El Poder Judicial aprobó incorporar a la
Procuraduría General del Estado como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria que se le sigue a la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, por la contratación de familiares de su entonces pareja sentimental, Abel Sotelo, en cargos del EstadoCon esta decisión, la Procuraduría podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer a Chávez Chino, en caso sea hallada culpable de las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de familiares de Sotelo en cargos estatales.El juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, declaró fundada la solicitud que la Procuraduría para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación seguida contra Betssy Chávez, acusada de los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del EstadoY es que, según la Fiscalía, estas supuestas irregularidades se registraron cuando se desempeñó en los cargos de congresista y ministra de los despachos de Cultura y de e Trabajo y Promoción del Empleo.En una resolución emitida el último 31 de marzo, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que la solicitud de la Procuraduría cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100 de Código Procesal Penal para ser admitida.La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos comunicó al despacho de Checkley Soria que se avoca al conocimiento de esta investigación preparatoria y dispuso declarar su complejidad por un plazo de ocho meses. El casoDe acuerdo con la hipótesis fiscal, Betssy Chávez se habría interesado indebidamente, en forma directa, en la contratación de Marco y Flor Sotelo, hermanos de su entonces pareja, como asistente y auxiliar nivel 2 de su despacho congresal, respectivamente. La Fiscalía también sostiene que ex primera ministra se habría interesado indebidamente en la contratación de Marco Sotelo como apoyo administrativo de la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud (EsSalud), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).La Fiscalía también señala que Chávez habría influido en la contratación de Antonio Sotelo, padre de Abel Sotelo, como intendente regional de Puno, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).El 4 de diciembre de 2025, Betssy Chávez fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión y ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, como parte del proceso penal que afrontó por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.Actualmente, la exjefa del Gabinete Ministerial permanece en la Residencia de la Embajada de México en Lima luego que el gobierno de dicho país le otorgara asilo diplomático
