Un juez federal dictaminó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no actuó amparado por la inmunidad presidencial durante el discurso que dio cerca de la Casa Blanca antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y que, por tanto, puede responder a las demandas civiles que lo acusan de incitar al ataque.
El juez Amit Mehta de Washington determinó que las declaraciones de Trump en el mitin poco antes de que comenzara el asedio, "plausiblemente" fueron palabras de incitación que no estarían amparadas por la libertad de expresión recogida en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
"El presidente Trump no ha demostrado que el discurso pueda entenderse como comprendido entre sus deberes presidenciales", escribió Mehta y añadió que el contenido de aquella intervención "confirma que no está cubierto por la inmunidad de actos oficiales", como
Trump habló durante algo más de una hora en aquel mitin cerca de la Casa Blanca, la mañana del 6 de enero de 2021, insistiendo en sus denuncias sin pruebas de fraude electoral y con frases como "caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas".
Entonces aseguró que es "increíble por lo que tenemos que pasar, y tener que hacer que tu gente luche. Si ellos no luchan, tenemos que eliminar a los que no luchan" y llegó a pedir a sus seguidores que se lanzaran a "luchar como demonios" porque, dijo, si no lo hacían, "ya no van a tener país".
La decisión del juez, recogida en un texto de 79 páginas, prepara el terreno para un posible juicio civil en el mismo tribunal donde Trump fue acusado de delitos por su conducta del 6 de enero, antes de que su victoria en las elecciones de noviembre de 2024 pusiera fin al proceso penal.
Las demandas civiles siguieron su curso en los tribunales pese a que, en uno de sus primeros actos tras tomar posesión en 2025, concedió indultos y conmutaciones de pena a casi 1.600 personas procesadas por delitos vinculados al asalto al Capitolio.
Los abogados de los demandantes calificaron el fallo como una "victoria monumental para el Estado de derecho, que afirma que nadie, incluido el presidente de Estados Unidos, está por encima de él".
