el lunes con las cuestiones previas, que ocuparán varios días. La acusación popular ejercida por el PSOE reclamó que María Dolores de Cospedal sea imputada, que es precisamente lo que el juez de instrucción García Castellón hizo lo posible por impedir. Esa fue una línea de investigación en la que el magistrado no quiso ir muy lejos. “Una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido”, dijo Bárcenas hace unos días en una entrevista en El Mundo. A menos que Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy, decidiera que haría lo posible para librarle y le dijera: tú tranquilo, yo me ocupo de todo. Con o sin conocimiento de los máximos dirigentes, lo que ha provocado este juicio es la existencia de una red de espionaje político destinada en primer lugar a hacerse con las pruebas que podían incriminar o perjudicar al PP de Rajoy y que luego se dirigió contra los rivales del partido. Es algo sin precedentes en la democracia española si no incluimos a los servicios de inteligencia en la ecuación. De todos los presidentes del Gobierno desde 1977, quizá Mariano Rajoy sea el que tuvo el temperamento menos autoritario, entre otras cosas por su concepción algo cínica del poder. Pero resulta que fue con él cuando la cúpula policial se convirtió en un guardaespaldas corrupto del partido del Gobierno. El PP ya tiene preparada una línea de defensa sobre cualquier revelación o posible condena que salga del juicio. “El PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel”. Kitchen forma parte de la historia antigua del partido, de una época que se ha perdido en la noche de los tiempos. La ironía salta a la vista. La dirección actual del partido reivindica orgullosa la gestión del Gobierno de Rajoy y lo ha invitado a muchos de sus mítines y actos públicos. Pero cuando el Ministerio de Interior de ese Gabinete acaba en el banquillo de los acusados como sospechoso de montar una estructura corrupta, todos esos hechos son presentados como algo ajeno al PP. Cuando una periodista preguntó en la rueda de prensa por Rajoy, Bravo respondió que su partido “dejará trabajar a la Justicia” y que no tiene la intención de “hablar de lawfare”. “No soy juez para decir quién es responsable y quién es culpable”, dijo Bravo. Un objetivo entrañable. Nada de avanzar acontecimientos después de una larga instrucción y de centenares de artículos publicados sobre el tema. A diferencia de los casos de Koldo García y Ábalos, de Begoña Gómez y de David Sánchez. En todos ellos, el PP lo sabe todo sobre lo que pasó, sostiene que Pedro Sánchez estaba enterado de todo –aunque no haya sido investigado en ninguno de esos casos– y ya ha emitido su sentencia. Todos son culpables y Sánchez es el más culpable de todos. Por el juicio pasarán para declarar como testigos Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido y Javier Arenas. No por nada en especial. Es sólo que pasaban por ahí y de vez en cuando saludaban a Fernández Díaz.

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El PP intenta que la gente crea que el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP no tiene nada que ver con el PP
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El PP intenta que la gente crea que el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP no tiene nada que ver con el PP

Quizá Rajoy sea de todos los presidentes el que tuvo el temperamento menos autoritario por su concepción algo cínica del poder. Pero resulta que fue con él cuando la cúpula policial se convirtió en un guardaespaldas corrupto del partido del Gobierno El juicio del caso Kitchen reabre la polémica sobre los fondos reservados 40 años después de los GAL operación Kitchen por parte del Gobierno de Rajoy. Las comisiones por la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Sánchez. En ambos casos, presuntamente. El exministro Jorge Fernández Díaz en un banquillo en la Audiencia Nacional y el exministro José Luis Ábalos en el otro en el Tribunal Supremo. El PP y el PSOE tienen muy claro qué juicio es esencial para la democracia y cuál de los dos no tiene mayor interés. Por todo ello, los dos juicios van a abrir una autopista inmensa para que circule la ironía. Todo lo que en el otro es producto de la maldad intrínseca de los acusados y de sus correligionarios, dirán ambos, en el mío es producto de circunstancias fuera de nuestro control. Quién podría pensar por ejemplo que Fernández Díaz intentaría que no salieran a la luz las maniobras de Luis Bárcenas cuando su cúpula policial se ocupó después de fabricar pruebas con las que hundir la reputación de Podemos y de los independentistas catalanes. El único del que podemos suponer que no estaba metido de lleno en el barro en ese Ministerio era Marcelo, ángel de la guarda del ministro, y sólo porque los personajes de ficción son inimputables. El juicio de la Kitchen comenzó el lunes con las cuestiones previas, que ocuparán varios días. La acusación popular ejercida por el PSOE reclamó que María Dolores de Cospedal sea imputada, que es precisamente lo que el juez de instrucción García Castellón hizo lo posible por impedir. Esa fue una línea de investigación en la que el magistrado no quiso ir muy lejos. “Una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido”, dijo Bárcenas hace unos días en una entrevista en El Mundo. A menos que Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy, decidiera que haría lo posible para librarle y le dijera: tú tranquilo, yo me ocupo de todo. Con o sin conocimiento de los máximos dirigentes, lo que ha provocado este juicio es la existencia de una red de espionaje político destinada en primer lugar a hacerse con las pruebas que podían incriminar o perjudicar al PP de Rajoy y que luego se dirigió contra los rivales del partido. Es algo sin precedentes en la democracia española si no incluimos a los servicios de inteligencia en la ecuación. De todos los presidentes del Gobierno desde 1977, quizá Mariano Rajoy sea el que tuvo el temperamento menos autoritario, entre otras cosas por su concepción algo cínica del poder. Pero resulta que fue con él cuando la cúpula policial se convirtió en un guardaespaldas corrupto del partido del Gobierno. El PP ya tiene preparada una línea de defensa sobre cualquier revelación o posible condena que salga del juicio. “El PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel”. Kitchen forma parte de la historia antigua del partido, de una época que se ha perdido en la noche de los tiempos. La ironía salta a la vista. La dirección actual del partido reivindica orgullosa la gestión del Gobierno de Rajoy y lo ha invitado a muchos de sus mítines y actos públicos. Pero cuando el Ministerio de Interior de ese Gabinete acaba en el banquillo de los acusados como sospechoso de montar una estructura corrupta, todos esos hechos son presentados como algo ajeno al PP. Cuando una periodista preguntó en la rueda de prensa por Rajoy, Bravo respondió que su partido “dejará trabajar a la Justicia” y que no tiene la intención de “hablar de lawfare”. “No soy juez para decir quién es responsable y quién es culpable”, dijo Bravo. Un objetivo entrañable. Nada de avanzar acontecimientos después de una larga instrucción y de centenares de artículos publicados sobre el tema. A diferencia de los casos de Koldo García y Ábalos, de Begoña Gómez y de David Sánchez. En todos ellos, el PP lo sabe todo sobre lo que pasó, sostiene que Pedro Sánchez estaba enterado de todo –aunque no haya sido investigado en ninguno de esos casos– y ya ha emitido su sentencia. Todos son culpables y Sánchez es el más culpable de todos. Por el juicio pasarán para declarar como testigos Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido y Javier Arenas. No por nada en especial. Es sólo que pasaban por ahí y de vez en cuando saludaban a Fernández Díaz.

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La brigada política mantiene prietas las filas en el arranque del juicio de Kitchen
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La brigada política mantiene prietas las filas en el arranque del juicio de Kitchen

Las defensas de los acusados, algunos enemigos ya irreconciliables, advierten al tribunal, como una sola voz, que no es competente para juzgar el caso. Si el plan no sale bien, la unidad promete resquebrajarse: la inocencia de unos puede depender de la culpabilidad de otros El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante “nuevas” pruebas desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga. “¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa.  Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo.  Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre.  Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía.  Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez. Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos.  Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector.  El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa.  Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga. Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”. Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

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La brigada política mantiene prietas las filas en el arranque del juicio de Kitchen

Las defensas de los acusados, algunos enemigos ya irreconciliables, advierten al tribunal, como una sola voz, que no es competente para juzgar el caso. Si el plan no sale bien, la unidad promete resquebrajarse: la inocencia de unos puede depender de la culpabilidad de otros El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante “nuevas” pruebas desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga. “¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa. Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo. Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre. Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía. Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez. Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos. Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector. El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa. Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga. Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”. Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

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El PP de Feijóo marca ahora distancias con Rajoy para intentar alejarse de la 'Kitchen'
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El PP de Feijóo marca ahora distancias con Rajoy para intentar alejarse de la 'Kitchen'

