Santo Domingo, R.D. El Frente Amplio rechazó la Sentencia TC/1774/25, emitida por el Tribunal Constitucional, al considerar que es inconstitucional y contraria al principio de transparencia, al excluir a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas de la aplicación de la Ley General núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.
La organización política advirtió que la decisión debilita gravemente el derecho fundamental de acceso a la información, consagrado en la Constitución dominicana, y favorece la opacidad en un sector que gestiona un servicio público esencial como la salud, financiado mediante cotizaciones obligatorias establecidas por ley.
“El Tribunal Constitucional adopta una interpretación formalista y restrictiva, reduciendo el concepto de fondos públicos exclusivamente a los recursos consignados en el Presupuesto General del Estado, e ignorando que las ARS administran recursos de la seguridad social de carácter obligatorio, destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos y dominicanas”, expresó el Frente Amplio en un comunicado.
El partido señaló que, aunque las ARS tengan naturaleza privada, ejercen funciones de interés general, operan bajo autorización estatal previa y están sometidas a una regulación intensa, por lo que no pueden ser tratadas como empresas privadas ordinarias ni quedar exentas del escrutinio ciudadano.
Asimismo, cuestionó que el Tribunal pretenda sustituir el derecho directo de la ciudadanía a la información por un control indirecto a través de la SISALRIL, al señalar que la supervisión administrativa no reemplaza el derecho constitucional a la transparencia ni garantiza un control social efectivo sobre entidades que manejan recursos de alto impacto público.
El Frente Amplio calificó como contradictorio que el propio Tribunal reconozca que el SeNaSa está sujeto a la Ley 200-04 por administrar fondos públicos, mientras excluye a las ARS privadas, lo que —a su juicio— crea una peligrosa asimetría de transparencia dentro del mismo sistema de salud.
Finalmente, el partido hizo un llamado a los sectores sociales, académicos y políticos a impulsar una reforma legal y constitucional que garantice la transparencia plena en el sistema de seguridad social, y advirtió que decisiones como esta erosionan la confianza pública, favorecen la impunidad administrativa y debilitan el control democrático sobre servicios esenciales.
glz
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