Según datos de la Ertzaintza, el 68% de los detenidos por violación en el País Vasco en 2025 —anteriormente los datos ofrecidos no eran de años totales— son extranjeros, con la salvedad de que la población extranjera en este territorio es de las más bajas de España, situándose en torno al 10% de la población total. El mero hecho de que la Policía vasca decidiera hacer públicos los datos ya fue cuestionado por la izquierda con el peregrino argumento de que estigmatizaban y tenían un poso racista.
La estadística no es xenófoba y lo que es ridículo es que las fuerzas del progreso pretendan esconder la realidad cuestionando que la sociedad pueda acceder a este tipo de informes. Los datos de la Ertzaintza hablan por sí solos y demuestran —pese a que les moleste a muchos— que existe una relación evidente entre inmigración y delitos de agresión sexual. Si en el País Vasco sólo uno de cada diez habitantes es extranjero y de los detenidos por violación en el País Vasco casi 7 de 10 son extranjeros, es relativamente sencillo afirmar, sin riesgo a equivocarse, que este tipo de delitos es cometido en su inmensa mayoría por los nacidos fuera de España.
Luego vendrá la izquierda a matizar que son detenidos y no condenados, dando a entender estúpidamente que el porcentaje sería diferente una vez se pronunciara la justicia. Claro, camaradas, porque los extranjeros serían absueltos y los nacionales, declarados culpables. ¡Qué estupidez! Los datos no engañan y demuestran lo que demuestran, lo que no significa bajo ningún concepto que la población inmigrante sea un problema en sí misma, sino que dentro de la población inmigrante se delinque en una proporción mayor.
Decir esto no es racista, sino realista. Porque ya está bien que el papanatismo progre de la izquierda pretenda ponernos una venda en los ojos. Las cifras cantan y el Gobierno no tiene más respuesta que esa que consiste en agitar el mantra de la ultraderecha xenófoba.