El líder de los populares guarda silencio sobre el juicio de la guerra sucia policial que arrancó este lunes y en Génova establecen un cordón sanitario con el expresidente: "El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel" El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante “nuevas” pruebas Si Luis Bárcenas llegó a ser un día “ese señor del que usted me habla” para Mariano Rajoy, el expresidente ocupa hoy un lugar parecido en el discurso de su partido. En pleno juicio de la causa contra la guerra sucia del PP para destruir pruebas de su caja B, en Génova intentan ahora marcar distancias con el hombre que estuvo al frente de un Gobierno en el que su Ministerio del Interior organizó y ejecutó una operación con fondos públicos reservados para tapar su propia corrupción y con el que han contado políticamente hasta hace menos de un mes para la campaña electoral de Castilla y León. “Yo no soy el juez ni el responsable para decidir quién es culpable o inocente”. Esa fue la respuesta oficial que se limitó a ofrecer este lunes la dirección de los populares en boca de su vicesecretario general, Juan Bravo, que evitó mojarse más ante la pregunta específica de la prensa sobre si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en relación con la operación Kitchen tras ser señalados por Bárcenas. Bravo se limitó a pedir “respeto” al procedimiento judicial y a esperar “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”, sin atisbo de mano en el fuego por sus compañeros de filas. “El PP tiene una posición clara: que la Justicia actúe con independencia y los culpables paguen por los delitos”, insistió el dirigente del PP, que hizo hincapié en establecer un cordón sanitario con un Partido Popular que, a su juicio, ya no existe. “Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción. El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa. Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, zanjó Bravo ante las preguntas de la prensa tras dar a entender que su partido ya pagó por la corrupción el precio que tenía que pagar: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”. Esa estrategia de los populares de intentar desvincularse ahora de Mariano Rajoy y su legado de corrupción supone, en realidad, un volantazo de última hora en toda regla. Porque el expresidente no es, ni mucho menos, un denostado para los de Feijóo, que han contado con él activamente para la última cita electoral de Castilla y León. Y que le otorgó un papel destacado en el último congreso del partido el verano pasado, cuando Rajoy llegó a reivindicar su mano dura contra la corrupción entre la ovación de su partido. “Cuando nosotros tuvimos problemas, nos juntamos y lo que hicimos fue endurecer las leyes para mejorar la lucha contra el delito. Ahora que hay un agujero negro, se han puesto a endurecer las leyes contra la independencia judicial. Esa es la diferencia, unos actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil”, dijo Rajoy entonces respecto a su balance como gestor de escándalos. En mitad de la cascada de noticias sobre la socialista Leire Díez y su presunta implicación en intentos de chantaje, el político que encargó a Jorge Fernández Díaz ponerse al frente de la Policía y la Guardia Civil llegó a hablar de un escándalo “nunca visto” en España. “Una destacada militante socialista arropada por el secretario de Organización de su partido, creando un sindicato de intereses con personajes de dudosa condición para organizar campañas de desprestigio contra jueces, fiscales y guardias civiles... yo por lo menos, no lo había visto. Es algo increíble. Es alucinante. Es asombroso. No se conocen precedentes de algo así ni parecido”. Su ministro del Interior se enfrenta ahora a una pena de 15 años de cárcel por organizar un grupo parapolicial que fabricó pruebas falsas contra rivales políticos e intentó destruir las pruebas de la histórica corrupción del PP conocida como ‘caso Gürtel’ que guardaba el que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Sobre nada de ello se pronunció este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que guardó silencio incluso en sus propias redes sociales tras participar en el Comité de Dirección de su partido. Los populares sí se volcaron, en cambio, en el otro gran juicio de la semana contra la corrupción del PSOE por el conocido como 'caso mascarillas', que tiene en el centro de la trama al exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor Aldama. El PSOE pide imputar al PP Mientras, la acusación popular que ejerce el PSOE solicitó este lunes en el juicio del 'caso Kitchen' que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han permanecido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado. La abogada Gloria Pascual, en representación de los socialistas, aportó el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir. García Castellón había abierto una pieza donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. Aunque el contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”. Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

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El PP de Feijóo marca ahora distancias con Rajoy para intentar alejarse de la 'Kitchen'
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El PP de Feijóo marca ahora distancias con Rajoy para intentar alejarse de la 'Kitchen'

El líder de los populares guarda silencio sobre el juicio de la guerra sucia policial que arrancó este lunes y en Génova establecen un cordón sanitario con el expresidente: "El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel" El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante “nuevas” pruebas Si Luis Bárcenas llegó a ser un día “ese señor del que usted me habla” para Mariano Rajoy, el expresidente ocupa hoy un lugar parecido en el discurso de su partido. En pleno juicio de la causa contra la guerra sucia del PP para destruir pruebas de su caja B, en Génova intentan ahora marcar distancias con el hombre que estuvo al frente de un Gobierno en el que su Ministerio del Interior organizó y ejecutó una operación con fondos públicos reservados para tapar su propia corrupción y con el que han contado políticamente hasta hace menos de un mes para la campaña electoral de Castilla y León. “Yo no soy el juez ni el responsable para decidir quién es culpable o inocente”. Esa fue la respuesta oficial que se limitó a ofrecer este lunes la dirección de los populares en boca de su vicesecretario general, Juan Bravo, que evitó mojarse más ante la pregunta específica de la prensa sobre si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en relación con la operación Kitchen tras ser señalados por Bárcenas. Bravo se limitó a pedir “respeto” al procedimiento judicial y a esperar “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”, sin atisbo de mano en el fuego por sus compañeros de filas. “El PP tiene una posición clara: que la Justicia actúe con independencia y los culpables paguen por los delitos”, insistió el dirigente del PP, que hizo hincapié en establecer un cordón sanitario con un Partido Popular que, a su juicio, ya no existe. “Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción. El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa. Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, zanjó Bravo ante las preguntas de la prensa tras dar a entender que su partido ya pagó por la corrupción el precio que tenía que pagar: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”. Esa estrategia de los populares de intentar desvincularse ahora de Mariano Rajoy y su legado de corrupción supone, en realidad, un volantazo de última hora en toda regla. Porque el expresidente no es, ni mucho menos, un denostado para los de Feijóo, que han contado con él activamente para la última cita electoral de Castilla y León. Y que le otorgó un papel destacado en el último congreso del partido el verano pasado, cuando Rajoy llegó a reivindicar su mano dura contra la corrupción entre la ovación de su partido. “Cuando nosotros tuvimos problemas, nos juntamos y lo que hicimos fue endurecer las leyes para mejorar la lucha contra el delito. Ahora que hay un agujero negro, se han puesto a endurecer las leyes contra la independencia judicial. Esa es la diferencia, unos actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil”, dijo Rajoy entonces respecto a su balance como gestor de escándalos. En mitad de la cascada de noticias sobre la socialista Leire Díez y su presunta implicación en intentos de chantaje, el político que encargó a Jorge Fernández Díaz ponerse al frente de la Policía y la Guardia Civil llegó a hablar de un escándalo “nunca visto” en España. “Una destacada militante socialista arropada por el secretario de Organización de su partido, creando un sindicato de intereses con personajes de dudosa condición para organizar campañas de desprestigio contra jueces, fiscales y guardias civiles... yo por lo menos, no lo había visto. Es algo increíble. Es alucinante. Es asombroso. No se conocen precedentes de algo así ni parecido”. Su ministro del Interior se enfrenta ahora a una pena de 15 años de cárcel por organizar un grupo parapolicial que fabricó pruebas falsas contra rivales políticos e intentó destruir las pruebas de la histórica corrupción del PP conocida como ‘caso Gürtel’ que guardaba el que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Sobre nada de ello se pronunció este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que guardó silencio incluso en sus propias redes sociales tras participar en el Comité de Dirección de su partido. Los populares sí se volcaron, en cambio, en el otro gran juicio de la semana contra la corrupción del PSOE por el conocido como 'caso mascarillas', que tiene en el centro de la trama al exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor Aldama. El PSOE pide imputar al PP Mientras, la acusación popular que ejerce el PSOE solicitó este lunes en el juicio del 'caso Kitchen' que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han permanecido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado. La abogada Gloria Pascual, en representación de los socialistas, aportó el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir. García Castellón había abierto una pieza donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. Aunque el contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”. Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

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Crónica de una condena anunciada
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Crónica de una condena anunciada

