La investigación judicial por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este en vuelos privados sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en el que solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice una serie de medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.
El planteo del fiscal se inscribe en la causa caratulada “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, en la que se investiga el viaje del funcionario y el financiamiento de los vuelos privados. En su presentación, Pollicita sostuvo que las diligencias solicitadas buscan continuar colaborando con la profundización de la investigación y complementar medidas que ya fueron ordenadas por el juzgado.
Entre los pedidos centrales, el fiscal requirió que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.
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También solicitó información sobre los movimientos migratorios de la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y de otras personas que hayan integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.
El requerimiento incluye datos detallados: fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. Además, el fiscal pidió que el organismo realice un cruce de la información para determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.
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Otro punto del dictamen apunta al registro interno de esos movimientos en el sistema migratorio. Pollicita solicitó que se identifique a los usuarios del organismo que intervinieron en la carga, validación o modificación de los registros vinculados a los vuelos investigados, con detalle de nombres, áreas de pertenencia, fechas, horarios e incluso las terminales e IP utilizadas en el proceso.
En paralelo, el fiscal pidió que el juez autorice a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a intervenir en el expediente y en actuaciones complementarias. Según surge del dictamen, el objetivo es que ese organismo pueda analizar aspectos vinculados con la actuación administrativa de los funcionarios y de terceros involucrados en el caso.
La intervención de la PIA, de concretarse, permitiría que ese organismo examine la documentación del expediente y utilice las herramientas con las que cuenta para evaluar eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el uso de recursos del Estado y con la actuación de quienes aparecen mencionados en la causa.
El dictamen también incluye un requerimiento dirigido a la empresa JAG Executive Aviation S.A., propietaria del avión involucrado en los vuelos investigados. Pollicita solicitó que la firma informe si recibió alguna carta documento u otra intimación vinculada con los hechos del expediente, en particular la que, según declaró una testigo, habría sido enviada en el marco del conflicto por la factura correspondiente al tramo de regreso del viaje.
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El pedido apunta a que la empresa detalle la fecha de recepción de esa comunicación, quién la remitió, quién la recibió dentro de la firma, qué tratamiento interno se le dio y si fue respondida. También solicitó que se acompañe copia de la documentación vinculada con ese intercambio.
Las nuevas medidas se suman a una serie de movimientos recientes dentro del expediente. En los últimos días, el juez Lijo dictó medidas de protección para una testigo clave de la causa, Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation. La decisión se tomó luego de un pedido del fiscal Pollicita, tras la denuncia de la mujer sobre presuntos hostigamientos y presiones.
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Según se informó, el magistrado ordenó que el periodista Marcelo Grandio —amigo de Adorni y uno de los implicados en la investigación— se abstenga de contactarla por cualquier vía y estableció una restricción de acercamiento a su domicilio, su lugar de trabajo y otros ámbitos de concurrencia habitual. La medida se adoptó después de que la testigo relatara que, mientras declaraba ante la Justicia, recibió llamados y mensajes de Grandio.
En su testimonio, Tossi sostuvo que el periodista fue quien pagó el traslado y que habría pedido que no se emitiera factura por ese servicio. A partir de ese episodio, el fiscal impulsó además una investigación paralela para determinar si existieron amenazas o coacciones relacionadas con su declaración.
