El reloj marcó las 11.20 de la mañana cuando el fiscal Cristián Aguilar salió del despacho de la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y tuvo que enfrentar a la prensa que lo esperaba en el pasillo del Palacio de Tribunales para dar la peor noticia posible.
Casi sin inmutarse, Aguilar informó que el tribunal de alzada capitalino había rechazado la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura. El viernes anterior, Aguilar se había reunido con su jefe, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para preparar el alegato. Luego, al viajar a Santiago reforzó su exposición en otra reunión con la Unidad Anticorrupción, que lidera Eugenio Campos, un equipo con el que Aguilar viene trabajando de forma más estrecha desde noviembre.
Pero nada de eso sirvió. Luego de poco más de 50 minutos de deliberación, el pleno de 24 ministros tomó la decisión, por unanimidad, de darles un portazo a las pretensiones del Ministerio Público y no autorizar que los fiscales continúen con la indagatoria contra la autoridad regional. Fue un 24-0, el peor resultado posible para la Fiscalía Regional de Antofagasta.
El golpe para el equipo que dirige Castro Bekios vino a confirmar un historial de duras derrotas para los persecutores en este caso. En las últimas semanas los fiscales tuvieron que presenciar cómo uno de los casos más ventilados ante la opinión pública -con tentáculos que parten con el siquiatra Alberto Larraín, pasan por la Gobernación Metropolitana y llegaron hasta lo más alto de La Moneda, al salpicar al Presidente Gabriel Boric- se desmoronaba lentamente.
Lo de Orrego fue la punta del iceberg. El 4 de febrero y la semana pasada, cuatro jueces -uno de garantía y tres ministros de corte- le habían dicho al Ministerio Público que pese a llevar casi tres años indagando, el caso ProCultura tenía debilidades probatorias graves, al punto de que ninguno de los magistrados consideró que estaba suficientemente acreditado el delito principal -fraude al Fisco- y por lo mismo dejó a Larraín y al resto de los imputados solo con arraigo nacional.
Este “vía crucis judicial”, en que pocas veces la Fiscalía ganó en sus posiciones, terminó debilitando un caso que cada vez tiene menos probabilidades de tener resultados concretos en la arista más emblemática, un karma que se arrastra cuando todo partió en manos del exfiscal regional Carlos Palma.
La causa maldita
Fuentes del Ministerio Público aseguran que desde sus cimientos este caso comenzó a investigarse mal. Cuando el exfiscal Palma, caído en desgracia por los chats que tuvo con Luis Hermosilla, tramitaba la arista de la Gobernación Metropolitana, ya a esa altura se sabía que había que apartarlo, porque no podría continuar.
Desde la Fiscalía descartan que haya sido para que no tocara a ciertos políticos -como intentó deslizar el expersecutor en su momento-, sino que la razón apuntaba a que se sabía que sus chats abrirían una indagatoria penal y saldría del caso igual. Además, había cierto miedo de que se volviera uno de esos fiscales “inamovibles”, como pasó antaño con figuras como Carlos Gajardo.
Algunos policías que trabajaron ese caso con Palma comentan que el exfiscal estaba obsesionado con que los sujetos de interés investigados habían llegado directamente a La Moneda. Todo por un mal cálculo que hizo la PDI en un peritaje que puso en el foco de la indagatoria a Irina Karamanos, entonces pareja del Presidente Boric.
Las supuestas platas para Karamanos provocaron, en ese momento, uno de los primeros quiebres con su equipo de Aysén, con el que indagaba la causa, e hizo cambios internos, ya que los otros fiscales no querían firmar esos informes.
Un fiscal adjunto de la zona va más allá y se atreve a decir que Palma quería atrincherarse con esa causa. Era astuto, y como ya sabía que se le venía la noche por sus chats con Hermosilla, pensaba parapetarse con la arista de un supuesto caso de financiamiento ilegal de la política, para así convertirse en un personaje intocable.
Pero el fiscal nacional, Ángel Valencia, se adelantó a esa jugada: lo sacó y en su lugar designó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. El problema es que en esa época este fiscal llevaba adelante cuatro causas complejas y la de ProCultura solo generó problemas.
