El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulado “CIDH reitera preocupación por medidas que afectan derechos de personas en movilidad humana”, vuelve a evidenciar un desconocimiento, cuando no un abierto irrespeto, a la condición de la República Dominicana como Estado soberano, sujeto a una Constitución y a un marco legal que definen con claridad su política migratoria.
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