Miguel Martín Alonso
Almería.- Este sábado se cumplen veinte años desde que el magistrado Jesús Rivera ordenara detener las obras del hotel que Azata del Sol estaba construyendo en la playa de El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). Dos décadas después, una maraña judicial ha impedido de momento su demolición.
Aquel 21 de febrero de 2006, las obras del hotel, ejecutadas al 95 % y con turnos de noche para acelerar su apertura antes de que llegara el veto judicial, se pararon y hoy el edificio, una mole de 21 plantas casi a pie de playa, sigue allí.
Una paralización que fue posible gracias al recurso del grupo ecologista Salvemos Mojácar y el Levante almeriense, al que se sumarían otras entidades, principalmente Greenpeace y Ecologistas en Acción, al considerar que el proyecto infringía la Ley de Costas y que se ubicaba además en terreno no urbanizable dentro del parque natural.
Y la Justicia les dio la razón, al apreciar indicios de que el edificio invadía la zona de servidumbre de protección de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre, lo que podría vulnerar la Ley de Costas, considerando a su vez que la continuación de los trabajos podría causar perjuicios irreversibles o de muy difícil reparación.
Lo que comenzó como una medida cautelar provisional firmada por un juez de Almería se ha transformado en un laberinto de catorce sentencias del Tribunal Supremo y decenas de autos que, veinte años después, aún no han logrado devolver la playa a su estado original.
El balance de estas dos décadas deja, sin embargo, una victoria definitiva para los ecologistas lograda esta misma semana: la del suelo. El pasado lunes, 16 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretó el «archivo definitivo» de la causa urbanística.
Este archivo se produce después de que tras años de resistencia numantina, el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) publicara el pasado 12 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia la normativa que declara los sectores ST-1 (donde se alza el hotel) y ST-2 (El Canillar) como suelo no urbanizable de especial protección.
Fue un cumplimiento realizado bajo la amenaza directa del tribunal de imponer multas personales al alcalde cada veinte días. El resultado es que, jurídicamente, el terreno ya es intocable y la discusión sobre la calificación del suelo ha quedado cerrada para siempre.
Una licencia viva
Sin embargo, la licencia de obra concedida en 2003, pese a ser contraria a la normativa actual, sigue viva administrativamente. El intento del Consistorio para anularla mediante una revisión de oficio ha fracasado en este inicio de 2026, en lo que los ecologistas califican de «bucle de artimañas».
El expediente administrativo, iniciado el pasado 11 de julio también bajo presión judicial, tenía una vida legal de seis meses. Caducó el 11 de enero sin resolución. El motivo: el Ayuntamiento envió la documentación incompleta al Consejo Consultivo de Andalucía en diciembre, lo que provocó la suspensión del dictamen preceptivo necesario para anular el permiso.
Este «incumplimiento flagrante» ha agotado la paciencia de Greenpeace. En un escrito presentado ante el TSJA este pasado miércoles la organización ecologista ha pedido que se deduzca testimonio a la Fiscalía contra el alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), para investigar un posible delito de desobediencia.
El abogado de la ONG, José Ignacio Domínguez, denuncia que el regidor ha usado «todo tipo de subterfugios» durante tres años —desde alegar falta de secretario municipal hasta una moción de censura— para dilatar el proceso y dejar morir los plazos.
La expropiación
Mientras la vía municipal se enreda en la burocracia, el frente estatal vive su propio calvario económico. El pasado 4 de febrero, el alto tribunal dio vía libre al Ministerio para la Transición Ecológica para ocupar los terrenos, rechazando las medidas cautelares con las que la promotora intentaba frenar el retracto.
El Estado ya tiene luz verde para tomar posesión de la finca, pero la batalla se ha trasladado ahora al precio.
El desacuerdo es abismal. Azata del Sol reclama una indemnización de 44,5 millones de euros por los terrenos, mientras que el Gobierno ofrece 16.496 euros. Ante la imposibilidad de acuerdo, el expediente ha terminado, también este mes de febrero, en manos del Jurado Provincial de Expropiación, que deberá fijar el justiprecio mientras la maquinaria judicial sigue su curso lento.
Veinte años después de que el juez Rivera parara el tiempo en la playa, la foto fija muestra un esqueleto de ladrillo que ha sobrevivido a ministros, consejeros y alcaldes de todos los colores. El suelo ya es ilegal, el Estado tiene permiso para entrar y la Justicia amenaza con la vía penal al Ayuntamiento, pero el hotel del Algarrobico, blindado por una licencia que la administración no logra anular, sigue esperando su final. EFEverde
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