En 2025, el 34 % de los turistas que visitaron República Dominicana se alojó en establecimientos de renta corta, de un total de 8,860,709 visitantes, según el Banco Central dominicano.
El comportamiento marca una tendencia creciente. En 2024, 2,564,651 no residentes optaron por este tipo de alojamiento y, al comparar el 2025, se evidencia un aumento de 17.6 % en la demanda de la renta corta.
En ese sentido, la vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor, afirmó que el sector hotelero aspira a una regulación “mucho más completa” del alquiler de corto plazo, como Airbnb, mediante un proyecto de ley que abarque aspectos fiscales, de uso de suelo y de operación de las unidades.
Indicó que la propuesta busca establecer reglas claras sobre dónde pueden operar estas unidades, bajo qué condiciones y con qué estándares de seguridad, similares a los que se exigen a los hoteles para la protección de los turistas.
“La seguridad del turista es responsabilidad de todos, no importa dónde se esté hospedando”, subrayó la ejecutiva.
Lendor destacó que el sector privado ha trabajado de manera conjunta con el Mitur en un borrador de reglamento presentado por la institución, valorando la apertura al diálogo y señalando que ya se hicieron observaciones que están siendo incorporadas en la versión final del documento.
Asimismo, insistió en que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe garantizar el cobro de los impuestos correspondientes a las unidades que se alquilan con fines comerciales, tanto al propietario que obtiene ganancias como a la agencia intermediaria que opera el alquiler.
“Cada unidad debe pagar los impuestos que le corresponden”, puntualizó, según Acento.
También planteó la necesidad de aplicar criterios de ordenamiento territorial, como la limitación de la cantidad de unidades por kilómetro cuadrado, similar a lo que ocurre con los hoteles, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del modelo de negocio.
Aclaró que estas propuestas no buscan obstaculizar el alquiler turístico, sino prevenir conflictos en las comunidades, donde el rechazo no es hacia el turista, sino hacia la convivencia con personas desconocidas dentro de espacios residenciales.
