La primera jornada del juicio por el accidente ferroviario más grave que ha sufrido Grecia estuvo marcada por la tensión y las fuertes críticas de los supervivientes y familiares de las víctimas, quienes denunciaron problemas técnicos y la falta de espacio en la sala: «Habíamos solicitado que el juicio no se celebrara aquí», declaró antes los medios Panos Routsis, padre de una de las víctimas mortales y quien estuvo en huelga de hambre durante 23 días para pedir la exhumación y la realización de nuevas pruebas en los restos mortales de su hijo.«Las condiciones de la sala del juicio, que tanto hemos estado esperando, son inaceptables, teniendo en cuenta la cantidad de personas que asistió el primer día. Los familiares de las víctimas han tenido que sentarse en los banquillos de los imputados, al lado de los acusados porque no había sitios libres», explica indignado a ABC Evan Vlachos, hermano de unas de las víctimas mortales. El juicio fue aplazado durante unas horas mientras el tribunal decidía si se continuaba o no con la vista. Aunque en un primer momento la Fiscalía pidió que se continuara con el juicio, al no haber «garantías de que haya una sala de audiencia disponible», finalmente, el juicio ha sido aplazado hasta el próximo miércoles, 1 de abril. «Esperamos que los responsables resuelvan estos problemas y poder continuar con el proceso y procesar a todos los culpables de este crimen», añade Vlachos. Noticia relacionada No No Victoria del padre griego que lucha por la exhumación de su hijo Marta Cañete57 víctimas y 36 acusadosLa noche del 28 de febrero de 2023, un tren de pasajeros que cubría el trayecto Atenas y Tesalónica —las principales ciudades del país— chocó frontalmente con un convoy de mercancías que circulaba en dirección contraria en la misma vía. El tren de pasajeros acababa de abandonar la estación de Lárisa (centro-norte del país), donde, presuntamente el jefe de estación cometió un error en el cambio de agujas, desviando el convoy hacia una vía equivocada. En el choque frontal perdieron la vida 57 personas , en su mayoría estudiantes que regresaban a las aulas tras el puente de carnaval. El siniestro también dejó más de una treintena de heridos graves. Entre ellos, Gerásimos Georgiadis, único superviviente del primer vagón del tren de pasajeros, que continúa en estado de coma. Asimismo, el cuerpo de Arieta Molcho, de 23 años de edad, no pudo ser identificado. En el banquillo se sientan 36 acusados , entre ellos altos cargos de la compañía Hellenic Train y del Organismo Ferroviario de Grecia (OSE, por sus siglas en griego). Concretamente, están imputadas cinco personas relacionadas con el funcionamiento de la estación de Larisa la noche de la colisión; veintiséis altos ejecutivos de OSE; dos funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Transporte y la presidenta de la Autoridad Reguladora de Ferrocarriles (RAS, por sus siglas en griego) y, por último, dos altos cargos directivos de Hellenic Train.Treinta y tres de los acusados se enfrentan a un delito grave de interferencia peligrosa en el transporte ferroviario, por conductas que pusieron en riesgo la seguridad pública y provocando múltiples muertes, lesiones graves y daños significativos en la infraestructura ferroviaria. A ello se suman acusaciones de homicidio involuntario y lesiones por negligencia, delitos que pueden acarrear penas de cadena perpetua.Proceso judicial complejoSe prevé un juicio largo y complejo, dada la magnitud del caso, el voluminoso sumario, el elevado número de implicados, las más de 80 horas de grabaciones y los más de 350 testigos que declararán durante el proceso.El expediente recoge distintos niveles de responsabilidades: por un lado, la gestión de la estación de Lárisa; por otro, el desarrollo y la ejecución de los proyectos de mejora y modernización de la red ferroviaria, sobre todo en lo relacionado con los proyectos de señalización y control remoto, cuya ausencia o mal funcionamiento se considera factor clave en el accidente. Paralelamente al juicio principal, se desarrolla una investigación judicial contra el exministro de Transportes, Kostas Karamanlis , por presunto incumplimiento de sus funciones, así como contra el exviceministro del primer ministro, Christos Triantopoulos, acusado de destruir y alterar el lugar del siniestro, lo que habría provocado la pérdida de pruebas clave. En Atenas, varios funcionarios de la Autoridad Nacional de Transparencia están siendo juzgados por los retrasos en la ejecución del contrato para la modernización de la red ferroviaria griega, un proyecto financiado por la UE con 41 millones de euros. Por último, un tribunal de Lárisa investiga la desaparición de las grabaciones de vídeo correspondientes a la noche de la tragedia.