Fue Cooper quien tomó decisiones que terminaron en un escándalo. El fiscal quiso pinchar el teléfono del Presidente Boric y allanar La Moneda para incautar los dispositivos del exjefe del Segundo Piso Miguel Crispi, pero el tribunal lo rechazó.
Pese a esa negativa, sí consiguió interceptar las llamadas de la exesposa de Larraín, la siquiatra Josefina Huneeus -quien tenía calidad de testigo-, y a través de ese pinchazo escuchó una llamada con el jefe de Estado. Sin embargo, posteriormente la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró que esa medida intrusiva fue ilegal y comparó la diligencia con actuaciones “propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes propios del Estado”.
Fuentes de la Fiscalía Nacional dicen que los tres fiscales regionales que han tomado la causa siempre estuvieron convencidos -y así se lo hicieron ver a la Unidad Anticorrupción y al fiscal Valencia- de que existían indicios de delito en lo que habían hecho Orrego y Larraín.
Los tres siempre sospecharon que detrás de las operaciones de Larraín y Orrego por el programa Quédate -que buscaba prevenir el suicidio- hay indicios suficientes de la comisión de ilícitos que justificaba arremeter penalmente contra ellos. Esto, pese a que algunas asesorías desde la Fiscalía Nacional también les hicieron ver que de todas las aristas del Caso Convenios, e incluso de ProCultura, esta era la más débil.
El mea culpa de la Fiscalía es que los tres fiscales se engolosinaron con una causa que es quizás la de menos plata de todo lo que significa el Caso Convenios, y se dejaron seducir por los personajes: el siquiatra amigo del Presidente, el gobernador metropolitano y quizás ahí comenzó a hacer agua el caso.
Nunca hubo una victoria que festejar en este caso. A Palma le negaron el allanamiento de la gobernación, vino la rectificación del informe pericial sobre las platas de Karamanos, el pinchazo ilegal a Huneeus, la no querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Orrego, el traslado de la solicitud de desafuero desde Antofagasta hacia Santiago, entre varias otras. En todas, siempre la Fiscalía perdió.
En el Ministerio Público creen que varias de estas derrotas se originaron porque los fiscales deberían haber partido formalizando la arista de ProCultura, que tiene que ver con la pintura de las fachadas en Antofagasta, y no apurarse con lo de Orrego. Eso dio pie a que un abogado experimentado como el defensor de Orrego, Ciro Colombara, lograra llevarse el desafuero del norte para radicarlo en los tribunales más garantistas en la capital y una corte en la cual es un avezado litigante.
Las mismas fuentes comentan que cuando la causa salió de las manos de Cooper y llegó a Castro Bekios, su equipo se dedicó a bajar las expectativas. Cooper pretendía formalizar a 13 personas de la cúpula de ProCultura, pero tras analizar la causa, Castro Bekios optó por actuar solo contra seis.
El “no” del CDE
A inicios de septiembre la Fiscalía pidió el desafuero de Orrego ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sin embargo, la arremetida de Colombara para que el juzgado de garantía de esa ciudad se declarara incompetente y derivara la causa a Santiago se transformó en una jugada maestra.
La pugna por la competencia caldeó los ánimos entre los fiscales y los jueces de Antofagasta. Fue el 30 de septiembre de 2025 cuando Colombara consiguió su primera victoria, logrando que todo se trasladara a Santiago. Ese día la derrota fue tal que el fiscal Eduardo Ríos protagonizó un álgido intercambio con el magistrado que dirigía la audiencia, Hans Durán, a quien emplazó abiertamente por supuestamente haber sostenido algo que él no había dicho.
Ese fue un revés claro para la Fiscalía, y la molestia de Ríos era una prueba de ello. Pero a los pocos días también se sumó otro obstáculo: la inadmisibilidad de la apelación que presentó el persecutor para frenar el traslado de jurisdicción.
