Texto: Angélica Navarrete R.
En noviembre de 1999, José Angel Gurría Treviño, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, era el funcionario que más ganaba en la administración pública, su salario mensual equivalía al de dos presidentes de la República, era de cerca de 300 mil pesos.
Pero el escándalo creció cuando se dio a conocer que, además, recibiría una jugosa pensión de más de 80 mil pesos mensuales, sin cumplir aún con la edad, ni los años de trabajo establecidos por la ley.
Así lo denunció el 16 de noviembre en tribuna, el entonces diputado Marcelo Ebrard, durante la comparecencia del secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. Ebrard reveló que en el presupuesto del siguiente año, el 2000, había una partida, “la partida Gurría”, en la que están previstos un millón 127 mil pesos correspondientes a su ilegal pensión jubilatoria.
“Con esa suma, la nación podría sufragar el salario de 7 mil 811 trabajadores con salario mínimo”, dijo.
Ebrard sostuvo que esa jubilación fue ilegítima, pero aún así recibía 85 mil 413 pesos mensuales de pensión, además de su salario como secretario de Estado, 300 mil pesos mensuales, equivalentes a dos veces el salario del entonces presidente Ernesto Zedillo.
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Esa noche, en un comunicado, Nacional Financiera ratificó que el secretario Gurría Treviño había obtenido una jubilación parcial por 20 años de trabajo en Nafin, en Bancomext y en la Secretaría de Hacienda.
Ebrard argumentó que en el periodo que Gurría Treviño fue director de Nafin hizo que le sumaran indebidamente 14 años y siete meses de servicios en Hacienda, a los cuatro y un mes que trabajó en Nafin.
Además, se pasó por alto la edad y el tiempo de servicios que la ley del ISSSTE y Nafin exigían como requisito para proceder a una pensión. “Tenía usted cuatro años, un mes y 15 días de servicio en Nafin y no 26 años como lo establecen las condiciones generales de trabajo”, señaló Ebrard en la tribuna.
El entonces legislador Ebrard apuntó que solicitarían al Ejecutivo su separación del cargo al cual no se había hecho merecedor por estas conductas. Dijo que cuando el funcionario se jubiló tenía 43 años y no 55 como entonces lo marcaba la ley.
Se conformó una comisión investigadora de pensiones
El 25 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de una comisión investigadora de régimen de jubilaciones en Nafin. Los resultados deberían ser entregados antes del 15 de diciembre.
Luego de unos días, los partidos de oposición en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarían conclusiones sobre la investigación de las jubilaciones de José Ángel Gurría Treviño, así como la de Óscar Espinosa Villarreal, secretario de Turismo, y de Arturo Ortiz Hidalgo, director del Fideicomiso de Liquidación, por considerarlas ”ilegítimas”.
Gurría Treviño tenía 43 años 11 meses de edad al momento de jubilarse y una antigüedad reconocida por Nafin de 19 años y 7 meses. Mientras que Espinosa Villarreal tenía 40 años y una antigüedad de 6 años. Ortiz Hidalgo tenía 45 años y 10 meses y una antigüedad de 22 años 6 meses.
Argumentaron que había un “régimen de privilegio” para jubilar a funcionarios de gobierno, pues en el caso de Gurría Treviño apenas había cumplido 19 años y siete meses de trabajo, no los 20 años que entonces se requerían para obtener la pensión.
En esa ocasión los legisladores perredistas y panistas sugirieron hasta juicio político contra Gurría Treviño, entonces secretario de Hacienda, por la pérdida de confianza contra un funcionario de gobierno que aceptó privilegios y se pensionó de forma irregular.
La bancada priísta defendió al funcionario diciendo que Gurría Treviño tuvo una antigüedad dividida en tres instituciones, Bancomext, Hacienda y Nafin y que esta última tenía una norma que, para tal fin, valía el último año completo, aunque no se hubiera cumplido.
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Ese día en la cámara baja se habló de lanzar una iniciativa para que las prestaciones fueran reguladas con normas justas y así terminar con privilegios que se dan en diversas instituciones, en beneficio de funcionarios de gobierno y que contrasta con las precarias pensiones de los trabajadores.
El diputado priísta Óscar González Rodríguez, integrante del grupo Reflexión demandó que Gurría Treviño renunciara a la jubilación en Nafin. En tanto que el entonces secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió investigar a Óscar Espinosa Villarreal por “abrir las compuertas para las jubilaciones tempranas y con ello agravó el quebranto”.
Con el escándalo reaccionó la Arquidiócesis de México. A través de su semanario Desde la fe los prelados las consideraron pensiones “faraónicas”, mientras que el pueblo sufría de secuestros, pobreza extrema y carencias.
