Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, mejor conocida como PEPCA, es la dirección más importante dentro de la Procuraduría General de la República, llamada a combatir la corrupción administrativa.
La semana pasada fue notoria y llamó mucho la atención la implicación de uno de sus miembros en un proceso de soborno y extorsión, hecho repudiado por la sociedad, más aún cuando a quien se le imputa dicho acto está llamado a luchar contra este tipo de flagelo.
Frente a esta situación de este órgano persecutor, surgirán muchas cuestionantes en torno a la caja de Pandora que traerá el arresto de uno de sus principales fiscales, una conducta totalmente indecorosa e ilícita, especialmente dentro de un organismo que combate la corrupción administrativa del sector público y que se presume transparente, donde sus miembros están comprometidos con la moral y las buenas costumbres.
Ante este escenario, que pone en entredicho la pulcritud de este órgano, es lamentable que una “manzana podrida” pueda dañar la imagen de todo un grupo.
La sociedad civil siempre espera más de aquellos que, por su investidura, tienen la capacidad y atribución de corregir faltas y dar ejemplo de honestidad frente a quienes se involucran en actos de corrupción.
En este contexto, la idoneidad de las investigaciones llevadas a cabo por este organismo podría quedar en entredicho.
En el derecho penal existe un principio que podría analizarse frente a la situación que vive este órgano persecutor: la teoría del “fruto del árbol envenenado”.
Este principio jurídico se consolidó en 1920 con el caso Nardone vs. United States, y establece que cuando el persecutor contamina un caso mediante actuaciones ilegales, cualquier diligencia procesal pierde automáticamente su valor probatorio.
La magnitud de este tipo de conductas ha sido históricamente reprochada. En Estados Unidos, son múltiples los casos en los que procesos han sido anulados debido a que agentes policiales o fiscales han sido investigados y hallados culpables de extorsión, sobornos y perjurio. Cabe destacar que en el año 2022, la Suprema Corte de Justicia de Brooklyn, liderada por el juez Matthew D’Emic, ordenó la liberación de casi 378 condenas vinculadas a investigaciones realizadas por un grupo de detectives que fueron hallados culpables de extorsión, sobornos y perjurio.
Es importante que los fiscales, como representantes de este órgano persecutor, tomen conciencia del daño que pueden ocasionar a la institución, la cual, por su rol de investigación y las atribuciones que le confiere la ley, tiene la responsabilidad de presentar denuncias y querellas contra quienes afectan el erario público.
¿Qué piensa hoy la sociedad dominicana frente a una actuación tan reprochable de un miembro del PEPCA? ¿Cuál será la posición que asumirán los jueces al momento de recibir una denuncia de este órgano? ¿Tendrán la misma confianza, sabiendo que dentro de la institución pueden existir personas capaces de extorsionar en procura de su propio beneficio?
Aprovechando esta semana de asueto, especialmente propicia para el recogimiento familiar, la oración y la reflexión, sería importante que este grupo de profesionales que forma parte del PEPCA revise quiénes son realmente idóneos para integrar un órgano tan importante para la justicia dominicana, y que se tomen las medidas necesarias antes de que ocurra otro hecho similar que pueda afectar la imagen construida con trabajo y sacrificio.
Lamentablemente, la actuación de un solo miembro puede manchar la investidura y la honorabilidad de muchos que son reconocidos por su integridad y carácter.
La publicación El gran reto del PEPCA apareció primero en El Día.
