La Guardia Civil se persona ahora en la causa de los dos guardias civiles asesinados en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz), pero sólo para reclamar por los daños materiales: los daños a la zódiac en la que iban los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, brutalmente asesinados por narcotraficantes. Los compañeros de los guardias civiles están que trinan con esta decisión. No dan crédito a que se persone únicamente para «pedir la factura».
La personación de la Benemérita llega dos años después de iniciarse el procedimiento judicial. El tribunal de instancia dictó el pasado 16 de marzo una providencia admitiéndola y ha sido a través de dicha resolución que se ha conocido esta maniobra que ha sentado entre los agentes con gran indignación, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales.
Así, la Guardia Civil ha dado el mismo paso que la Abogacía del Estado, que también se ha personado recientemente para reclamar por la zódiac. En el caso de la Abogacía, no acusará a los narcos porque la ley no lo permite. Cuando los agentes fallecen en acto de servicio, no puede personarse para acusar en su nombre o en nombre del Ministerio del Interior. Dicha función corresponde únicamente a la Fiscalía.
Para que la Abogacía del Estado pudiera ejercitar la acusación tendría que reformarse la ley. Una iniciativa que han reivindicado tanto asociaciones de guardias civiles como numerosas personalidades en las últimas semanas con motivo de este caso.
Por su parte, las familias de los agentes asesinados piden hasta 119 años de cárcel para el piloto de la narcolancha y una indemnización de dos millones y medio de euros, mientras que los compañeros de los guardias civiles piden 103 años de cárcel para los narcos, quienes serán juzgados en la Audiencia Provincial de Cádiz por un juzgado popular.
Inaceptable
«Es inaceptable que la Dirección General se persone exclusivamente por los daños en bienes materiales. No ha venido a pedir Justicia, sino a pedir la factura», declara a OKDIARIO Diego Madrazo, secretario de Relaciones Institucionales de la AUGC, la mayoritaria.
Además, destaca que su asociación «ha estado junto a las familias desde el primer minuto, ejerciendo una acusación popular real frente a una administración que llega cuando los plazos legales ya han expirado para los trámites fundamentales».
«Estaremos ante el tribunal del jurado exigiendo la condena que corresponde y cubriendo el vacío que deja una Dirección General que, por su propia desidia, ha quedado fuera de los actos procesales clave del juicio», señala.
«Con dos años de retraso, la Guardia Civil se persona en la causa del asesinato de David y Miguel Ángel en Barbate. Pero se persona como perjudicada sólo de los daños materiales en bienes de la institución», ha denunciado también en redes sociales Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI y guardia civil, emplazando a sus compañeros a que tomen nota. «Que no seas tú la víctima, dejarán a tu familia tirada», advierte.
Ha sido la AUGC quien ha revelado públicamente la personación de la Guardia Civil en este caso. Como está personada como acusación popular, se le dan traslado de las actuaciones.
Esta asociación advierte que una incorporación tardía «tiene consecuencias procesales que no se pueden revertir». «El proceso judicial se encuentra en una fase avanzada y quienes no estuvieron presentes desde el inicio no pudieron ejercer derechos fundamentales para la búsqueda de Justicia que ya no pueden recuperarse: la presentación del escrito de acusación, la proposición de prueba, la petición de pena o la participación en el auto de hechos justiciables», precisa.
El propio magistrado ha hecho constar expresamente en su resolución que la personación tardía impide realizar cualquier acto procesal cuyo trámite haya precluido. De cualquier modo, según se desprende de la providencia judicial, la Dirección General de la Guardia Civil se ha personado en calidad de perjudicada únicamente por los daños ocasionados en bienes materiales de la institución.
Desde la AUGC recuerdan esta asociación ejerce la acusación popular desde el inicio de esta causa: «Sin esperar instrucciones, sin calcular conveniencias, entendimos desde el primer momento que David y Miguel Ángel merecían que alguien se plantara en ese juzgado a exigir Justicia en su nombre».
