El PSOE ha confirmado este lunes que no expulsará como militante al ex concejal socialista detenido el pasado Jueves Santo en Cabra tras increpar a Juanma Moreno, pese a que el episodio acabó con intervención policial y arresto por desacato a la autoridad. Lejos de apartarlo, el partido ha optado por mantenerle como afiliado y justificar su conducta apelando a la dura situación personal que atraviesa.
La decisión de la dirección provincial del PSOE de Córdoba ha provocado una nueva polémica política en Andalucía, al quedar claro que el partido no adoptará ninguna medida interna contra el ex edil socialista que protagonizó el altercado durante la visita institucional del presidente de la Junta a la localidad cordobesa. El mensaje que traslada el PSOE, de hecho, es que no ve motivo para suspender su militancia pese a la gravedad de lo ocurrido.
En una nota difundida este lunes, los socialistas cordobeses han respondido al PP andaluz, que había reclamado el cese como militante del ex concejal detenido. La dirección provincial sostiene que «no hay ninguna directriz o norma interna del partido para suspender la militancia por desacato a la autoridad», que fue precisamente el motivo de la detención tras increpar a Juanma Moreno en plena calle durante los actos del Jueves Santo en Cabra.
Lejos de marcar distancias con el comportamiento del ex cargo municipal, el PSOE ha ido un paso más allá al ampararse en su situación personal para justificar lo sucedido. Según ha señalado el partido, el afiliado socialista «quiere dar explicaciones públicas, cuando lo estime conveniente», pero ahora «está pasando momentos muy duros por todo lo sucedido en relación a la enfermedad de su esposa, afectada por la crisis del cribado de cáncer de mama».
La formación añade además que esa circunstancia fue el «detonante de la reclamación pública» que dirigió «al presidente de la Junta el pasado Jueves Santo en Cabra». Con ese planteamiento, el PSOE no sólo evita la expulsión del ex concejal, sino que enmarca el episodio en el malestar por la gestión de la Junta andaluza, pese a que el altercado derivó en una actuación policial y en el arresto del afiliado.
La respuesta socialista ha sido especialmente dura contra el Gobierno andaluz. El PSOE de Córdoba ha expresado su «enérgica condena contra el Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente a la cabeza, Juanma Moreno», por la supuesta «negligencia en la crisis del cribado del cáncer de mama».
Además, los socialistas exigen a Moreno «explicaciones públicas» y «total transparencia» sobre todo lo relacionado con ese programa de cribado. También denuncian que esas aclaraciones no han llegado meses después de que la asociación afín al PSOE Amama hiciera pública la situación y sostienen que, en cambio, se ha producido una «cacería y persecución partidista e institucional» contra dicha asociación.
La ejecutiva provincial del PSOE responde así a las peticiones lanzadas desde el PP andaluz. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, reclamó la expulsión del afiliado de Cabra por la «agresión verbal» al presidente andaluz. A esa exigencia se sumó también el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que pidió igualmente una condena expresa de los hechos por parte del PSOE.
El PSOE exige al PP que pida perdón
Sin embargo, la dirección socialista no sólo ha rechazado esa salida, sino que ha contraatacado exigiendo al PP andaluz y a Catalina García que pidan «perdón público» a cada una de las 4.000 mujeres afectadas por la crisis del cribado del cáncer de mama. En el caso de la consejera, además, le reclama que promueva dentro del Consejo de Gobierno un procedimiento para que la Administración andaluza indemnice de oficio a las mujeres afectadas por los fallos que hayan podido desarrollar cáncer o lesiones.
La posición del PSOE deja así una imagen de cierre de filas con un ex concejal detenido tras amenazar e increpar a Juanma Moreno, y al que el partido no piensa apartar de la militancia. En vez de censurar con contundencia lo ocurrido, los socialistas han optado por proteger al afiliado y redirigir el foco político hacia la gestión sanitaria de la Junta.
