Con información de Paolo Peña.
Un nuevo operativo conjunto asestó un duro golpe contra la minería ilegal en Madre de Dios. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), en coordinación con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, ejecutó una intervención en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, logrando la destrucción de 49 dragas, 32 campamentos rústicos y diversos equipos utilizados.
El fiscal provincial Carlos Chirre Ramírez explicó que la intervención se desarrolló en el sector Valle Dorado, dentro del área conocido como La Pampa, entre los kilómetros 98 y 125 de la carretera Interoceánica.
Precisó, además, que estas acciones forman parte del Plan de Restauración que se ejecuta de manera sostenida, con operativos semanales para recuperar áreas degradadas por la actividad ilícita, la cual no cuenta con ningún tipo de autorización en estas zonas protegidas.
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Incautaciones en Madre de Dios
Durante el operativo también se incautaron motores, tolvas y otros implementos empleados por los mineros ilegales. Sin embargo, no se logró detener a los responsables, ya que estos suelen huir al detectar la presencia de las autoridades e incluso hunden los equipos para evitar su destrucción. “Lo que buscamos no solo es intervenir, sino identificar a los principales responsables”, señaló el fiscal.
Chirre Ramírez enfatizó que ni la Reserva Nacional de Tambopata ni su zona de amortiguamiento cuentan con autorización para actividades mineras, ya que están destinadas a la conservación e investigación bajo administración del Sernanp. En ese sentido, reiteró que las acciones continuarán para frenar el avance de esta economía ilegal que afecta gravemente al ecosistema amazónico.
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Minería ilegal en la zona
En paralelo, informó sobre una intervención en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, específicamente en territorio de la comunidad nativa Puerto Luz. Allí se detectó el uso de maquinaria pesada vinculada a la minería ilegal.
Sin embargo, el operativo no pudo completarse debido a la oposición de comuneros, quienes señalaron que dependen económicamente de ello ante la ausencia del Estado.
El fiscal advirtió que, en muchos casos, esta situación es impulsada por terceros que se aprovechan de las comunidades, lo que genera conflictos internos y pone en riesgo su entorno.
Asimismo, alertó que la actividad ilícita no solo deforesta, sino que altera los cauces de ríos y quebradas, lo que contamina fuentes de agua esenciales para la subsistencia de las poblaciones locales.
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