La AUGC ha presentado escrito de acusación, ha propuesto prueba, ha pedido pena y ha participado en cada fase del procedimiento. «Hemos estado con las familias durante todo este tiempo. Y estaremos el día del juicio, ante el jurado, reclamando la condena que merecen quienes asesinaron a dos guardias civiles que sólo estaban cumpliendo con su deber», detalla.
El máximo castigo
En concreto, reclama «el máximo castigo» ante el brutal asesinato de sus compañeros: 98 años para el piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, y cinco años para el otro narco, Yassine El Morabet.
El piloto de la narcolancha está acusado de matar a los dos agentes tras embestirlos hasta en seis ocasiones en el puerto de Barbate (Cádiz) aquel aciago 9 de febrero, junto a uno de los tripulantes que iba esa noche en la embarcación que acabó con la vida de los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez.
La AUGC destaca en su escrito de conclusiones provisionales, que el patrón de la narcolancha «embistió con plena conciencia de su actuación a una pequeña embarcación oficial de apenas 4,70 metros» en la que iban ambos agentes.
«No hubo accidente, sino una clara intención de causar el mayor daño posible aprovechando una superioridad manifiesta que dejó a nuestros compañeros sin posibilidad alguna de defensa», denuncia esta asociación, que no permitirá que «la muerte de David y Miguel Ángel quede impune ni que se ignore el sufrimiento de los supervivientes».
Tres millones de fianza
La AUGC califica los hechos de dos delitos de asesinato consumado y cuatro en grado de tentativa. Reclama para el piloto de la narcolancha 50 años de prisión por dos asesinatos consumados (25 años por cada uno); 40 años por cuatro asesinatos en grado de tentativa respecto a los agentes que sobrevivieron al ataque, pero sufrieron la embestida directa; cinco años más por un delito de atentado y otros tres años por daños.
Además, pide al tribunal que imponga a Karim El Baqqali una fianza de tres millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles.
Al otro acusado, Yassine El Morabet, le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad, por el que reclama cinco años de prisión. La AUGC destaca sobre este sujeto que «colaboró activamente utilizando un puntero láser para deslumbrar y cegar a los agentes antes del impacto».
El piloto de la narcolancha fue detenido en septiembre de 2024, después de que un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que pilotaba ‘Kiko el Cabra’, en prisión desde el día de los hechos por esta causa, fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a los dos agentes.
Posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, fueron detenidos los tres tripulantes que lo acompañaban.
Por estos hechos también fueron detenidos otros dos tripulantes de la narcolancha, quienes se encuentran en libertad tras pagar una fianza y serán juzgados en un procedimiento separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.
La AUGC lleva años denunciando que enviar a guardias civiles a combatir el narcotráfico en estas condiciones «pone en grave riesgo su vida». Por ello, reclama un refuerzo urgente de medios materiales y humanos en las unidades que luchan contra el narcotráfico. «No podemos permitir que se repitan situaciones de inferioridad técnica tan alarmantes», subraya a este respecto.
Asimismo, reivindica medios marítimos adecuados para hacer frente a las narcolanchas, porque “la seguridad de quienes nos protegen debe ser la prioridad absoluta del Estado”.
También pide por enésima vez el reconocimiento de la profesión de riesgo para los guardias civiles, así como un plan integral real contra el narcotráfico en la zona, que “aborde el problema desde la raíz y con recursos permanentes, no con parches temporales”.
Exige también responsabilidades políticas
La AUGC no sólo señala a quienes pilotaban la narcolancha que acabó con la vida de estos dos compañeros, también exige responsabilidades políticas al más alto nivel.
En este sentido, destaca que «cuando se ordena a seis agentes que presten servicio en una zodiac de dimensiones reducidas frente a monstruos de alta velocidad, se está poniendo en peligro su integridad física de forma negligente».
«La falta de medios no es una fatalidad, sino una decisión política, y quienes tomaron esas decisiones deben responder por ellas», sostiene la asociación mayoritaria de guardias civiles, que luchará por una sentencia ejemplar y un cambio real en las condiciones de trabajo de los guardias civiles.
