El domingo pasado, el programa de TN Y Mañana Qué dio a conocer un documento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) publicado durante los primeros días de marzo, en el que se detalla que existían al menos 78 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, con sentencia firme, que nunca fueron dados de baja y seguían con estatus de retiro. Esto, como se explicó, implicaba mantener un vínculo institucional con el Estado Argentino y los privilegios que ello conlleva: como pensiones, jubilaciones, etcétera. Además, desde un punto de vista técnico, esto los dejaba en condiciones de volver a ser convocados a servicio.
Durante la investigación, la PIA solicitó en reiteradas ocasiones la baja de estos agentes, pero, como explica el documento en sus conclusiones, al momento de su publicación, al menos 50 seguían figurando como retirados.
Tras la publicación del informe de TN, ahora, el Jefe del Ejército, Oscar Santiago Zarich, firmó las resoluciones correspondientes con fecha del 26 de marzo, en donde se ordena la baja de 34 oficiales que permanecían con estatus de retiro. Ese número incluye cinco militares que ya murieron. Los otros 29 transitan diferentes condenas.
La noticia no cayó bien hacia el interior de las Fuerzas Armadas y generó recelo con el Ejército y el Ministerio de Defensa, que de acuerdo a fuentes internas, “no hicieron nada para evitarlo, ni siquiera demorarlo”. De igual forma sucede con sus familias, donde se preguntan si “era necesario tanto” e insisten con algún tipo de “espíritu revanchista”, independientemente de la sentencias firmes que pesan sobre cada uno de estos oficiales que, una vez más, fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
Mucho de ese enojo tiene como destinatario al actual Jefe del Ejército, Zarich, pero especialmente al Ministro de Defensa, Carlos Presti. Dentro de la fuerza creen que decidió ceder y “no hacer ruido” en función de presuntas aspiraciones políticas que tendría de cara al año que viene. “Está haciendo buena letra y no quiere quilombos”, cuentan. En ese sentido, la bronca es mayor, ya que quien debía disponer las bajas cuando la PIA lo solicitó era el propio Presti, en ese entonces jefe del ejército, que en aquel momento no tuvo ningún apuro en avanzar con los requerimientos “y ahora los sacó en una semana”.
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Como fuere, y siguiendo con la línea de la PIA, todavía resta avanzar con la baja de doce agentes de las Fuerzas de Seguridad, que incluyen a siete oficiales de la Policía Federal, y otros ocho dentro de las Fuerzas Armadas, siete de los cuales pertenecen a la Armada Argentina. Se espera que en los próximos días haya novedades.
