La justicia de Guatemala suspendió provisionalmente la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2 mil reos de alta peligrosidad, principalmente pandilleros. La decisión judicial no se basa en consideraciones de derechos humanos, sino en la queja de un grupo de ciudadanos acerca del riesgo para la población por posibles inundaciones en la zona y el traslado de emergencia de los prisioneros. Aunque el gobierno del presidente Bernardo Arévalo niega que la prisión ubicada en el departamento de Escuintla sea una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, lo cierto es que éste está diseñado para albergar a miles de reclusos bajo regímenes de aislamiento severo y que el mandatario enfrenta una fuerte presión social para adoptar el enfoque fascista de su vecino en el combate a las pandillas.
Editorial: La peligrosa expansión del bukelismo
Cortex AI
Resumen, sesgo y contexto.La Jornada

