Columna de Julio Santana
La filósofa y teórica política Hannah Arendt, a quien he dedicado en tiempos recientes muchas horas de estudio y reflexión, escribió que el problema no es que la gente haga el mal, sino que llegue a considerarlo normal. Esta sentencia, tan lúcida como inquietante, guarda una relación directa con el fenómeno Epstein, emergido tras la divulgación masiva de archivos sobre sus abominables andanzas pedófilas. Nuestro interés en este caso —con capacidad para interpelar a todas las llamadas democracias occidentales— no radica únicamente en su dimensión criminal, sino en algo mucho más profundo.
No estamos ante un simple escándalo penal, sino frente a una radiografía perturbadora del funcionamiento interno del poder occidental y de su alarmante capacidad para normalizar lo intolerable.
Desde esa perspectiva, el caso Epstein puede entenderse, en un primer nivel, como un ejemplo patético de la perversión de un individuo capaz de conmocionar incluso a los más insensibles, incluidos aquellos espíritus cuestionables que llegan a considerar tales comportamientos como “normales” en pleno siglo XXI. Pero sería un error detenerse ahí. De los archivos divulgados emerge con crudeza algo que trasciende al sujeto aislado y confirma la advertencia arendtiana sobre la normalización del mal. Sale a la luz una intrincada arquitectura de encubrimiento sistémico que permitió la convivencia prolongada entre élites influyentes y prácticas abominables, incluso después de una condena por delitos sexuales. Esta tesis, sostenida en entregas anteriores, no solo se mantiene, sino que es validada y profundizada por las informaciones más recientes.
En coherencia con esa normalización del mal, los grandes medios occidentales —durante décadas sumidos en prácticas sistemáticas de desinformación y manipulación— presentaron a Jeffrey Epstein como una anomalía perturbadora, como el expediente oscuro de un individuo enfermo que habría logrado engañar al sistema. Gracias al trabajo eficiente de esa maquinaria mediática, millones llegaron a creer que se trataba del asesino en serie de turno, de un multimillonario aislado, demenciado o desequilibrado, una aberración más que las sociedades occidentales producen y luego expulsan simbólicamente.
Esta narrativa, esencialmente defensiva, resultó a la postre insuficiente. No porque todo lo denunciado deba darse por probado, sino porque la normalización social, política y mediática de Epstein luego de su condena constituye por sí misma un hecho moralmente inapelable.
Las oleadas del escándalo no se limitaron a los Estados Unidos. Las actividades de Epstein sacuden hoy al gobierno británico, provocando la dimisión de altos funcionarios cercanos al primer ministro Keir Starmer y revelando el alcance de esos vínculos en esferas políticas concretas. La salida del jefe de Gabinete, del director de comunicaciones y la desvinculación de Peter Mandelson del Partido Laborista no describen una cadena de rumores, sino hechos con consecuencias institucionales verificables, que confirman la dimensión transnacional del problema.
Este episodio europeo refuerza un hecho ya difícilmente refutable.
Epstein no fue un intruso en las élites occidentales. Antes y después de su condena fue tolerado, protegido y, en algunos casos, utilizado. En ese intersticio se manifiesta una de las expresiones más elocuentes de la decadencia occidental.
Un hombre condenado por delitos sexuales fue reintegrado sin fricciones a circuitos donde se administra el prestigio, se reparte influencia y se trazan líneas de poder con impacto político y geopolítico. Podría parecer una anomalía circunstancial, pero responde a la funcionalidad de sistemas capaces de absorber lo intolerable cuando ello contribuye a preservar intactas las estructuras del poder.
Documentos recientes muestran, además, cómo Epstein utilizó sus relaciones con magnates de los medios para bloquear o desactivar investigaciones periodísticas que lo comprometían. La omisión deliberada de acusaciones graves y la manipulación editorial confirman que el encubrimiento no fue solo judicial o social, sino también mediático. El silencio no fue pasivo ni accidental. Fue administrado.
La reciente conclusión del FBI introduce un matiz que, lejos de disipar las dudas, refuerza el cuadro general. El organismo sostiene que no halló pruebas concluyentes de una red organizada de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos ni evidencia audiovisual que implicara directamente a terceros más allá de Epstein y Ghislaine Maxwell. Sin embargo, la ausencia de pruebas penales no equivale a la inexistencia de responsabilidad ética o institucional. La documentación confirma que Epstein abusó sexualmente de menores y que su entorno relacional estaba compuesto por figuras de enorme poder económico, político y cultural.
¿Acaso la propia cronología de la divulgación de los archivos —marcada por retrasos, ediciones parciales y promesas incumplidas— no refuerza la percepción de un sistema más preocupado por administrar el impacto que por garantizar una transparencia plena? A ello se suman errores graves en la protección de la identidad de las víctimas, que obligaron a retirar documentos ya publicados, confirmando que el sistema continúa fallando allí donde más importa.
Sabemos que las élites rara vez caen por falta de inteligencia. Terminan en el abismo por ausencia de límites. No deja de ser revelador que, en este contexto, el abogado de Ghislaine Maxwell haya admitido que su defendida está dispuesta a “hablar completa y honestamente” solo si recibe clemencia presidencial. ¡Incluso en el umbral del horror, el poder sigue negociando el silencio!
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