Como la compra de mascarillas resulta algo insulsa, comparece en juicio sepultada en una salsa hedionda emulsionada con un conjunto de corruptelas, toscas y cutres, que parecen sacadas de una película franquista de bajo presupuesto 'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas Ya tenemos aquí el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama. Se le ha llamado el juicio de las mascarillas porque, en efecto, el origen de la imputación gira en torno a unos contratos públicos de suministro de mascarillas firmados durante la pandemia. Según la acusación, unos empresarios pagaron a Koldo y a Ábalos para promover que organismos del Ministerio de Transportes compraran el material. El relato ofrece elementos turbadores, como la ubicua presencia de Koldo arrastrando su perfil lombrosiano entre bastidores, pero se formula de manera confusa y ofrece esquirlas de debilidad: parece deducirse que los empresarios sobornaron para tener información privilegiada que les permitiera presentar una mejor oferta, pero que no pagaron para conseguir los contratos. En coherencia con dicha tesis, la Fiscalía no verá malversación en estas adjudicaciones: no habría existido perjuicio para el patrimonio público. Aldama, que ganó más de tres millones y medio de euros con estos contratos, no tendrá que devolver este importe a las entidades contratantes. Por si fuera poco, la acusación no encuentra el dinero del soborno, que aparece muy a cuentagotas; se ignora cuánto pudo haber recibido esta extraña pareja por facilitar la contratación. Cuando los malos cocineros advierten que el plato les ha quedado escaso, lo rellenan de guarnición. Como la compra de mascarillas resulta algo insulsa, comparece en juicio sepultada en una salsa hedionda emulsionada con un conjunto de corruptelas, toscas y cutres, que parecen sacadas de una película franquista de bajo presupuesto: Ábalos colocó a su novia en una empresa pública que no pisaba; le puso un apartamento pagado por un empresario amigo; pasó unos días en Marbella invitado por otro; consiguió aplazar la deuda tributaria de una empresa de Aldama; otro empresario interesado en una licencia de hidrocarburos le ofreció en alquiler un chalet en La Línea; se repartía con Koldo diez mil euros al mes de coimas... Esta guarnición apesta a podrido. De ser ciertos, son hechos bochornosos, políticamente demoledores, que mueven tanto a la indignación como a la vergüenza ajena. Con todo, no nos engañemos, no alcanzan la gravedad que se esperaba: los millones no aparecen. Una corrupción de libro, o más bien de cómic, que cumple el objetivo buscado: en la resolución donde el instructor, Leopoldo Puente, concluye la investigación y hace un relato de los hechos, mencionará ya los contratos de mascarillas en último lugar. Para cuando el lector llega a ese capítulo, está asqueado de sinvergonzonerías. Conociendo el menú que será enjuiciado, veamos el procedimiento que se ha seguido, porque aquí el Tribunal Supremo empieza a desafinar. Estas disonancias provienen del uso simultáneo de dos instrumentos procesales que alteran el normal desarrollo de un proceso: la formación de piezas separadas y el aforamiento. La combinación de ambas figuras ha originado un estropicio difícil de arreglar. El juicio que comienza en el Tribunal Supremo nace como una hijuela de un procedimiento tramitado ante el antiguo Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional, al que había correspondido la querella de la Fiscalía por la compra de mascarillas. Al desprenderse indicios contra un aforado, el juez remitió la causa al Supremo, órgano que adoptó entonces una extraña decisión: no investigaría a todos los implicados sino solamente a Ábalos, único aforado, aunque a la postre incluyó también a Koldo y Aldama. Pero esto no se puede hacer, y además es imposible, porque los jueces no investigan personas, investigan hechos. De aquí proviene el grave desajuste que lastra este proceso: a partir de entonces, tenemos dos tribunales investigando los mismos contratos de mascarillas: uno a los políticos corruptos (Tribunal Supremo) y otro a los empresarios corruptores (Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional). Koldo, por estar en medio, seguirá imputado en ambos sitios. El vodevil se complica porque, en su expansión, el Supremo también analizará supuestas gestiones para favorecer la concesión de una licencia de comercialización de hidrocarburos, hechos investigados en el antiguo Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional. Una locura. Cuando un informe de la UCO quiso advertir irregularidades en la contratación de obra pública del Ministerio de Transportes, amenazando con eternizar la investigación, el Supremo puso pie en pared: abrió una pieza separada para dejar este tema aparcado y no juzgarlo ahora, para no hacerlo nunca. En definitiva, el órgano sentenciador ha diseñado un artilugio para definir cuidadosamente el alcance objetivo (hechos) y subjetivo (acusados) del juicio que celebrará. Las consecuencias son devastadoras: el Tribunal Supremo analizará si ciertos políticos fueron corrompidos por empresarios; juzgará a los políticos, pero no a los empresarios. Se dispone a decidir si urdieron con directivos de ADIF la contratación en falso de la novia del ministro; juzgará al ministro pero no a los directivos. En una muestra de cierto cinismo llamará a estos empresarios y directivos a declarar como testigos, después de mantenerlos al margen del procedimiento, convocándolos a declarar bajo juramento. No podrán hacerlo; están imputados en la Audiencia Nacional. El Supremo no los juzgará, no escuchará a sus abogados, no les dará oportunidad de defenderse; sin embargo, como ustedes comprenderán, una condena a Ábalos los condena también a ellos, porque si el Supremo advierte delito en la trama y ellos son parte de la misma, no habrá tribunal que los absuelva. Lo propio sería que el Tribunal Supremo, ahora que Ábalos ha cedido el foro, devolviera el asunto a su juzgado de origen; ninguna ley lo impide. Pero no lo hará; urge celebrar el juicio. Ello explica, de paso, la acelerada y superficial instrucción del asunto, confiando prácticamente el esclarecimiento de los hechos a la palabra de Aldama. Por poner un ejemplo, el magistrado sostiene que está “plenamente justificado” que los acusados consiguieron el aplazamiento indebido de una deuda tributaria; el fiscal nos dirá que “no llegó a producirse”. ¿Tan difícil era aclararlo antes del juicio? Seamos realistas: para averiguar la verdad de lo sucedido, habría que investigar bastante más y juzgar a todos los implicados juntos; pero para condenar a Ábalos y Koldo, no es necesario. Estamos ante un juicio de objeto delineado y, en esta medida, orientado a un desenlace. Y el desenlace es la condena de esta pareja. Para este pronóstico no es necesario leer entre líneas las decisiones del Tribunal; basta leer las líneas mismas. En una resolución de octubre del pasado año Leopoldo Puente mostraba su estupor por que Ábalos siguiera siendo diputado; su estupor constata la demolición del principio de presunción de inocencia. Que un inocente sea diputado no debería llamar la atención nunca, pero al Supremo le espanta porque lo tiene por culpable. Cuarenta días después de aquella resolución, el mismo instructor estupefacto decidió meterlo en prisión, junto con Koldo, aclarando que los encarcelaba porque el juicio se acercaba, las penas a que se enfrentan son estratosféricas y la inminente condena será irrecurrible, firme y de inmediato cumplimiento, que ya ven ustedes los beneficios de este privilegio al que llaman aforamiento, que te deja sin recurso. Pero el estupor del magistrado denotaba algo más profundo y oscuro, que es el sueño de soberanía que aqueja a ciertas magistraturas: es el estupor de un dios atónito al ver que su palabra no tiene poder omnímodo. Es inevitable vincular el precipitado arrojo del Supremo contra Ábalos y Koldo a este deseo de reivindicarse frente a otro poder del Estado. Coincidiendo con el ingreso de Ábalos en prisión, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura aprovechaba la clausura de su congreso para insolentarse con el ministro de Justicia: “nos vas a tener de frente”. Ahí lo tienen. “Deseo que tus reformas duerman el sueño de los justos”, añadió. Ya no parece escandaloso que los jueces critiquen las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o, en su caso, a una aplicación tan restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; así ha pasado con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes. Les recomiendo el documental “Justicia capturada” para que vean, en la experiencia de Rumanía, cómo sería un poder judicial sin ningún contrapoder: se convertiría en una camarilla de cofrades, donde ascenderían los amigos y se condenaría a los enemigos; si no les gusta la palabra mafia, quédense con que se parecería a una federación de fútbol. La asociación judicial mayoritaria en los jueces, y también en el Tribunal Supremo, está enfrente del gobierno, y eso explica muchas cosas. En fin, estos jueces no creen en la presunción de inocencia; al menos, que no se crean que somos todos unos inocentes.

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Juicio a Ábalos en el Supremo: cronología del caso que llevó la corrupción al corazón del Gobierno
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Juicio a Ábalos en el Supremo: cronología del caso que llevó la corrupción al corazón del Gobierno

