La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo, realizó nuevos allanamientos en unidades penitenciarias bonaerenses en el marco de una investigación por una presunta red de grooming, extorsión y abuso sexual infantil que operaba desde el interior de las cárceles.
Los procedimientos se llevaron adelante en las unidades penitenciarias de Sierra Chica y Merlo, donde se encuentran alojados dos internos señalados como integrantes de la organización investigada. Según se informó, uno de ellos sería el presunto líder de la banda y está detenido en Sierra Chica, mientras que el otro sospechoso fue ubicado en un penal de Merlo.
De acuerdo con la pesquisa, los reclusos utilizaban teléfonos celulares para desplegar las maniobras delictivas. La modalidad consistía en crear perfiles falsos en redes sociales, especialmente en Instagram, desde donde contactaban a menores de edad bajo el engaño de supuestas propuestas de trabajo de modelaje.
Una vez establecido el vínculo con las víctimas, los acusados solicitaban imágenes y luego avanzaban con maniobras de extorsión, exigiendo más material y amenazando con difundirlo entre familiares, amistades y personas del entorno cercano.
Secuestraron celulares y soportes digitales
Durante los allanamientos, la Justicia ordenó el secuestro de dispositivos móviles y otros soportes digitales que habrían sido utilizados para concretar las maniobras investigadas.
La causa representa además un nuevo avance judicial contra el principal sospechoso, quien ya contaba con un pedido de elevación a juicio por hechos de características similares, cometidos cuando se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Lisandro Olmos.
En esa investigación previa, según trascendió, el imputado también habría operado desde prisión con la colaboración de cómplices en el exterior, quienes facilitaban cuentas bancarias para recibir el dinero proveniente de las extorsiones.
La investigación sigue en curso
Los operativos fueron realizados por la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que desde la Fiscalía confirmaron que la pesquisa continuará con especial atención sobre los mecanismos de ingreso, tenencia y uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron sobre la gravedad del caso y remarcaron que el acceso a dispositivos móviles dentro de los penales permite que personas privadas de la libertad continúen cometiendo delitos y capten nuevas víctimas, en muchos casos niñas y adolescentes.
La investigación busca ahora determinar si existieron más víctimas, otros integrantes de la organización y nuevas conexiones fuera de los penales.
