Guayaquil.- La Fiscalía de Ecuador allanó este jueves las oficinas del Municipio de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, en el marco de una investigación por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso iniciada en marzo pasado, según confirmó la entidad.
El allanamiento se realizó horas después de que un tribunal revocó una de las tres órdenes de prisión preventiva que pesan sobre el alcalde de la ciudad, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa.
El Ministerio Público y la Policía ingresaron a varias direcciones municipales, como la de Talento Humano y la Secretaría, además de a la oficina que usaba Alvarez antes de que fuera detenido el pasado 10 de febrero por una investigación por lavado de activos y defraudación tributaria, denominada como ‘Goleada’, cuya orden de prisión fue revocada por la mañana.
«Durante la intervención, se incautó documentación relacionada con el delito investigado», señaló posteriormente la Fiscalía en su cuenta de X sin dar más detalles.
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Horas antes, un tribunal determinó que los elementos expuestos hasta el momento por la Fiscalía en el caso ‘Goleada’ no eran «suficientes para establecer la existencia del delito» y que tampoco «se ha podido determinar que ha existido la probabilidad de participación de las personas procesadas en el acto delictivo», por lo que la prisión preventiva dictada en este caso no tenía sustento.
Hermanos de Alvarez, libertad condicional
En esa causa, vinculada a la comercialización de combustibles, el negocio familiar del alcalde, están procesados también otras diez personas, incluidos los dos hermanos de Alvarez, a quienes también se les levantó la orden de prisión y saldrán en libertad condicional.
Sin embargo, la autoridad municipal seguirá recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, por otros dos procesos.
Además del caso ‘Goleada’, el alcalde guayaquileño enfrenta un juicio por un caso denominado como ‘Triple A’, en el que se lo acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
Asimismo cumple una tercera prisión preventiva dictada por una causa en la que se investiga la supuesta manipulación del grillete electrónico que se le había impuesto en el marco del caso ‘Triple A’.
