Santo Domingo.– Eduardo Núñez, abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, afirmó este jueves que los pagos por expropiaciones realizados durante la gestión de su defendido respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano.
El jurista explicó que dichos desembolsos derivaron de sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos oficiales emitidos por la Dirección General de Catastro Nacional, en apego a los procedimientos establecidos en las leyes núm. 150-14 y 107-13.
Según Núñez, una parte significativa de estos casos corresponde a expropiaciones efectuadas hace varias décadas, algunas desde los años 50 y 60, cuando el Estado ocupó terrenos destinados a carreteras, aeropuertos, parques y otras obras públicas sin completar en su momento la compensación a los propietarios.
“La Constitución prohíbe que el Estado ocupe propiedades privadas sin una compensación previa y justa. Estos pagos no fueron una decisión discrecional, sino el cumplimiento de una obligación jurídica pendiente”, sostuvo.
El abogado detalló que más del 40 % de los pagos fueron ordenados directamente por tribunales, incluyendo decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
El resto, explicó, se realizó con base en tasaciones técnicas de Catastro Nacional, en muchos casos por debajo del valor de mercado y posteriormente validadas por instancias judiciales.
“Cumplir una sentencia judicial no es corrupción”, enfatizó.
Núñez también precisó que el Ministerio de Hacienda no fijó precios, no eligió beneficiarios ni resolvió conflictos de titularidad, sino que actuó como ente ejecutor administrativo.
“La función de Hacienda fue verificar que la documentación cumpliera con los requisitos legales y ejecutar pagos previamente definidos por decretos, avalúos o sentencias. No hubo margen de discrecionalidad”, afirmó.
En respuesta a las acusaciones del Ministerio Público, la defensa aseguró que es “materialmente imposible” que Donald Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan, alegando que no existió daño patrimonial, beneficio personal ni decisiones discrecionales.
Asimismo, sostuvo que las expropiaciones no generaron pérdidas para el Estado, sino que representaron ahorros superiores a RD$10,000 millones, al haberse acordado indemnizaciones por debajo del valor de mercado.
“El Estado pagó lo que legalmente debía y recibió a cambio terrenos que ya ocupa y utiliza para fines públicos”, agregó.
Finalmente, Núñez informó que la defensa presentará ante el tribunal los fundamentos jurídicos, técnicos y constitucionales que, según dijo, desmontan las imputaciones formuladas en el caso iniciado en noviembre de 2020.
“Cuestionar estos pagos implicaría aceptar que el Estado puede ocupar terrenos durante décadas sin pagarlos, lo cual es contrario a la Constitución y al interés público”, concluyó.
