La contratación pública representa entre el 16 % y el 20 % del gasto público total de los gobiernos, porcentaje que incluso es superior en muchos países de América Latina y el Caribe, donde el Estado continúa siendo el principal comprador, inversor y dinamizador de la economía. En la República Dominicana, el Estado figura entre los actores económicos más relevantes, y la contratación pública opera como un verdadero instrumento de política pública, con impacto económico, reputacional y geopolítico.
La reciente Ley 47-25 marca un punto de inflexión al reforzar principios como la planificación, la gestión de riesgos, la eficiencia del gasto, la transparencia, la reducción de la discrecionalidad y el valor por dinero.
Pero esta reforma que recién inicia plantea una interrogante inevitable: ¿Puede el sistema de contratación pública cumplir realmente estos principios sin apoyarse en inteligencia artificial (IA) y analítica avanzada? Pretender aplicar con herramientas analógicas es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una forma sofisticada de simulación institucional.
En este contexto, la IA no es una moda tecnológica ni un simple nicho de negocios. Es una herramienta estratégica. No viene a “arreglar” la contratación pública; viene a exponerla. Puede revelar patrones de gasto mal planificados, pliegos diseñados para pocos competidores, procesos que se repiten sin evaluación de resultados y decisiones que no resisten un análisis serio de datos. La IA permite, por ejemplo: i) clasificar y analizar el gasto público para identificar dependencias excesivas de ciertos proveedores o países; ii) evaluar si las decisiones de compra responden a planificación presupuestaria real o a urgencias artificiales; iii) detectar tempranamente riesgos de colusión, fragmentación indebida o direccionamiento de requisitos; por señalar algunos. Si la Ley 47-25 habla de gestión de riesgos, la IA es hoy el único mecanismo capaz de hacerlo con escala, agilidad y en tiempo real.
Tradicionalmente, la adopción de IA en contratación pública se ha justificado por la reducción de costos y la agilización de procesos. Se han desarrollado chatbots (asistente virtual) para asistir a oferentes y funcionarios, y sistemas de monitoreo en tiempo real. Sin embargo, su potencial transformador es mayor: permite repensar la Administración Pública, mejorar la interacción con proveedores y habilitar una gestión basada en evidencia. El verdadero valor de la IA no reside en automatizar decisiones, sino en elevar la calidad del proceso, reducir asimetrías de información y fortalecer los sistemas de control, especialmente en la etapa de ejecución contractual, históricamente olvidada y, sin embargo, la más vulnerable.
En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, sanciones económicas y reconfiguración de alianzas, la contratación pública también es una herramienta de soberanía. Saber quién provee, en qué condiciones y con qué nivel de concentración ya no es un dato administrativo: es información estratégica. Sectores como energía, telecomunicaciones, salud e infraestructura requieren análisis prospectivo para anticipar riesgos de interrupción en cadenas de suministro. La IA bien concebida es un genuino aliado a esos efectos.
En América Latina, la contratación pública sigue siendo uno de los principales focos de riesgo reputacional. Cada proceso opaco o adjudicación cuestionable erosiona la confianza ciudadana y afecta la credibilidad del país ante inversionistas, organismos multilaterales y socios comerciales. Experiencias como ChileCompra han demostrado que la IA puede monitorear procesos en tiempo real y detectar concentraciones anómalas de mercado. En Brasil, el sistema Alice ha permitido fortalecer la detección temprana de irregularidades. Los modelos europeos de alerta temprana muestran una tendencia clara: los órganos de control evolucionan de auditores reactivos a gestores de riesgo en tiempo real.
Uno de los aportes más disruptivos de la IA es su capacidad para anticipar riesgos de corrupción antes de que el daño ocurra. La corrupción en contratación pública rara vez obedece a ausencia de normas; suele derivar de la falta de detección temprana. Algoritmos de detección de anomalías y modelos de análisis predictivo permiten identificar patrones irregulares como colusión, direccionamiento de pliegos o fragmentación indebida de contratos, entre otros supuestos recurrentes.
La Ley 47-25, que hace dias inicia su aplicación, moderniza el marco normativo; la inteligencia artificial puede modernizar su aplicación. La República Dominicana debe mandar esta señal: La calidad de la contratación forma parte de la marca país, y debe ser eficiente, ágil, íntegra, transparente y efectiva, traduciéndose en beneficios para los ciudadanos.
Los estándares internacionales también avanzan. Los principios FAST del Reino Unido (fairness, accountability, sustainability y transparency, por sus siglas en ingles) y las recomendaciones de la OCDE sobre IA y contratación pública establecen marcos de gobernanza cada vez más exigentes.
La evidencia es clara: la IA no sustituye el criterio público; lo potencia. Pero su éxito depende de tres factores críticos: i) gobernanza sólida de datos, con información estandarizada e interoperable; ii) capacidades institucionales reales, incluyendo formación técnica y comprensión de los sistemas algorítmicos; y iii) un enfoque centrado en el usuario, que incorpore a funcionarios, proveedores y ciudadanía.
No obstante, los riesgos también son reales con la IA. Algoritmos entrenados con datos sesgados pueden reproducir exclusiones o distorsionar la competencia. La dependencia de soluciones propietarias desarrolladas por proveedores internacionales puede generar nuevas formas de dependencia estratégica: vendor lock-in, pérdida de control sobre datos públicos y falta de capacidad estatal para auditar decisiones algorítmicas. Adoptar IA sin comprenderla es tan riesgoso como no adoptarla.
La contratación pública es política económica, política anticorrupción y, en sentido amplio, política exterior. La IA, bien implementada y con criterio puede convertirse en un aliado poderoso para reducir la discrecionalidad y hacer visibles las decisiones, pero solo si va acompañada de un marco normativo que establezca responsabilidades y consecuencias claras ante desviaciones, que sea verificable por toda la ciudadanía.
La pregunta clave para la República Dominicana y la región no es si incorporar IA en la contratación pública, sino cómo hacerlo sin sacrificar transparencia, control democrático y soberanía institucional. En esa respuesta se juega mucho más que eficiencia: se juega la confianza en el Estado y su capacidad de gobernar en la era digital. También es una pieza relevante en los espacios de disputa geopolíticos y geoestratégicos que vinculan intereses nacionales y globales.
La contratación pública del futuro (no en un tiempo lejano) no será simplemente más rápida; será más inteligente, más íntegra y más confiable. La IA, bien utilizada, puede convertirse en uno de los aliados más poderosos para proteger el interés público, fortalecer la reputación del Estado y cerrar espacios a los riesgos de corrupción.
La Ley 47-25 abrió la puerta. La tecnología ya está disponible. Lo que está en juego no es innovación tecnológica, sino liderazgo institucional —público y privado—. El siglo XXI no admite sistemas de gasto público gestionados con herramientas del siglo XX
