El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible la solicitud de un nuevo peritaje presentada por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 lesionadas.
El juez Raymundo Mejía no evaluó el contenido de la petición, ya que argumentó que el mismo debió presentarse durante la fase investigativa, la cual ya había concluido. Además, el Tercer Juzgado de la Instrucción, en su calidad de tribunal de control, había declinado conocer la solicitud en esta etapa procesal, sin que ello implicara su admisión automática.
La decisión no cierra el proceso, y deja abierta la posibilidad de que el pedimento sea presentado nuevamente, tramitándose por la vía administrativa.
A la postura del órgano acusador se sumaron los representantes legales de las víctimas, quienes indicaron que la defensa, además de presentar el pedimento fuera de tiempo, no aportó documentación que acreditara la capacidad técnica de los peritos propuestos.
La próxima vista del caso en fase preliminar fue fijada para el próximo 16 de febrero.
Acusaciones
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la acusación atribuye a los imputados una mayor responsabilidad penal, al señalar que la estructura del techo fue sobrecargada con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin estudios técnicos que garantizaran la resistencia del inmueble.
Asimismo, sostiene que los Espaillat desatendieron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando la reducción de costos pese a los riesgos evidentes.
Las conclusiones periciales que sustentan la acusación fueron elaboradas por Leonardo de Jesús Reyes Madera, ingeniero sismorresistente; Eduardo A. Fierro, presidente de BFP Engineers; y Máximo José Corominas Quezada, ingeniero patólogo, designados por el órgano acusador.
Por estos hechos, los hermanos Espaillat enfrentan cargos por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, previstos en los artículos 319 y 320 del Código Penal.
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