Hay momentos en la historia en que el poder ni siquiera se molesta en disimular, y la llamada «Junta de la Paz» para Gaza —constituida sin un solo representante palestino y dominada por gobiernos que encarnan el capitalismo más agresivo— es uno de esos momentos. Como decimos en República Dominicana, «el capital hace su agosto» cuando encuentra la oportunidad perfecta para enriquecerse; y Gaza, arrasada y exhausta, parece ser el agosto geopolítico del siglo XXI.
La exclusión palestina no es un error: es un método
Que un órgano supuestamente creado para garantizar la paz y la reconstrucción de Gaza no incluya a ningún palestino no es una anomalía diplomática. Es la repetición de un patrón colonial tan antiguo como reconocible: decidir el destino de un pueblo sin ese pueblo.
Lo vimos en la Conferencia de Berlín de 1884, donde Europa se repartió África sin un solo africano en la mesa. Lo vimos en los Mandatos de la Sociedad de Naciones, donde las potencias «administraban» territorios ajenos bajo el pretexto de civilizarlos. Lo vimos en la ocupación de Irak en 2003, donde la reconstrucción fue diseñada por contratistas extranjeros mientras la población local quedaba marginada. La Junta de la Paz encaja con precisión en esa genealogía: una estructura de poder que se presenta como solución mientras reproduce la subordinación.
La derecha global como arquitecta de la paz
Resulta casi irónico que quienes firman esta Junta sean, en su mayoría, gobiernos alineados con la derecha dura global, defensores del capitalismo desregulado y actores que han apoyado —política, militar o económicamente— la arquitectura que permitió la devastación de Gaza. ¿Se espera realmente que quienes legitimaron la violencia estructural sean ahora los árbitros de la paz? La historia dice lo contrario, con una consistencia que debería avergonzarnos.
La reconstrucción como negocio
Cada vez que un territorio queda destruido, el mismo guion se repite con perturbadora exactitud: devastación masiva, intervención internacional «por la paz», fondos millonarios de reconstrucción, contratos para empresas extranjeras y, finalmente, dependencia económica del territorio afectado.
Ocurrió en Haití tras el terremoto de 2010, donde la reconstrucción terminó beneficiando más a ONG y contratistas estadounidenses que al pueblo haitiano. Ocurrió en Kosovo, donde la administración internacional engendró una economía estructuralmente dependiente de organismos externos. Ocurrió en Irak, donde empresas como Halliburton hicieron fortuna mientras el país se hundía en el caos.
Gaza corre el mismo riesgo: convertirse en un laboratorio de reconstrucción neoliberal donde el capital global se reparte contratos de infraestructura, puertos, energía y urbanismo, mientras los palestinos quedan relegados a mano de obra barata o, peor aún, a espectadores de su propio territorio.
La paz sin justicia es administración colonial
Una Junta de la Paz sin palestinos es como un tribunal sin acusado, un parlamento sin pueblo o una constitución redactada por extranjeros. No es paz: es administración. Y la administración sin soberanía es colonialismo, aunque llegue envuelta en lenguaje tecnocrático y buenas intenciones declaradas.
Gaza no necesita tutores
El colonialismo del siglo XXI rara vez llega con banderas y cañones. Llega con fondos de inversión, lenguaje humanitario y juntas de gobernanza donde el colonizado brilla por su ausencia. Su eficacia reside precisamente en esa capacidad de presentarse como su propio antídoto.
Gaza no necesita una Junta que decida por ella. Necesita autodeterminación, justicia y participación real en cada decisión que afecte su futuro. Todo lo demás —por más que se vista de paz, de cooperación o de reconstrucción— es simplemente el viejo colonialismo con traje nuevo… y los trajes nuevos, tarde o temprano, también envejecen.
Por Iscander Santana
Zürich, Suiza.
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