Se suspendió la audiencia clave en la que la Cámara Federal de Casación Penal debía resolver qué juzgado debe intervenir en uno de los expedientes más sensibles que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata de la causa por la mansión de Pilar, donde se investigan presuntas maniobras de lavado y fraude.
Aunque la audiencia estaba centrada en el expediente por la mansión de Pilar, la decisión de la Cámara iba a impactar sobre el resto de las causas vinculadas. Se esperaba que si los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky consideraban que había conexión entre los hechos, podría haber ordenado que se concentren en un mismo fuero. Si no, cada investigación seguirá su curso por separado en los juzgados donde ya tramita.
La AFA enfrenta varias investigaciones abiertas que avanzaron en distintos juzgados y que ahora entran en una disputa técnica sobre competencia. La decisión que adopten los camaristas no sólo ordenará el expediente, sino que también impactará en la velocidad y profundidad de las medidas judiciales.
El caso involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, ambos bajo la lupa en distintos tramos de la investigación. A la par, se acumulan elementos de prueba, como chats, movimientos financieros y documentación contable, que forman parte de los distintos expedientes.
Una disputa de competencia que puede definir el curso de la investigación
La audiencia de este lunes iba a tener como como objetivo central resolver el conflicto de competencia entre juzgados en la causa de la mansión de Pilar. La Justicia investiga un presunto esquema de lavado de activos con posibles vínculos con la dirigencia del fútbol argentino. Entre los apuntados se encuentra Toviggino.
En términos concretos, los jueces debían determinar si la investigación sigue en Campana o cambia de juzgado e incluso de fuero.
La AFA mantiene una estrategia judicial orientada a que la causa continúe en el fuero federal de Campana, mientras que otros actores impulsan que el caso regrese a los tribunales de Comodoro Py o pase al fuero penal económico, donde se investigan delitos vinculados a evasión y lavado.
La discusión no es menor. Detrás de la definición subyacen diferencias sobre el encuadre de los delitos y la estrategia de investigación. Mientras algunos tramos del expediente apuntan a maniobras de evasión y apropiación indebida de aportes, otros se enfocan en presunto lavado de activos a través de sociedades y operaciones en el exterior.
Presentaciones cruzadas y posibles planteos
Previo a la audiencia el fiscal ante Casación Mario Villar pidió acceder al expediente tramitado en Campana y puso el foco en el origen de esa causa. Según su análisis, el inicio del expediente presenta irregularidades porque no se habría impulsado a partir de una denuncia formal ni por la intervención de un fiscal, sino por un planteo vinculado a la competencia.
Esa observación se suma a lo que ya había advertido el fiscal federal de Campana Germán Bringas, quien sostuvo que ese juzgado no era competente para intervenir y que no había impulsado la acción penal, un paso habitual en el inicio de una investigación.
En paralelo, en las últimas horas se presentaron escritos que podrían incidir en el desarrollo de la audiencia. Entre ellos, un pedido de suspensión por parte de Luciano Pantano —vinculado a la propiedad de la mansión investigada—, que planteó un recurso extraordinario.
A eso se suma la presentación de Elisa Carrió, que solicitó la recusación de la jueza Ángela Ledesma, por sus presuntos vínculos con Santiago del Estero, provincia donde, según su planteo, se habría desarrollado parte del entramado económico bajo investigación.
Si bien esas solicitudes no necesariamente frenan la audiencia, obligan a los camaristas a resolver cuestiones preliminares antes de avanzar sobre el fondo.
Un caso con múltiples frentes abiertos
La audiencia se produce en medio de un entramado de causas que avanzan en paralelo. Además de la investigación por la mansión de Pilar, avanza otra por el presunto desvío de hasta US$60 millones entre 2019 y 2021, con transferencias a empresas en el exterior y un circuito de retorno de fondos en efectivo.
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Por otro, el expediente por retención indebida de aportes previsionales por $19.300 millones, en el que interviene el juez Diego Amarante que ya tomó medidas restrictivas, como la negativa a autorizar salidas prolongadas del país para Tapia.
Además, se incorporaron chats y documentación que apuntan a posibles arreglos de partidos, mientras avanza la auditoría impulsada por la Inspección General de Justicia con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA.
