San Juan, 2 abr.- Con una marcha de más de 50 mil personas, quedó evidenciado el rechazo que hoy prevalece contra el proyecto hotelero-residencial, que convertiría al municipio puertorriqueño de Cabo Rojo en un feudo de millonarios.
La marcha «Cabo Rojo se defiende» recorrió el sábado la isleta de San Juan desde el estadio Sixto Escobar en El Escambrón hasta La Fortaleza, con una parada frente al Capitolio, para establecer la complicidad de la generalidad de los legisladores de los partidos Nuevo Progresista (PNP), pro anexión, y Popular Democrático (PPD), defensor del actual estado libre asociado (ELA).
Con la bandera puertorriqueña como principal estandarte y consignas como «Cabo Rojo no se vende, Cabo Rojo se defiende», los manifestantes destacaron que se trata de una
«lucha por la vida», ya que se ha anticipado que el proyecto generará un impacto ambiental adverso.
«El megaproyecto de residencia-turístico ocuparía la zona de Los Pozos en Cabo Rojo, obstruyendo el derecho a su libre acceso, perturbando y afectando la flora y fauna del lugar, e inclusive la posible destrucción de artefactos arqueológicos», estableció Sea Grant Puerto Rico, una de las agrupaciones que organizaron la marcha.
Para el abogado Francisco Vargas Alcántara, del Comité por la Verdadera Esencia del Suroeste, «esta lucha sobrepasa los grupos ambientales; aquí hay consideraciones económicas, de vivienda y sociales, por lo que nos veríamos perjudicados por este proyecto».
El gobierno que encabeza la mandataria Jenniffer González (PNP), al igual que la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, que se considera afanado en desnaturalizar a Puerto Rico, se ha comprometido con impulsar el complejo hotelero habitacional.
La inversión de la obra se estimó en dos mil 684 millones de dólares, con la proyectada creación de 17 mil empleos en su fase de construcción y otros tres mil permanentes.
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