El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado la muerte de Henry Pastor Cristancho Becerra, de 53 años, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en el estado Lara.
La organización responsabilizó al Estado venezolano por lo que calificó como una nueva víctima de la “negligencia gubernamental” que caracteriza al sistema penitenciario.
De acuerdo con información obtenida por OVP a través de fuentes internas del penal, Cristancho presentó problemas de salud durante varios días sin recibir atención médica oportuna. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial ni han informado la causa clínica de su muerte, manteniendo un hermetismo que —según la ONG— se ha vuelto una práctica sistemática.
OVP afirmó que la falta de atención médica convirtió el deterioro de Cristancho en “una condena a muerte que pudo haberse evitado”. La organización recordó que las muertes bajo custodia del Estado rara vez son investigadas con la debida diligencia, lo que perpetúa un ciclo de impunidad y niega a las familias su derecho a la verdad.
“Las muertes bajo custodia no son investigadas, no hay responsables y se repite el patrón de abandono. Es una tragedia que se ha normalizado”, señaló la ONG.
Familiares de privados de libertad relataron al OVP que las condiciones en Uribana son “inhumanas y degradantes”. La alimentación se limita casi exclusivamente a harinas, sin proteínas ni nutrientes esenciales, lo que ha provocado desnutrición severa en gran parte de la población penitenciaria.
A ello se suma el colapso total del derecho a la salud: no hay médicos generales, especialistas ni insumos básicos. Enfermedades comunes se agravan hasta volverse mortales.
“Dentro del penal es prácticamente inexistente la atención médica. El deterioro de Cristancho fue ignorado”, denunció el Observatorio.
Uribana está bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde el 2 de febrero de 2007, debido a su historial de violencia, hacinamiento y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, OVP afirma que el Estado venezolano ha ignorado estas órdenes durante casi dos décadas.
“Hemos exigido reiteradamente acciones para proteger la vida y la integridad de los reclusos. No hemos obtenido respuesta alguna”, señaló la organización.
OVP advirtió que mientras el Estado continúe ocultando la realidad penitenciaria y desatendiendo las medidas internacionales, las cárceles venezolanas seguirán funcionando como espacios donde imperan el hambre, el abandono y la muerte sin responsables.
“Garantizar la vida de quienes están bajo custodia del Estado no es un favor, es una obligación constitucional e internacional”, recordó la ONG.
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