Una investigación del ciberactivista Giuseppe Gangi reveló vínculos mercantiles entre la recién designada procuradora general y la empresa Crixto, autorizada por el Estado para comercializar criptoactivos. Documentos del registro mercantil del Reino Unido identificaron a la funcionaria como accionista mayoritaria de la firma desde 2019. El hallazgo surgió días después de su nombramiento por la Asamblea Nacional y sumó una nueva controversia a su perfil, tras detectarse previamente su autoría en los metadatos del proyecto de Ley de Amnistía
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