Los trabajadores de Fate se movilizaron este miércoles a la Gobernación bonaerense para entregar un nuevo petitorio de reunión a Axel Kicillof, en un intento por destrabar un conflicto que lleva más de un mes sin resolución. En paralelo, avanzaron con una presentación en la Legislatura para impulsar una salida que garantice la continuidad productiva de la empresa.
El reclamo apunta a que la Provincia intervenga para sostener la actividad, pero en el gobierno bonaerense insisten en que la responsabilidad central es de la Nación. Kicillof ya había recibido a los trabajadores y, según pudo reconstruir TN, plantea que no puede hacerse cargo de manera aislada del rescate de una empresa en un contexto de cierres en distintos sectores.
En ese marco, el gobernador sostiene que los recursos estructurales están en manos de la administración de Javier Milei y que la salida debe venir de allí, aunque la Provincia acompañará el reclamo de los trabajadores dentro de sus posibilidades.
El conflicto sumó otro capítulo político en el Congreso: el mismo día, una delegación del SUTNA se reunió con Máximo Kirchner, en un gesto que fue una señal de respaldo en medio de la disputa.
Un reclamo que escala en la provincia
Además del pedido de audiencia con Kicillof, los trabajadores promovieron un proyecto de “ocupación temporal” en la Legislatura bonaerense para sostener la operación de la planta.
La iniciativa apunta a evitar el cierre de la empresa y preservar los puestos de trabajo en una firma que, según el sindicato, ocupa un lugar clave en el entramado productivo. Desde el sindicato remarcan su rol estratégico como proveedor de neumáticos para el transporte de cargas y de pasajeros, un insumo central para la actividad económica.
El SUTNA reforzó su postura en la audiencia realizada este miércoles en el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde cuestionó los datos difundidos por la empresa y sostuvo que “los números son falaces” y buscan generar confusión sobre la situación real de la planta. El gremio ratificó que defenderá la continuidad productiva y que avanzará por las vías administrativas, legislativas y judiciales para sostener la actividad.
En el entorno del gobernador advierten que incluso en un escenario de administración ordenada, sostener la producción implicaría subsidiar el precio del neumático frente a la competencia importada, lo que obligaría a reasignar recursos de áreas sensibles como salud, educación o seguridad.
Bajo ese enfoque, rechazan la posibilidad de intervenir en soledad y remarcan que hacerlo implicaría establecer un criterio diferencial frente a otras empresas que también enfrentan dificultades en el actual contexto económico.
Señales políticas y respaldo sindical
En paralelo a la protesta en La Plata, el SUTNA se reunió con Máximo Kirchner. “Todo mi apoyo a las y los trabajadores de Fate quienes fueron despedidos de la empresa de manera injusta”, dijo el diputado, también planteó que “la producción nacional es una condición necesaria para el desarrollo de la Argentina”.
Para el líder de La Cámpora, los trabajadores “son garantes del crecimiento de la industria”, y cuestionó que el modelo económico del Gobierno nacional “solo asegura desocupación y salarios de miseria”.
Desde el sindicato destacaron a la reunión como un respaldo político en un momento clave. Si bien no hubo un planteo explícito sobre una eventual intervención provincial, la coincidencia con la movilización en la Gobernación reforzó la idea de un alineamiento con el reclamo.
El conflicto también sumó el acompañamiento de sectores sindicales. El SUTNA ya había mantenido contactos con Pablo Moyano, donde insistieron en que la fábrica no es una empresa más, sino un actor estratégico para la industria nacional y, fundamentalmente, para la seguridad del transporte de cargas.
Cruces con la Nación y advertencias por el impacto
Del lado del Gobierno nacional, Javier Milei mantiene una postura distante. El Presidente encuadra el conflicto como un problema entre privados y apunta al empresario dueño de la compañía. En ese sentido, desde la Casa Rosada sostienen que las empresas locales deben adaptarse para competir en precios en un mercado abierto.
Esa visión choca con la de los sindicatos, que atribuyen la crisis a la apertura de importaciones y alertan sobre sus consecuencias. ATE advirtió que el cierre de Fate podría poner en riesgo el transporte de pasajeros en todo el país por la falta de un insumo clave.
El gremio también planteó que la combinación de importaciones sin controles, deterioro de rutas y cambios en los organismos de regulación configura un escenario de riesgo en términos de seguridad.
Con posiciones enfrentadas y sin una mesa de negociación consolidada, el conflicto suma presión sobre todos los actores. Mientras los trabajadores profundizan las medidas y buscan respaldo político, la discusión de fondo gira sobre quién debe asumir el costo de sostener una actividad considerada estratégica en medio de un cambio de modelo económico.
