
El incremento en el consumo de drogas de los últimos años en nuestro país no solo afecta a los consumidores, sino que impacta también en la salud y el bienestar colectivos. Allí donde se las comercializa la delincuencia se dispara, el abandono escolar se incrementa y la salud de los ciudadanos -en especial en los jóvenes- se deteriora aceleradamente.
Actualmente las drogas, especialmente la marihuana, gozan de una funesta tolerancia cultural, incluso familiar, promoviendo mayor fidelización y aumento en el número de consumidores.
Un reciente informe del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) marca una preocupante tendencia: el aumento del consumo de drogas ilegales, especialmente de marihuana, en la franja etaria de entre 13 y 17 años. Determinó que el 17% de los estudiantes de nivel medio consumieron marihuana al menos una vez en su vida. En 2009 se había registrado un 12% de menores que fumaron marihuana; dos años después, la marca se elevó al 14%, hasta alcanzar ahora el 17%.
Cada vez más chicos consumen marihuana, situación que se verifica a lo largo y ancho del país, agravado en el sur con consumo de drogas ilegales en mayor cantidad que en la región metropolitana. Río Negro marca una prevalencia de consumo a lo largo de la vida del 22,5%; Santa Cruz, del 23,8%; Chubut, del 25,6%, y Tierra del Fuego, del 27%. En la ciudad de Buenos Aires, esta prevalencia en vida del consumo de marihuana entre estudiantes secundarios alcanza al 19,2%, algo superior al 18,1% detectado en las escuelas del territorio bonaerense.
El mundo de las drogas está al alcance de los jóvenes. Y muchos son los factores de riesgo que los tornan vulnerables, como una preocupante falta de educación y de información sobre los efectos reales de los estupefacientes. Urge desmontar la percepción social de que el cannabis es una sustancia sin riesgos. Los aportes que escuela y familia en materia de prevención pueden sumar son insustituibles.
Un reciente estudio de la prestigiosa revista científica Journal of American Medical Association sobre los efectos del consumo de cannabis fue contundente: los consumidores diarios tenían un 25% más de probabilidades de sufrir un infarto de miocardio y un 42% más de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. Asimismo, la memoria de trabajo, una función esencial para la resolución de problemas y la toma de decisiones, podría verse afectada por el consumo intensivo.
El Estado no puede desfallecer en la creación y la aplicación efectiva de políticas educativas de prevención para las nuevas generaciones y de salud pública para quienes ya están atrapados por la adicción. La prevención y la rehabilitación requieren una coordinación de alto nivel técnico que, además de hacer compatibles los programas de las distintas áreas de incumbencia, debería articular las políticas de salud, promoción del deporte, seguridad ciudadana y, por supuesto, educación.
Desde esta columna editorial hemos señalado en reiteradas oportunidades la necesidad de crear una conciencia colectiva sobre la complejidad de este fenómeno y la importancia de adoptar políticas de Estado contra la drogadicción y el narcotráfico. Ante el preocupante aumento de adictos a consumos problemáticos, no se puede seguir abonando la tolerancia social que algunas drogas tienen en la sociedad, minimizando sus efectos. Estamos ante un doloroso problema que jaquea la salud física y psíquica de cada vez más jóvenes ante nuestras narices. Con el futuro de nuestra sociedad gravemente amenazado, ¿seguiremos sin exigir que el Estado haga su parte?