Ahí, el mismo juez Durán advirtió que las pretensiones del ente persecutor eran derechamente improcedentes. Eso fue el 6 de octubre, y nueve días más tarde, el 15 de octubre, la Corte de Antofagasta selló el traslado definitivo de la causa tras rechazar un recurso de hecho del Ministerio Público. Con eso, Orrego podía respirar tranquilo. Pese al rotundo fracaso, hasta el día de hoy en el Ministerio Público siguen defendiendo que el desafuero era competencia de Antofagasta, ya que el principio de ejecución del delito estaba radicado ahí, al punto de que era ese tribunal el que autorizada medidas intrusivas.
Los roces ventilados por el desafuero provocaron la molestia de la defensa del gobernador, al punto que Colombara se quejó ante Valencia por litigación de mala fe. Esos reparos fueron derivados a Castro Bekios, quien luego abrió un sumario en contra de Ríos. Este antecedente minó aún más las relaciones entre ambos fiscales, la que meses más adelante se rompería por completo, provocando la renuncia de Ríos y una acusación por maltrato laboral en contra de Castro Bekios, donde incluso se alega espionaje en su contra por parte de su superior jerárquico. De hecho, en noviembre Ríos salió de la causa, producto de una licencia médica, y en ese momento Castro Bekios decidió reforzar el equipo trasladando a Aguilar y a la fiscal Victoria Álvarez.
Luego de esto, uno de los golpes más inesperados para la Fiscalía fue cuando se enteraron por la prensa de que el CDE había tomado la decisión de no querellarse contra Orrego.
La decisión cayó como un balde de agua fría. Previamente, la Fiscalía de Antofagasta tuvo varias reuniones de coordinación con el CDE, donde analizaron los antecedentes. Sumar al organismo estatal era un paso estratégico para la Fiscalía, ya que tenerlo como aliado siempre entrega mayor fuerza a la postura del Ministerio Público.
Pero el plan falló. La decisión estuvo marcada por un fuerte tironeo interno entre los consejeros. Esto fue decidido por el comité penal, que integra el presidente Raúl Letelier, el consejero Alberto Espina y la consejera Ruth Israel. El acuerdo luego se llevó al pleno, donde varios otros consejeros mostraron su disconformidad, pero ya era tarde. La decisión estaba tomada y no había pie atrás. Varios meses después esto resonó en los 24 ministros de la Corte de Santiago: ¿Si el CDE no había visto delitos para querellarse contra Orrego, por qué ellos deberían autorizar el desafuero?
Los dolores de cabeza para la Fiscalía no se terminaron ahí. En esa misma época tuvieron que enfrentar la negativa para levantar el secreto bancario de personeros de la cúpula de la fundación encabezada por Larraín, de las cuentas de la misma organización y de una agencia de turismo que les colaboraba en sus proyectos.
El primer portazo fue en octubre y provino del magistrado Marco Antonio Rojas, del Juzgado de Garantía de Antofagasta. En esa oportunidad, el juez reprochó en duros términos el requerimiento por la forma en que estaba sustentado.
Rojas afirmó que el fiscal Ríos había fundado la solicitud citando un informe que no fue acompañado íntegramente en el requerimiento, que habían adjuntado un documento de más de 600 páginas, donde sólo 150 tenían relación con el informe citado, y que el resto eran anexos y, entre otras cuestiones, que en lo acompañado sólo se daba cuenta de hallazgos sin que se arribara a conclusiones precisas. Tras ese revés, Ríos alegó que se les estaba dejando en una suerte de “callejón sin salida” que les impedía seguir indagando.
Si bien en el Ministerio Público reconocen ciertos errores en las solicitudes, dicen que es innegable que desde que Ríos tuvo el altercado con el juez Durán se le comenzaron a cerrar las puertas para ciertas diligencias, y eso lo adjudican a una especie de solidaridad de los magistrados con el juez de garantía.
En la Fiscalía comentan que la mala racha ha sido dura, pero seguirán investigando y las diligencias siguen en curso. Pese a todos los golpes recibidos, el equipo investigador está convencido de que lo sucedido con la arista de Orrego no implica el fin del caso ProCultura, ya que toda la causa tiene un total de 18 aristas repartidas en siete regiones y esta es sólo una hebra con cinco imputados.
