Entré al Politécnico José Manuel Buret Taveras un lunes cualquiera, a las tres de la tarde, pero lo que ocurrió dentro de esa aula estuvo lejos de ser ordinario. No hubo toga ni martillo, tampoco estrados ni formalidades judiciales. Hubo, en cambio, algo mucho más poderoso: jóvenes que decidieron representar la justicia para entenderla. Así comenzó la Clase 20 de “Constitución Viva para Todos y Todas”, dedicada a un ejercicio tan simple como profundo: un juicio simbólico sobre un derecho denegado.
La dinámica fue clara desde el inicio. No se trataba de memorizar conceptos ni de repetir artículos. Se trataba de sentir lo que ocurre cuando un derecho no llega, cuando la justicia se retrasa, cuando alguien no es escuchado. A través de la dramatización —ese recurso antiguo que precede incluso al derecho escrito— los estudiantes asumieron roles: jueces, partes, testigos, ciudadanía. Y en ese juego serio, en ese ensayo cívico, apareció una pregunta que atravesó toda la clase: ¿qué significa realmente tener acceso a la justicia?
Leímos juntos, en una sola voz, el artículo 69 de la Constitución Dominicana, que consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Las palabras sonaron solemnes, pero lo verdaderamente importante vino después, cuando cada estudiante pudo contrastar el texto constitucional con la escena que acababan de representar. Entendieron, sin necesidad de discursos largos, que la justicia no es un edificio ni una sentencia, sino una experiencia concreta: ser oído, ser tratado con dignidad, recibir una respuesta oportuna.
El ejercicio se completó con fragmentos audiovisuales —el episodio sonoro de la clase y escenas de El juicio de los 7 de Chicago— que permitieron ampliar la conversación. No para comparar realidades de manera superficial, sino para mostrar que la tensión entre poder, derechos y justicia atraviesa todas las democracias. La diferencia está en cómo cada sociedad decide resolverla.
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Lo más valioso ocurrió al final, cuando los grupos presentaron su “Gran Corte”, construida colectivamente. No hubo respuestas perfectas, pero sí conciencia. Conciencia de que la Constitución no vive en los libros, sino en las decisiones diarias; de que el debido proceso no es un tecnicismo, sino una garantía frente al abuso; y de que la justicia, para ser real, debe ser comprensible y cercana.
Salí del aula convencido de algo que se repite en cada visita: cuando la Constitución se enseña desde la experiencia, deja de ser una promesa abstracta y se convierte en una herramienta de vida. Ese día, en ese politécnico, la justicia no fue un concepto. Fue una escena, una voz, una pregunta abierta. Y eso, en un país que aspira a fortalecer su democracia, ya es una forma concreta de avanzar.