El que fuera ministro de Transportes y su mano derecha se sientan en el banquillo acusados de formar junto al empresario Víctor de Aldama una organización criminal que se lucró con dinero público Un ministro, un asesor con poderes y un comisionista sin escrúpulos: la génesis de una alianza que se fraguó a golpe de sobornos Tribunal Supremo acoge a partir de este 7 de abril el juicio al mayor caso de corrupción que afecta al actual Gobierno: una presunta organización criminal con origen en el Ministerio de Transportes y que aprovechó la crisis del coronavirus para lucrarse. Casi una década después de conocerse durante las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la dirección del PSOE, el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha, Koldo García, se sientan en el banquillo junto al empresario Víctor de Aldama, considerado el “nexo corruptor”. Tres años de investigación han sacado a la luz la existencia de supuestos sobornos sistemáticos, adjudicaciones de contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros a cambio de mordidas y un presunto tráfico de influencias para colocar a la pareja de Ábalos en empresas públicas y sufragarle un alquiler de 2.700 euros mensuales. El final de esta etapa de impunidad comenzó a dibujarse en 2022 con una denuncia impulsada por el Partido Popular y que posteriormente dio paso a una investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil, culminada con la detención de Koldo García en febrero de 2024. Las pruebas incautadas y la confesión de Aldama —quien admitió haber pagado 350.000 euros en mordidas a Ábalos y Koldo y otras prebendas— estrecharon el cerco sobre el exministro. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que alcanzan los 24 años de cárcel para Ábalos por delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Para el exasesor, la petición es de 19 años y medio. Ambos están en prisión provisional desde el pasado noviembre e irán cada día a la vista en furgón policial. El juicio se prolongará durante cuatro semanas y comparecerán un centenar de personas entre acusados, testigos y peritos. 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El nuevo líder del PSOE lo nombra Secretario de Organización, su 'número dos'. En esa campaña, Ábalos había conocido en Navarra a Koldo García. 22 de mayo de 2017 Ábalos, clave en las primarias del PSOE 25 de octubre de 2017 Ábalos contrata a Koldo García como chófer VÍDEO Koldo García se traslada a Madrid para ejercer de chófer de Ábalos en su nueva labor como Secretario de Organización. Es Santos Cerdán, también recién nombrado Secretario de Coordinación Territorial, quien se lo recomienda. 25 de octubre de 2017 Ábalos contrata a Koldo García como chófer 1 de junio de 2018 Ábalos defiende la moción de censura Ábalos interviene en el Congreso en la moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez como candidato. "Crearon con su particular uso del poder un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas", criticó Ábalos. 1 de junio de 2018 Ábalos defiende la moción de censura 7 de junio de 2018 Ábalos es nombrado ministro de Fomento Pedro Sánchez nombra a Ábalos ministro de Fomento. Tras haber establecido una relación de confianza durante la etapa en la que Koldo García fue su chófer, Ábalos lo nombra asesor. 7 de junio de 2018 Ábalos es nombrado ministro de Fomento 31 de agosto de 2018 "Lo tienes a huevo para hacer cosas" La relación que vertebra la trama nace a finales del verano de 2018. El empresario Víctor de Aldama conoce a Ábalos y Koldo García gracias a su hermano Rubén, que ejercía como escolta del ministro. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", le escribe Rubén a Víctor en un mensaje. 31 de agosto de 2018 "Lo tienes a huevo para hacer cosas" 4 de febrero de 2019 Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México VÍDEO Anticorrupción considera que este viaje es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. El viaje tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en México. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación. 4 de febrero de 2019 Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México 1 de marzo de 2019 Ábalos coloca a su pareja en Ineco Koldo García presiona a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que contrate a Jéssica Rodríguez en la empresa pública Ineco. Le ordena iniciar los trámites y le advierte: "Si no José me corta los huevos". En su declaración en el Supremo, la mujer admitió que cobró sin ir a trabajar. 1 de marzo de 2019 Ábalos coloca a su pareja en Ineco 28 de marzo de 2019 Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos La empresa de un socio de Aldama firma el contrato de arrendamiento de un piso en el que residía Jéssica Rodríguez. El alquiler es de 2.700 euros al mes. El empresario paga esa renta hasta septiembre de 2021. Un total de 82.298,40 euros. 28 de marzo de 2019 Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos 18 de octubre de 2019 La primera mordida: "Grandu 11500" La capacidad de influencia de Aldama se sustentaba en el pago de sobornos a Koldo, a quien apodaba "Grandullón". La primera evidencia de esta "nómina" mensual de 10.000 euros en efectivo queda registrada en una nota creada por Aldama en su teléfono móvil, donde incluye el apunte: "Grandu 11500". 18 de octubre de 2019 La primera mordida: "Grandu 11500" 21 de marzo de 2020 Primer contrato de mascarillas Al estallar la pandemia, una empresa vinculada a Aldama resulta adjudicataria de cinco contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros. Dos de esos contratos los formalizan empresas dependientes del Ministerio de Transportes. 21 de marzo de 2020 Primer contrato de mascarillas 8 de agosto de 2020 La nota de prensa sobre el rescate El Ministerio de Transportes muestra en una nota de prensa el apoyo del Gobierno al rescate de Air Europa por la pandemia. Un día antes, Koldo García había enviado ese texto a Aldama, que lo remitió al CEO de la aerolínea para "tranquilizar a sus acreedores". 8 de agosto de 2020 La nota de prensa sobre el rescate 14 de agosto de 2020 "Esto sale gratis por las molestias generadas" La Fiscalía sostiene que Aldama pagó durante una semana el alquiler de un chalet en Marbella para Ábalos como contrapartida por la publicación de una nota de prensa apoyando el rescate de Air Europa, donde el empresario era consejero. "Esto sale gratis por las molestias generadas", le escribió Koldo García a Ábalos junto a una foto del chalé. 14 de agosto de 2020 "Esto sale gratis por las molestias generadas" 10 de junio de 2021 Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz Aldama recurre a Claudio Rivas y su red de hidrocarburos para comprar el chalet de lujo en La Alcaidesa, en Cádiz. A cambio, ambos pretendían recibir una licencia para la venta de combustible con la empresa Villafuel. La Guardia Civil cree que hay "múltiples evidencias" de que Ábalos hizo un "uso real" de ese chalé. Koldo García le envía a Ábalos el anuncio del chalé. 10 de junio de 2021 Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz 10 de julio de 2021 Sánchez cesa a Ábalos como ministro El presidente cesa de manera fulminante a Ábalos. Koldo García sale del Ministerio inmediatamente después. Pedro Sánchez nunca ha explicado los motivos de la destitución. Días después, Ábalos dimite como Secretario de Organización del PSOE y le sustituye Santos Cerdán. 10 de julio de 2021 Sánchez cesa a Ábalos como ministro 9 de diciembre de 2021 Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel Once meses después de registrar la solicitud, el Ministerio de Transición Ecológica rechaza la licencia de operadora a Villafuel. En represalia, la sociedad dueña del chalet envía un burofax a Ábalos reclamándole las rentas de alquiler impagadas de agosto a noviembre. 9 de diciembre de 2021 Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel 10 de marzo de 2022 Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, presenta una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que apunta a posibles irregularidades en doce contratos de material sanitario formalizados por la Administración General del Estado. 10 de marzo de 2022 Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas 22 de abril de 2022 La Fiscalía empieza a investigar La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia presentada por el PP de Madrid. Anticorrupción investiga durante más de un año y acaba presentando una denuncia en la Audiencia Nacional el 6 de septiembre de 2023. 22 de abril de 2022 La Fiscalía empieza a investigar 21 de febrero de 2024 La UCO detiene a Koldo García VÍDEO La UCO detiene a Aldama, Koldo García y otros implicados. En casa del exasesor, los agentes se incautan de tres móviles y una grabadora que son fundamentales para la investigación porque contienen las grabaciones secretas a Ábalos y Santos Cerdán. 21 de febrero de 2024 La UCO detiene a Koldo García 23 de octubre de 2024 El cerco se estrecha sobre el exministro El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pide al Supremo que investigue a Ábalos por su "papel principal" en el caso. Al ser diputado, solo puede ser investigado por el alto tribunal. 23 de octubre de 2024 El cerco se estrecha sobre el exministro 21 de noviembre de 2024 Aldama confiesa y sale de la cárcel Aldama, que está en prisión provisional por el caso de los hidrocarburos, pide declarar ante el juez de forma voluntaria y afirma que pagó 250.000 euros en comisiones a Ábalos y 100.000 a Koldo García. La confesión le sirve para salir de prisión. 21 de noviembre de 2024 Aldama confiesa y sale de la cárcel 12 de diciembre de 2024 Ábalos declara por primera vez en el Supremo VÍDEO Ábalos se sienta por primera vez delante de un juez para dar explicaciones. Durante tres horas, trata de rebatir los indicios que le acorralan. Afirma que "nunca" cobró comisiones. 12 de diciembre de 2024 Ábalos declara por primera vez en el Supremo 3 de noviembre de 2025 El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo Tras un año de investigación, el juez cierra la instrucción y propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por los contratos de mascarillas. Les atribuye delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. 3 de noviembre de 2025 El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo 19 de noviembre de 2025 La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. El fiscal Alejandro Luzón valora la "información relevante" aportada por Aldama, para el que rebaja su petición a siete años de prisión. Defiende que los tres formaron una "organización criminal" para lucrarse con contratos públicos. 19 de noviembre de 2025 La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos 27 de noviembre de 2025 Ábalos y Koldo García entran en prisión El juez envía a prisión provisional a Ábalos y Koldo García dado el "extremo" riesgo de fuga. La Fiscalía lo había solicitado al apreciar la posibilidad de que decidieran escapar a la acción de la Justicia por las elevadas condenas de cárcel a las que se exponen. 27 de noviembre de 2025 Ábalos y Koldo García entran en prisión 7 de abril de 2026 Empieza el juicio en el Tribunal Supremo El Tribunal Supremo acoge el primer juicio por un caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La vista oral se prolongará hasta final de mes y testificarán decenas de testigos. 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Juicio a Ábalos en el Supremo: cronología del caso que llevó la corrupción al corazón del Gobierno
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Juicio a Ábalos en el Supremo: cronología del caso que llevó la corrupción al corazón del Gobierno