El editorial de la publicación afirmó que la austeridad republicana y la exigencia juarista para vivir en la honesta medianía brillaban por su ausencia y que las arcas del tesoro público estaban abiertos para unos cuantos.
Al final no le quitaron la pensión
Luego de que las conclusiones de la investigación legislativa fueron presentadas por la oposición, la Comisión Investigadora del Sistema de Jubilaciones informó al pleno de la Cámara que, tanto Nafin como el Bancomext contaron con las facultades para otorgar las pensiones a José Ángel Gurría, secretario de Hacienda, y a Oscar Espinosa Villarreal, titular de la Secretaría de Turismo, y comprobaron la “legalidad” de las jubilaciones.
El listado incluyó nombres de pensionados del primero al cuarto niveles, a quienes se les reconoció antigüedad generada en otras instituciones o dependencias cuyos expedientes estuvieron a disposición de la Comisión.
Jesús Martín del Campo Castañeda y Ricardo García Sáinz del PRD, así como Ramón María Nava y Edgar Ramírez Pech, del PAN, consideraron por su parte y por “mayoría”, que la pensión otorgada a Espinosa Villarreal había sido un “uso excesivo” de las facultades discrecionales del Consejo de Administración de Nafin, al otorgarle dicha pensión con solamente seis años y un mes de servicio. Aún así, los priístas lo consideraron legal.
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La oposición concluyó “necesario” revisar el sistema de pensiones de Nafin, para evitar la discrecionalidad con que se otorgaban las pensiones en edad temprana y con pocos años laborados.
Gurría anunció que donaría su pensión de forma temporal
El 6 de diciembre de 1999, en entrevista con este diario, Gurría Treviño afirmó que acataría el fallo de la Cámara de Diputados respecto a su pensión.
En tanto que los diputados afirmaron que Nafin por fin había liberado 25 expedientes que necesitaban para determinar si Gurría Treviño y Espinosa Villarreal recibían pensión de manera ilegal y para descartar malos manejos para justificar dicha pensión.
Estos expedientes eran solo una muestra de mil 125 jubilados de una primera lista, cuyas pensiones oscilaban entre los mil 300 y los 59 mil pesos mensuales.
Al día siguiente, el 7 de diciembre de 1999, ante la presión y descontento público, Gurría Treviño anunció en una carta a la opinión pública, que donaría de forma temporal su pensión a dos instituciones no lucrativas: APAC y Reto y que mientras estuviera en un cargo público no cobrará ese fondo de retiro. Calificó de calumniosas las acusaciones sobre su supuesta jubilación temprana e ilegal.
“He sido objeto de una calumnia. Ignoro las causas, pero existen prioridades tanto inmediatas como a largo plazo qué atender. Es lamentable que se intente desviar la atención pública hacia otros temas, como resultado de afanes protagónicos o de objetivos coyunturales de carácter electoral”, escribió.
Legisladores de oposición consideraron que la donación temporal de su pensión no lo exoneraba de ninguna responsabilidad, ni de la falla ética que había cometido, ni del daño al erario público.
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En tanto, seguiría la investigación contra Villarreal en la PGR por el quebranto, hasta ese momento, de cerca de 20 mil mdp a Nacional Financiera y se pronunciaron por terminar con las jubilaciones tempranas que afectaban severamente al presupuesto.
En aquella ocasión, los legisladores también anunciaron que se daría a conocer la lista de los directores generales y funcionarios de Banrural que estaban en una situación similar a las de Gurría y Espinosa Villarreal, o Arturo Hidalgo, este último director del Fideicomiso de Liquidación.
El 19 de diciembre de 1999, la Cámara de Senadores acordaron un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se comprometiera a asignar 8 mil 518 mdp más al Ramo 19 en el Presupuesto de Egresos del 2001y así incrementar las pensiones de jubilados y pensionados del IMSS, ISSSTE y Ferrocarrileros, así como de las viudas que recibían menos del 1.3 salarios mínimos.
Para el 11 de marzo del 2000, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato del PRD al gobierno capitalino, propuso retirar las pensiones a funcionarios públicos, como Oscar Espinosa Villarreal y José Angel Gurría, pues “no puede haber un club de pensionados privilegiados que al mes reciban 30 mil pesos, mientras que los jubilados del Seguro Social tan sólo perciben mil 47 pesos”.
En un encuentro con integrantes de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados Democráticos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), López Obrador criticó a su contrincante priísta Jesús Silva Herzog, quien recibía una pensión de 30 mil pesos mensuales de la Secretaría de Hacienda.
La controversia de la pensión de José Ángel Gurría Treviño continúo en el 2000, pero las elecciones presidenciales que estaban en puerta poco a poco le quitaron los reflectores.
- Fuentes:
- Hemeroteca EL UNIVERSAL