El que fuera ministro de Transportes y su mano derecha se sientan en el banquillo acusados de formar junto al empresario Víctor de Aldama una organización criminal que se lucró con dinero público Un ministro, un asesor con poderes y un comisionista sin escrúpulos: la génesis de una alianza que se fraguó a golpe de sobornos Tribunal Supremo acoge a partir de este 7 de abril el juicio al mayor caso de corrupción que afecta al actual Gobierno: una presunta organización criminal con origen en el Ministerio de Transportes y que aprovechó la crisis del coronavirus para lucrarse. Casi una década después de conocerse durante las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la dirección del PSOE, el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha, Koldo García, se sientan en el banquillo junto al empresario Víctor de Aldama, considerado el “nexo corruptor”. Tres años de investigación han sacado a la luz la existencia de supuestos sobornos sistemáticos, adjudicaciones de contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros a cambio de mordidas y un presunto tráfico de influencias para colocar a la pareja de Ábalos en empresas públicas y sufragarle un alquiler de 2.700 euros mensuales. El final de esta etapa de impunidad comenzó a dibujarse en 2022 con una denuncia impulsada por el Partido Popular y que posteriormente dio paso a una investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil, culminada con la detención de Koldo García en febrero de 2024. Las pruebas incautadas y la confesión de Aldama —quien admitió haber pagado 350.000 euros en mordidas a Ábalos y Koldo y otras prebendas— estrecharon el cerco sobre el exministro. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que alcanzan los 24 años de cárcel para Ábalos por delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Para el exasesor, la petición es de 19 años y medio. Ambos están en prisión provisional desde el pasado noviembre e irán cada día a la vista en furgón policial. El juicio se prolongará durante cuatro semanas y comparecerán un centenar de personas entre acusados, testigos y peritos.  Timeline - Caso Koldo .cd-container { width: 98%; max-width: 975px; margin: 0 auto; font-family: 'Encode Sans', sans-serif; font-size: 100%; } .cd-container *, *:after, *:before { -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; } .cd-container a { color: #acb7c0; text-decoration: none !important; border: none !important; font-family: 'Encode Sans', sans-serif; } .cd-container a:hover { opacity: 0.7 !important; text-decoration: none !important; } .cd-container h2 { margin: 0; font-family: 'Encode Sans', sans-serif; font-weight: 700; } .cd-container::after { content: ''; display: table; clear: both; } .cd-date--mobile { display: block !important; width: 100%; text-align: left; } .cd-date--desktop { display: none !important; } #cd-timeline { position: relative; padding: 2em 0; margin-top: 2em; margin-bottom: 2em; } #cd-timeline::before { content: ''; 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El nuevo líder del PSOE lo nombra Secretario de Organización, su 'número dos'. En esa campaña, Ábalos había conocido en Navarra a Koldo García. 22 de mayo de 2017 Ábalos, clave en las primarias del PSOE 25 de octubre de 2017 Ábalos contrata a Koldo García como chófer VÍDEO Koldo García se traslada a Madrid para ejercer de chófer de Ábalos en su nueva labor como Secretario de Organización. Es Santos Cerdán, también recién nombrado Secretario de Coordinación Territorial, quien se lo recomienda. 25 de octubre de 2017 Ábalos contrata a Koldo García como chófer 1 de junio de 2018 Ábalos defiende la moción de censura Ábalos interviene en el Congreso en la moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez como candidato. "Crearon con su particular uso del poder un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas", criticó Ábalos. 1 de junio de 2018 Ábalos defiende la moción de censura 7 de junio de 2018 Ábalos es nombrado ministro de Fomento Pedro Sánchez nombra a Ábalos ministro de Fomento. Tras haber establecido una relación de confianza durante la etapa en la que Koldo García fue su chófer, Ábalos lo nombra asesor. 7 de junio de 2018 Ábalos es nombrado ministro de Fomento 31 de agosto de 2018 "Lo tienes a huevo para hacer cosas" La relación que vertebra la trama nace a finales del verano de 2018. El empresario Víctor de Aldama conoce a Ábalos y Koldo García gracias a su hermano Rubén, que ejercía como escolta del ministro. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", le escribe Rubén a Víctor en un mensaje. 31 de agosto de 2018 "Lo tienes a huevo para hacer cosas" 4 de febrero de 2019 Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México VÍDEO Anticorrupción considera que este viaje es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. El viaje tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en México. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación. 4 de febrero de 2019 Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México 1 de marzo de 2019 Ábalos coloca a su pareja en Ineco Koldo García presiona a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que contrate a Jéssica Rodríguez en la empresa pública Ineco. Le ordena iniciar los trámites y le advierte: "Si no José me corta los huevos". En su declaración en el Supremo, la mujer admitió que cobró sin ir a trabajar. 1 de marzo de 2019 Ábalos coloca a su pareja en Ineco 28 de marzo de 2019 Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos La empresa de un socio de Aldama firma el contrato de arrendamiento de un piso en el que residía Jéssica Rodríguez. El alquiler es de 2.700 euros al mes. El empresario paga esa renta hasta septiembre de 2021. Un total de 82.298,40 euros. 28 de marzo de 2019 Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos 18 de octubre de 2019 La primera mordida: "Grandu 11500" La capacidad de influencia de Aldama se sustentaba en el pago de sobornos a Koldo, a quien apodaba "Grandullón". La primera evidencia de esta "nómina" mensual de 10.000 euros en efectivo queda registrada en una nota creada por Aldama en su teléfono móvil, donde incluye el apunte: "Grandu 11500". 18 de octubre de 2019 La primera mordida: "Grandu 11500" 21 de marzo de 2020 Primer contrato de mascarillas Al estallar la pandemia, una empresa vinculada a Aldama resulta adjudicataria de cinco contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros. Dos de esos contratos los formalizan empresas dependientes del Ministerio de Transportes. 21 de marzo de 2020 Primer contrato de mascarillas 8 de agosto de 2020 La nota de prensa sobre el rescate El Ministerio de Transportes muestra en una nota de prensa el apoyo del Gobierno al rescate de Air Europa por la pandemia. Un día antes, Koldo García había enviado ese texto a Aldama, que lo remitió al CEO de la aerolínea para "tranquilizar a sus acreedores". 8 de agosto de 2020 La nota de prensa sobre el rescate 14 de agosto de 2020 "Esto sale gratis por las molestias generadas" La Fiscalía sostiene que Aldama pagó durante una semana el alquiler de un chalet en Marbella para Ábalos como contrapartida por la publicación de una nota de prensa apoyando el rescate de Air Europa, donde el empresario era consejero. "Esto sale gratis por las molestias generadas", le escribió Koldo García a Ábalos junto a una foto del chalé. 14 de agosto de 2020 "Esto sale gratis por las molestias generadas" 10 de junio de 2021 Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz Aldama recurre a Claudio Rivas y su red de hidrocarburos para comprar el chalet de lujo en La Alcaidesa, en Cádiz. A cambio, ambos pretendían recibir una licencia para la venta de combustible con la empresa Villafuel. La Guardia Civil cree que hay "múltiples evidencias" de que Ábalos hizo un "uso real" de ese chalé. Koldo García le envía a Ábalos el anuncio del chalé. 10 de junio de 2021 Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz 10 de julio de 2021 Sánchez cesa a Ábalos como ministro El presidente cesa de manera fulminante a Ábalos. Koldo García sale del Ministerio inmediatamente después. Pedro Sánchez nunca ha explicado los motivos de la destitución. Días después, Ábalos dimite como Secretario de Organización del PSOE y le sustituye Santos Cerdán. 10 de julio de 2021 Sánchez cesa a Ábalos como ministro 9 de diciembre de 2021 Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel Once meses después de registrar la solicitud, el Ministerio de Transición Ecológica rechaza la licencia de operadora a Villafuel. En represalia, la sociedad dueña del chalet envía un burofax a Ábalos reclamándole las rentas de alquiler impagadas de agosto a noviembre. 9 de diciembre de 2021 Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel 10 de marzo de 2022 Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, presenta una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que apunta a posibles irregularidades en doce contratos de material sanitario formalizados por la Administración General del Estado. 10 de marzo de 2022 Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas 22 de abril de 2022 La Fiscalía empieza a investigar La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia presentada por el PP de Madrid. Anticorrupción investiga durante más de un año y acaba presentando una denuncia en la Audiencia Nacional el 6 de septiembre de 2023. 22 de abril de 2022 La Fiscalía empieza a investigar 21 de febrero de 2024 La UCO detiene a Koldo García VÍDEO La UCO detiene a Aldama, Koldo García y otros implicados. En casa del exasesor, los agentes se incautan de tres móviles y una grabadora que son fundamentales para la investigación porque contienen las grabaciones secretas a Ábalos y Santos Cerdán. 21 de febrero de 2024 La UCO detiene a Koldo García 23 de octubre de 2024 El cerco se estrecha sobre el exministro El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pide al Supremo que investigue a Ábalos por su "papel principal" en el caso. Al ser diputado, solo puede ser investigado por el alto tribunal. 23 de octubre de 2024 El cerco se estrecha sobre el exministro 21 de noviembre de 2024 Aldama confiesa y sale de la cárcel Aldama, que está en prisión provisional por el caso de los hidrocarburos, pide declarar ante el juez de forma voluntaria y afirma que pagó 250.000 euros en comisiones a Ábalos y 100.000 a Koldo García. La confesión le sirve para salir de prisión. 21 de noviembre de 2024 Aldama confiesa y sale de la cárcel 12 de diciembre de 2024 Ábalos declara por primera vez en el Supremo VÍDEO Ábalos se sienta por primera vez delante de un juez para dar explicaciones. Durante tres horas, trata de rebatir los indicios que le acorralan. Afirma que "nunca" cobró comisiones. 12 de diciembre de 2024 Ábalos declara por primera vez en el Supremo 3 de noviembre de 2025 El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo Tras un año de investigación, el juez cierra la instrucción y propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por los contratos de mascarillas. Les atribuye delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. 3 de noviembre de 2025 El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo 19 de noviembre de 2025 La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. El fiscal Alejandro Luzón valora la "información relevante" aportada por Aldama, para el que rebaja su petición a siete años de prisión. Defiende que los tres formaron una "organización criminal" para lucrarse con contratos públicos. 19 de noviembre de 2025 La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos 27 de noviembre de 2025 Ábalos y Koldo García entran en prisión El juez envía a prisión provisional a Ábalos y Koldo García dado el "extremo" riesgo de fuga. La Fiscalía lo había solicitado al apreciar la posibilidad de que decidieran escapar a la acción de la Justicia por las elevadas condenas de cárcel a las que se exponen. 27 de noviembre de 2025 Ábalos y Koldo García entran en prisión 7 de abril de 2026 Empieza el juicio en el Tribunal Supremo El Tribunal Supremo acoge el primer juicio por un caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La vista oral se prolongará hasta final de mes y testificarán decenas de testigos. El 28 de abril declararán Ábalos, Koldo García y Aldama. 7 de abril de 2026 Empieza el juicio en el Tribunal Supremo '); var $nav = $horizontalTimeline.find('.cd-timeline-nav'); var dayGroups = {}; var dayOrder = []; $('.cd-timeline-block').each(function(index) { var $block = $(this); $block.attr('id', 'evento-' + (index + 1)); var fullDate = $block.find('.cd-date-color').first().text().trim(); var datePart = fullDate.split(' a las ')[0]; if (!dayGroups[datePart]) { dayGroups[datePart] = 'evento-' + (index + 1); dayOrder.push(datePart); } }); var monthNames = { 'enero': 'ene', 'febrero': 'feb', 'marzo': 'mar', 'abril': 'abr', 'mayo': 'may', 'junio': 'jun', 'julio': 'jul', 'agosto': 'ago', 'septiembre': 'sep', 'octubre': 'oct', 'noviembre': 'nov', 'diciembre': 'dic' }; dayOrder.forEach(function(datePart, idx) { var eventId = dayGroups[datePart]; var parts = datePart.split(' de '); var day = parts[0]; var month = parts[1]; var year = parts[2]; var fullLabel = day + ' ' + (month ? month.substring(0, 3) : '') + '. 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Crónica de una condena anunciada
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Crónica de una condena anunciada

Como la compra de mascarillas resulta algo insulsa, comparece en juicio sepultada en una salsa hedionda emulsionada con un conjunto de corruptelas, toscas y cutres, que parecen sacadas de una película franquista de bajo presupuesto 'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas Ya tenemos aquí el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama. Se le ha llamado el juicio de las mascarillas porque, en efecto, el origen de la imputación gira en torno a unos contratos públicos de suministro de mascarillas firmados durante la pandemia. Según la acusación, unos empresarios pagaron a Koldo y a Ábalos para promover que organismos del Ministerio de Transportes compraran el material. El relato ofrece elementos turbadores, como la ubicua presencia de Koldo arrastrando su perfil lombrosiano entre bastidores, pero se formula de manera confusa y ofrece esquirlas de debilidad: parece deducirse que los empresarios sobornaron para tener información privilegiada que les permitiera presentar una mejor oferta, pero que no pagaron para conseguir los contratos. En coherencia con dicha tesis, la Fiscalía no verá malversación en estas adjudicaciones: no habría existido perjuicio para el patrimonio público. Aldama, que ganó más de tres millones y medio de euros con estos contratos, no tendrá que devolver este importe a las entidades contratantes. Por si fuera poco, la acusación no encuentra el dinero del soborno, que aparece muy a cuentagotas; se ignora cuánto pudo haber recibido esta extraña pareja por facilitar la contratación. Cuando los malos cocineros advierten que el plato les ha quedado escaso, lo rellenan de guarnición. Como la compra de mascarillas resulta algo insulsa, comparece en juicio sepultada en una salsa hedionda emulsionada con un conjunto de corruptelas, toscas y cutres, que parecen sacadas de una película franquista de bajo presupuesto: Ábalos colocó a su novia en una empresa pública que no pisaba; le puso un apartamento pagado por un empresario amigo; pasó unos días en Marbella invitado por otro; consiguió aplazar la deuda tributaria de una empresa de Aldama; otro empresario interesado en una licencia de hidrocarburos le ofreció en alquiler un chalet en La Línea; se repartía con Koldo diez mil euros al mes de coimas... Esta guarnición apesta a podrido. De ser ciertos, son hechos bochornosos, políticamente demoledores, que mueven tanto a la indignación como a la vergüenza ajena. Con todo, no nos engañemos, no alcanzan la gravedad que se esperaba: los millones no aparecen. Una corrupción de libro, o más bien de cómic, que cumple el objetivo buscado: en la resolución donde el instructor, Leopoldo Puente, concluye la investigación y hace un relato de los hechos, mencionará ya los contratos de mascarillas en último lugar. Para cuando el lector llega a ese capítulo, está asqueado de sinvergonzonerías. Conociendo el menú que será enjuiciado, veamos el procedimiento que se ha seguido, porque aquí el Tribunal Supremo empieza a desafinar. Estas disonancias provienen del uso simultáneo de dos instrumentos procesales que alteran el normal desarrollo de un proceso: la formación de piezas separadas y el aforamiento. La combinación de ambas figuras ha originado un estropicio difícil de arreglar. El juicio que comienza en el Tribunal Supremo nace como una hijuela de un procedimiento tramitado ante el antiguo Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional, al que había correspondido la querella de la Fiscalía por la compra de mascarillas. Al desprenderse indicios contra un aforado, el juez remitió la causa al Supremo, órgano que adoptó entonces una extraña decisión: no investigaría a todos los implicados sino solamente a Ábalos, único aforado, aunque a la postre incluyó también a Koldo y Aldama. Pero esto no se puede hacer, y además es imposible, porque los jueces no investigan personas, investigan hechos. De aquí proviene el grave desajuste que lastra este proceso: a partir de entonces, tenemos dos tribunales investigando los mismos contratos de mascarillas: uno a los políticos corruptos (Tribunal Supremo) y otro a los empresarios corruptores (Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional). Koldo, por estar en medio, seguirá imputado en ambos sitios. El vodevil se complica porque, en su expansión, el Supremo también analizará supuestas gestiones para favorecer la concesión de una licencia de comercialización de hidrocarburos, hechos investigados en el antiguo Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional. Una locura. Cuando un informe de la UCO quiso advertir irregularidades en la contratación de obra pública del Ministerio de Transportes, amenazando con eternizar la investigación, el Supremo puso pie en pared: abrió una pieza separada para dejar este tema aparcado y no juzgarlo ahora, para no hacerlo nunca. En definitiva, el órgano sentenciador ha diseñado un artilugio para definir cuidadosamente el alcance objetivo (hechos) y subjetivo (acusados) del juicio que celebrará. Las consecuencias son devastadoras: el Tribunal Supremo analizará si ciertos políticos fueron corrompidos por empresarios; juzgará a los políticos, pero no a los empresarios. Se dispone a decidir si urdieron con directivos de ADIF la contratación en falso de la novia del ministro; juzgará al ministro pero no a los directivos. En una muestra de cierto cinismo llamará a estos empresarios y directivos a declarar como testigos, después de mantenerlos al margen del procedimiento, convocándolos a declarar bajo juramento. No podrán hacerlo; están imputados en la Audiencia Nacional. El Supremo no los juzgará, no escuchará a sus abogados, no les dará oportunidad de defenderse; sin embargo, como ustedes comprenderán, una condena a Ábalos los condena también a ellos, porque si el Supremo advierte delito en la trama y ellos son parte de la misma, no habrá tribunal que los absuelva. Lo propio sería que el Tribunal Supremo, ahora que Ábalos ha cedido el foro, devolviera el asunto a su juzgado de origen; ninguna ley lo impide. Pero no lo hará; urge celebrar el juicio. Ello explica, de paso, la acelerada y superficial instrucción del asunto, confiando prácticamente el esclarecimiento de los hechos a la palabra de Aldama. Por poner un ejemplo, el magistrado sostiene que está “plenamente justificado” que los acusados consiguieron el aplazamiento indebido de una deuda tributaria; el fiscal nos dirá que “no llegó a producirse”. ¿Tan difícil era aclararlo antes del juicio? Seamos realistas: para averiguar la verdad de lo sucedido, habría que investigar bastante más y juzgar a todos los implicados juntos; pero para condenar a Ábalos y Koldo, no es necesario. Estamos ante un juicio de objeto delineado y, en esta medida, orientado a un desenlace. Y el desenlace es la condena de esta pareja. Para este pronóstico no es necesario leer entre líneas las decisiones del Tribunal; basta leer las líneas mismas. En una resolución de octubre del pasado año Leopoldo Puente mostraba su estupor por que Ábalos siguiera siendo diputado; su estupor constata la demolición del principio de presunción de inocencia. Que un inocente sea diputado no debería llamar la atención nunca, pero al Supremo le espanta porque lo tiene por culpable. Cuarenta días después de aquella resolución, el mismo instructor estupefacto decidió meterlo en prisión, junto con Koldo, aclarando que los encarcelaba porque el juicio se acercaba, las penas a que se enfrentan son estratosféricas y la inminente condena será irrecurrible, firme y de inmediato cumplimiento, que ya ven ustedes los beneficios de este privilegio al que llaman aforamiento, que te deja sin recurso. Pero el estupor del magistrado denotaba algo más profundo y oscuro, que es el sueño de soberanía que aqueja a ciertas magistraturas: es el estupor de un dios atónito al ver que su palabra no tiene poder omnímodo. Es inevitable vincular el precipitado arrojo del Supremo contra Ábalos y Koldo a este deseo de reivindicarse frente a otro poder del Estado. Coincidiendo con el ingreso de Ábalos en prisión, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura aprovechaba la clausura de su congreso para insolentarse con el ministro de Justicia: “nos vas a tener de frente”. Ahí lo tienen. “Deseo que tus reformas duerman el sueño de los justos”, añadió. Ya no parece escandaloso que los jueces critiquen las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o, en su caso, a una aplicación tan restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; así ha pasado con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes. Les recomiendo el documental “Justicia capturada” para que vean, en la experiencia de Rumanía, cómo sería un poder judicial sin ningún contrapoder: se convertiría en una camarilla de cofrades, donde ascenderían los amigos y se condenaría a los enemigos; si no les gusta la palabra mafia, quédense con que se parecería a una federación de fútbol. La asociación judicial mayoritaria en los jueces, y también en el Tribunal Supremo, está enfrente del gobierno, y eso explica muchas cosas. En fin, estos jueces no creen en la presunción de inocencia; al menos, que no se crean que somos todos unos inocentes.

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Los Comuns asistirán como público al acto que compartirán Rufián y Montero en Barcelona
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Los Comuns asistirán como público al acto que compartirán Rufián y Montero en Barcelona

La formación catalana, que se encuentra en pleno proceso de reconfiguración de su alianza con IU, Más Madrid y Movimiento Sumar, enviará una delegación a la charla, aunque aún no confirma por quién estará compuesta El pacto de última hora de IU y Podemos en Andalucía, una solución de urgencia que no despeja la X de cara a las generales elDiario.es fuentes de la formación catalana, que sin embargo no concretan todavía qué miembros de su dirección acudirán a escuchar a Rufián y Montero a la Universitat Pompeu Fabra. Será allí donde tendrá lugar el evento, que moderará precisamente el exlíder de los Comuns, Xavier Domènech. Fuentes de Catalunya en Comú —que se encuentra en pleno proceso de reconfiguración de su alianza con IU, Más Madrid y Movimiento Sumar— tratan de dar normalidad a esa decisión y recuerdan que, al igual que harán este jueves, ya enviaron una delegación el 18 de febrero al acto que compartieron Rufián y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado. A esa charla, en la que el dirigente de ERC concretó su propuesta de unidad de las izquierdas estatales y nacionalistas, también acudieron como público altos dirigentes de IU, Movimiento Sumar o Más Madrid. Por el contrario, quien faltó fue Podemos, cuya líder, Ione Belarra, rechazó la idea de Rufián por centrarse únicamente en la “matemática parlamentaria” y no en combatir “la inacción del PSOE”, que —dijo— es “la que no para de alimentar a Vox”. Desde entonces, no obstante, Podemos ha cambiado de estrategia, una decisión en la que han tenido que ver los malos resultados electorales en las elecciones autonómicas de Aragón y Castilla y León. El mismo día que se anunció el acto, el pasado 19 de marzo, fuentes de la formación morada aseguraban que Montero y Rufián habían comenzado ya a hablar sobre “cómo colaborar de cara a unas futuras elecciones generales”. La propia número dos de Podemos, por su parte, afirmó que le parecía “muy buena idea” hacer “equipo con Gabriel”. Y Belarra fue aún más lejos y mencionó abiertamente una posible alianza electoral para hacer frente a las derechas. “A mí no se me ocurre un equipo mejor para poner ese proyecto en marcha que el equipo de Montero y Rufián”, señaló. Estas declaraciones no sentaron bien en el entorno del portavoz de ERC, que se apresuró a rebajar el alcance del acto e insistió en que únicamente se trata de una “charla” y no el primer paso de una colaboración más estrecha de cara a las generales. Lo cierto es que la relación de Rufián con su propio partido no pasa por el momento más dulce, ya que el líder republicano Oriol Junqueras rechaza de plano cualquier alianza con la izquierda de ámbito estatal para las elecciones generales, y en las últimas semanas ha endurecido el tono contra la propuesta de su portavoz en el Congreso. Junqueras, de hecho, confirmó hace unos días que “seguramente no” acudirá al acto de Rufián y Montero, una decisión que achacó a motivos de “agenda”. Fuentes de la izquierda alternativa de ámbito estatal explican que los Comuns han tenido dudas a la hora de decidir si enviaban o no una delegación al acto del jueves, entre otros motivos por el riesgo de que esa decisión acabe agravando el choque entre Rufián y Junqueras. De hecho, este lunes por la mañana el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, miembro de la dirección de Catalunya en Comú, echó balones fuera y evitó confirmar si dirigentes de su partido acudirían a la charla. La decisión final que han adoptado los Comuns llega apenas unos días después de que Podemos pactara a última hora su integración en la coalición Por Andalucía para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Tras meses negándose a concurrir en cualquier alianza en la que estuviera presente Movimiento Sumar, los morados acudirán a las urnas junto a IU y a la formación de Yolanda Díaz, si bien el acuerdo no ha dejado demasiado satisfecho a Podemos, ya que tanto IU como Sumar han rechazado cederle un puesto de salida en las listas. Este lunes, el ex secretario general morado, Pablo Iglesias, lamentó que el reparto de puestos vaya a dejar —previsiblemente— “sin diputados” a Podemos, y criticó que el acuerdo “muy generoso no es” para con su partido.

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Los Comuns asistirán como público al acto que compartirán Rufián y Montero en Barcelona
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Los Comuns asistirán como público al acto que compartirán Rufián y Montero en Barcelona

La formación catalana, que se encuentra en pleno proceso de reconfiguración de su alianza con IU, Más Madrid y Movimiento Sumar, enviará una delegación a la charla, aunque aún no confirma por quién estará compuesta El pacto de última hora de IU y Podemos en Andalucía, una solución de urgencia que no despeja la X de cara a las generales elDiario.es fuentes de la formación catalana, que sin embargo no concretan todavía qué miembros de su dirección acudirán a escuchar a Rufián y Montero a la Universitat Pompeu Fabra. Será allí donde tendrá lugar el evento, que moderará precisamente el exlíder de los Comuns, Xavier Domènech. Fuentes de Catalunya en Comú —que se encuentra en pleno proceso de reconfiguración de su alianza con IU, Más Madrid y Movimiento Sumar— tratan de dar normalidad a esa decisión y recuerdan que, al igual que harán este jueves, ya enviaron una delegación el 18 de febrero al acto que compartieron Rufián y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado. A esa charla, en la que el dirigente de ERC concretó su propuesta de unidad de las izquierdas estatales y nacionalistas, también acudieron como público altos dirigentes de IU, Movimiento Sumar o Más Madrid. Por el contrario, quien faltó fue Podemos, cuya líder, Ione Belarra, rechazó la idea de Rufián por centrarse únicamente en la “matemática parlamentaria” y no en combatir “la inacción del PSOE”, que —dijo— es “la que no para de alimentar a Vox”. Desde entonces, no obstante, Podemos ha cambiado de estrategia, una decisión en la que han tenido que ver los malos resultados electorales en las elecciones autonómicas de Aragón y Castilla y León. El mismo día que se anunció el acto, el pasado 19 de marzo, fuentes de la formación morada aseguraban que Montero y Rufián habían comenzado ya a hablar sobre “cómo colaborar de cara a unas futuras elecciones generales”. La propia número dos de Podemos, por su parte, afirmó que le parecía “muy buena idea” hacer “equipo con Gabriel”. Y Belarra fue aún más lejos y mencionó abiertamente una posible alianza electoral para hacer frente a las derechas. “A mí no se me ocurre un equipo mejor para poner ese proyecto en marcha que el equipo de Montero y Rufián”, señaló. Estas declaraciones no sentaron bien en el entorno del portavoz de ERC, que se apresuró a rebajar el alcance del acto e insistió en que únicamente se trata de una “charla” y no el primer paso de una colaboración más estrecha de cara a las generales. Lo cierto es que la relación de Rufián con su propio partido no pasa por el momento más dulce, ya que el líder republicano Oriol Junqueras rechaza de plano cualquier alianza con la izquierda de ámbito estatal para las elecciones generales, y en las últimas semanas ha endurecido el tono contra la propuesta de su portavoz en el Congreso. Junqueras, de hecho, confirmó hace unos días que “seguramente no” acudirá al acto de Rufián y Montero, una decisión que achacó a motivos de “agenda”. Fuentes de la izquierda alternativa de ámbito estatal explican que los Comuns han tenido dudas a la hora de decidir si enviaban o no una delegación al acto del jueves, entre otros motivos por el riesgo de que esa decisión acabe agravando el choque entre Rufián y Junqueras. De hecho, este lunes por la mañana el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, miembro de la dirección de Catalunya en Comú, echó balones fuera y evitó confirmar si dirigentes de su partido acudirían a la charla. La decisión final que han adoptado los Comuns llega apenas unos días después de que Podemos pactara a última hora su integración en la coalición Por Andalucía para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Tras meses negándose a concurrir en cualquier alianza en la que estuviera presente Movimiento Sumar, los morados acudirán a las urnas junto a IU y a la formación de Yolanda Díaz, si bien el acuerdo no ha dejado demasiado satisfecho a Podemos, ya que tanto IU como Sumar han rechazado cederle un puesto de salida en las listas. Este lunes, el ex secretario general morado, Pablo Iglesias, lamentó que el reparto de puestos vaya a dejar —previsiblemente— “sin diputados” a Podemos, y criticó que el acuerdo “muy generoso no es” para con su partido.

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Ayuso ve una "catetada" trasladar el Guernica y Aitor Esteban responde que "catetada" es que su "principal reivindicación sea tomarse una caña"
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Ayuso ve una "catetada" trasladar el Guernica y Aitor Esteban responde que "catetada" es que su "principal reivindicación sea tomarse una caña"

El Gobierno vasco ha pedido al de Pedro Sánchez el traslado temporal del 'Guernica' a Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027 Pradales insiste a Sánchez: “¿Sacaron a Franco de su tumba y no son capaces de traer el 'Guernica' desde Madrid?” En declaraciones a los periodistas en el municipio de Parla, Ayuso ha reconocido que las obras se pueden trasladar de museos y habitualmente se comparten, pero ha apuntado que el traslado del 'Guernica' pondría en riesgo la integridad de la obra y desde su punto de vista “lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga”. “Ahora vamos a celebrar el Gran Premio de Fórmula 1 de España para que todos los españoles se beneficien. Viene el papa. Queremos que todas las congregaciones, que todo el mundo en España se beneficie. Desde Madrid lo que queremos es que todos crezcamos juntos”, ha argumentado. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del PNV, Aitor Esteban, ya se enzarzaron este domingo tras la petición del Gobierno Vasco para que el 'Guernica' sea exhibido temporalmente en el Museo Guggenheim de Bilbao. En un mensaje en su cuenta oficial en X, Díaz Ayuso escribió que “las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas, catetas. Un burdo negocio político”, adjuntando una entrevista a Aitor Esteban en la que indicaba que el traslado del 'Guernica' es posible si hay voluntad política. El presidente del PNV le respondió a través de la misma red social asegurando que “la memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza”. A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno Vasco solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez el traslado temporal del 'Guernica' a Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027 con motivo del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de la localidad vizcaína de Gernika el 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil.

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Ayuso ve una "catetada" trasladar el Guernica y Aitor Esteban responde que "catetada" es que su "principal reivindicación sea tomarse una caña"
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Ayuso ve una "catetada" trasladar el Guernica y Aitor Esteban responde que "catetada" es que su "principal reivindicación sea tomarse una caña"

El Gobierno vasco ha pedido al de Pedro Sánchez el traslado temporal del 'Guernica' a Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027 Pradales insiste a Sánchez: “¿Sacaron a Franco de su tumba y no son capaces de traer el 'Guernica' desde Madrid?” En declaraciones a los periodistas en el municipio de Parla, Ayuso ha reconocido que las obras se pueden trasladar de museos y habitualmente se comparten, pero ha apuntado que el traslado del 'Guernica' pondría en riesgo la integridad de la obra y desde su punto de vista “lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga”. “Ahora vamos a celebrar el Gran Premio de Fórmula 1 de España para que todos los españoles se beneficien. Viene el papa. Queremos que todas las congregaciones, que todo el mundo en España se beneficie. Desde Madrid lo que queremos es que todos crezcamos juntos”, ha argumentado. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del PNV, Aitor Esteban, ya se enzarzaron este domingo tras la petición del Gobierno Vasco para que el 'Guernica' sea exhibido temporalmente en el Museo Guggenheim de Bilbao. En un mensaje en su cuenta oficial en X, Díaz Ayuso escribió que “las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas, catetas. Un burdo negocio político”, adjuntando una entrevista a Aitor Esteban en la que indicaba que el traslado del 'Guernica' es posible si hay voluntad política. El presidente del PNV le respondió a través de la misma red social asegurando que “la memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza”. A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno Vasco solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez el traslado temporal del 'Guernica' a Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027 con motivo del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de la localidad vizcaína de Gernika el 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil.

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El juez atribuye un fraude fiscal de 88 millones al empresario que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez
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El juez atribuye un fraude fiscal de 88 millones al empresario que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez

Se une a otros delitos por los que se encuentra procesado como presunto cabecilla del entramado que ideó la estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club Redes sociales clausuradas y sede con la persiana echada tras el repentino cierre del club financiero patrocinado por Alvise Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria”. Y precisa que habría sido en los ejercicios 2023 y 2024, “tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica”. Calama indica que las cuotas supuestamente defraudadas del IRPF ascenderían a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024, mientras que del Impuesto sobre el Patrimonio se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 en 2024. A su juicio, “concurren los elementos subjetivos del delito, en tanto la conducta descrita revela la existencia de dolo defraudatorio”. Habría consistido —indica— en “la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable, discrepancia interpretativa o negligencia, supuestos que carecen de relevancia penal”. Mantiene a Romillo en prisión provisional El juez también acuerda mantener todas las medidas cautelares acordadas para los procesados —Romillo y nueve personas más—, al no apreciar circunstancias para modificarlas. Respecto al empresario, alias 'CryptoSpain' y que se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre por esta causa, mantiene esa medida para “evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva”, añadiendo que “el escaso tiempo transcurrido desde su adopción, apenas un mes, no determina por sí solo cambio alguno”. Calama subraya que un informe de Hacienda es la “única diligencia de investigación practicada que supone la modificación de los hechos expresados” en el auto de procesamiento del pasado diciembre, que apreciaba presuntos delitos masa de estafa y organización criminal, a los que ahora añade el de contra la Hacienda Pública. En dicha resolución, el magistrado calificó a Romillo como presunto cabecilla del entramado de la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión en criptomonedas. Fue entonces cuando acordó el procesamiento de los diez procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores, entre ellos representados por Aránguez Abogados.

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El juez atribuye un fraude fiscal de 88 millones al empresario que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez
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El juez atribuye un fraude fiscal de 88 millones al empresario que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez

Se une a otros delitos por los que se encuentra procesado como presunto cabecilla del entramado que ideó la estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club Redes sociales clausuradas y sede con la persiana echada tras el repentino cierre del club financiero patrocinado por Alvise Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria”. Y precisa que habría sido en los ejercicios 2023 y 2024, “tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica”. Calama indica que las cuotas supuestamente defraudadas del IRPF ascenderían a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024, mientras que del Impuesto sobre el Patrimonio se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 en 2024. A su juicio, “concurren los elementos subjetivos del delito, en tanto la conducta descrita revela la existencia de dolo defraudatorio”. Habría consistido —indica— en “la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable, discrepancia interpretativa o negligencia, supuestos que carecen de relevancia penal”. Mantiene a Romillo en prisión provisional El juez también acuerda mantener todas las medidas cautelares acordadas para los procesados —Romillo y nueve personas más—, al no apreciar circunstancias para modificarlas. Respecto al empresario, alias 'CryptoSpain' y que se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre por esta causa, mantiene esa medida para “evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva”, añadiendo que “el escaso tiempo transcurrido desde su adopción, apenas un mes, no determina por sí solo cambio alguno”. Calama subraya que un informe de Hacienda es la “única diligencia de investigación practicada que supone la modificación de los hechos expresados” en el auto de procesamiento del pasado diciembre, que apreciaba presuntos delitos masa de estafa y organización criminal, a los que ahora añade el de contra la Hacienda Pública. En dicha resolución, el magistrado calificó a Romillo como presunto cabecilla del entramado de la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión en criptomonedas. Fue entonces cuando acordó el procesamiento de los diez procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores, entre ellos representados por Aránguez Abogados.

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El PP de Feijóo dice no ser "juez" para "decidir" si Rajoy y Cospedal fueron responsables de la Operación Kitchen
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El PP de Feijóo dice no ser "juez" para "decidir" si Rajoy y Cospedal fueron responsables de la Operación Kitchen

Ayuso asegura que la dirección actual de su partido "no tiene nada que ver" con el caso que se ha empezado a juzgar este lunes: "Estamos hablando de hace 13 años" Vídeo - 'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen inicio del juicio de Kitchen que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, Bravo ha pedido “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”. “El PP tiene una posición clara, que la Justicia actúe con clara independencia y los culpables paguen por los delitos”, ha añadido Bravo en una rueda de prensa en la que en su intervención inicial ha hablado de la “semana judicial” sin ni siquiera mencionar el de Kitchen, que sienta en el banquillo de los acusados a un exministro del PP, Jorge Fernández Díaz, a un secretario de Estado del Ejecutivo de Rajoy como Francisco Martínez, y que llevará a declarar como testigos al propio expresidente del Gobierno, a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción”, ha dicho Bravo, que ha querido remarcar que “el PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa”. “Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, ha zanjado el vicesecretario popular ante las preguntas de la prensa. Además, ha dado a entender que su partido ya pagó por la corrupción: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”.  Ayuso: “Son situaciones totalmente diferentes” Unos minutos antes y en otra comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había querido diferenciar este lunes los dos macrojuicios que comienzan esta misma semana. Del de Kitchen, que investiga la operación del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP para ocultar los llamados papeles de Bárcenas, Ayuso ha dicho que “actualmente el PP quien lo preside no tienen nada que ver”. “Estamos hablando de hace 13 años”, ha dicho. En cambio, sobre el juicio del caso Mascarillas que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y Koldo García, ha dicho que “se investiga la corrupción de este Gobierno”, en alusión al de Pedro Sánchez. “Son situaciones totalmente diferentes”, ha insistido, en rueda de prensa. Bravo también se ha referido extensamente a este último caso. “Los españoles vuelven al trabajo y los de Sánchez a los banquillos”, ha ironizado. Según ha dicho, con el juicio sobre el caso Mascarillas el Tribunal Supremo “dirimirá las responsabilidades de una corrupción que los españoles han vivido en directo”. “El clan Sánchez tiene que responder a 400 años de cárcel”, ha dicho. window.marfeel.cmd.push(['multimedia', function(multimedia) { multimedia.initializeItem('yt-Rz7IdzDSs-E-4028', 'youtube', 'Rz7IdzDSs-E', document.getElementById('yt-Rz7IdzDSs-E-4028')); }]);

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El PP de Feijóo dice no ser "juez" para "decidir" si Rajoy y Cospedal fueron responsables de la Operación Kitchen

Ayuso asegura que la dirección actual de su partido "no tiene nada que ver" con el caso que se ha empezado a juzgar este lunes: "Estamos hablando de hace 13 años" Vídeo - 'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen inicio del juicio de Kitchen que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, Bravo ha pedido “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”. “El PP tiene una posición clara, que la Justicia actúe con clara independencia y los culpables paguen por los delitos”, ha añadido Bravo en una rueda de prensa en la que en su intervención inicial ha hablado de la “semana judicial” sin ni siquiera mencionar el de Kitchen, que sienta en el banquillo de los acusados a un exministro del PP, Jorge Fernández Díaz, a un secretario de Estado del Ejecutivo de Rajoy como Francisco Martínez, y que llevará a declarar como testigos al propio expresidente del Gobierno, a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción”, ha dicho Bravo, que ha querido remarcar que “el PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa”. “Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, ha zanjado el vicesecretario popular ante las preguntas de la prensa. Además, ha dado a entender que su partido ya pagó por la corrupción: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”. Ayuso: “Son situaciones totalmente diferentes” Unos minutos antes y en otra comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había querido diferenciar este lunes los dos macrojuicios que comienzan esta misma semana. Del de Kitchen, que investiga la operación del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP para ocultar los llamados papeles de Bárcenas, Ayuso ha dicho que “actualmente el PP quien lo preside no tienen nada que ver”. “Estamos hablando de hace 13 años”, ha dicho. En cambio, sobre el juicio del caso Mascarillas que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y Koldo García, ha dicho que “se investiga la corrupción de este Gobierno”, en alusión al de Pedro Sánchez. “Son situaciones totalmente diferentes”, ha insistido, en rueda de prensa. Bravo también se ha referido extensamente a este último caso. “Los españoles vuelven al trabajo y los de Sánchez a los banquillos”, ha ironizado. Según ha dicho, con el juicio sobre el caso Mascarillas el Tribunal Supremo “dirimirá las responsabilidades de una corrupción que los españoles han vivido en directo”. “El clan Sánchez tiene que responder a 400 años de cárcel”, ha dicho. window.marfeel.cmd.push(['multimedia', function(multimedia) { multimedia.initializeItem('yt-Rz7IdzDSs-E-9495', 'youtube', 'Rz7IdzDSs-E', document.getElementById('yt-Rz7IdzDSs-E-9495')); }]);

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El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante "nuevas" pruebas
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El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante "nuevas" pruebas

Los socialistas insisten en que se aporten tres audios que García Castellón aparcó en una pieza secreta. En uno de ellos Cospedal reconoce al comisario Villarejo que accedía los informes policiales del caso de la caja B del PP antes que el juez Ruz El juez Piña y Anticorrupción rechazan volver a imputar a Cospedal pese a los nuevos indicios contra ella en Kitchen Bárcenas denuncia ante el tribunal de Kitchen que fue sometido a un “cacheo integral” cuando estuvo en prisión window.marfeel.cmd.push(['multimedia', function(multimedia) { multimedia.initializeItem('yt-P-t8jOdBBkA-8217', 'youtube', 'P-t8jOdBBkA', document.getElementById('yt-P-t8jOdBBkA-8217')); }]); han dormido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado. La abogada Gloria Pascual, en representación del PSOE, ha expuesto el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir. García Castellón había abierto una pieza, la 34, donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. El contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses. En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen. Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Este lunes, la abogada del PSOE ha insistido: “Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la causa. Desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”. El PSOE ha justificado que se convierta al PP en responsable civil a título lucrativo porque era el principal beneficiado de que la Operación Kitchen triunfara, ya que lo que buscaba el operativo parapolicial era sabotear la acción judicial contra el PP en el caso de su financiación irregular. Acusados y separados El primero en intervenir en el trámite de las cuestiones previas ha sido el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El abogado Jesús Mandri ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos porque no es uno de los encargos que recibió de particulares Villarejo, como en el resto de piezas de la macrocausa. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”, ha dicho. Los principales imputados, si se atiende a la jerarquía que mantenían en Interior, han estado de acuerdo en la estrategia inicial. A los argumentos de Fernández Díaz se han sumado los de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y de Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo de la Policía. Han considerado que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los hechos y han pedido que se anule el juicio y que se envíen las actuaciones a un juzgado ordinario. En el banquillo, los diez acusados siguen el trámite de las cuestiones previas. Solo los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano se sientan juntos –comparten abogada– mientras que el resto de acusados han dejado un asiento de distancia con el siguiente, incluidos Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez.

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El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante "nuevas" pruebas
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El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante "nuevas" pruebas

Los socialistas insisten en que se aporten tres audios que García Castellón aparcó en una pieza secreta. En uno de ellos Cospedal reconoce al comisario Villarejo que accedía los informes policiales del caso de la caja B del PP antes que el juez Ruz El juez Piña y Anticorrupción rechazan volver a imputar a Cospedal pese a los nuevos indicios contra ella en Kitchen Bárcenas denuncia ante el tribunal de Kitchen que fue sometido a un “cacheo integral” cuando estuvo en prisión window.marfeel.cmd.push(['multimedia', function(multimedia) { multimedia.initializeItem('yt-P-t8jOdBBkA-1872', 'youtube', 'P-t8jOdBBkA', document.getElementById('yt-P-t8jOdBBkA-1872')); }]); han dormido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado. La abogada Gloria Pascual, en representación del PSOE, ha expuesto el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir. García Castellón había abierto una pieza, la 34, donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. El contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses. En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen. Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Este lunes, la abogada del PSOE ha insistido: “Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la causa. Desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”. El PSOE ha justificado que se convierta al PP en responsable civil a título lucrativo porque era el principal beneficiado de que la Operación Kitchen triunfara, ya que lo que buscaba el operativo parapolicial era sabotear la acción judicial contra el PP en el caso de su financiación irregular. Acusados y separados El primero en intervenir en el trámite de las cuestiones previas ha sido el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El abogado Jesús Mandri ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos porque no es uno de los encargos que recibió de particulares Villarejo, como en el resto de piezas de la macrocausa. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”, ha dicho. Los principales imputados, si se atiende a la jerarquía que mantenían en Interior, han estado de acuerdo en la estrategia inicial. A los argumentos de Fernández Díaz se han sumado los de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y de Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo de la Policía. Han considerado que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los hechos y han pedido que se anule el juicio y que se envíen las actuaciones a un juzgado ordinario. En el banquillo, los diez acusados siguen el trámite de las cuestiones previas. Solo los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano se sientan juntos –comparten abogada– mientras que el resto de acusados han dejado un asiento de distancia con el siguiente, incluidos Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez.

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