Tras la muerte de una mujer durante una liposucción, el Ministerio de Salud Pública ha sacado a relucir que una clínica estética de Santiago donde ocurrió el suceso carecía de permiso para efectuar cirugías.
Con el caso de Ángela Geraldine Hernández, de 32 años, vuelve a ponerse de manifiesto, de ser como aseguró el ministro Víctor Atallah, el desacato al principio de autoridad.
El colapso de construcciones, derrumbes de minas y explosiones en instalaciones son algunos ejemplos de desobediencia a prohibiciones de operaciones emanadas de las autoridades.
En todos los casos, incluido el de la clínica Diosa, donde la paciente falleció durante la cirugía, es evidente que la supervisión también ha brillado por su ausencia.
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Lejos de lavarse las manos, con las tragedias y percances que se han registrado las autoridades han estado compelidas a ejercer una supervisión más estricta sobre las prohibiciones.
De lo contrario se corre el riesgo de volver a las mismas explicaciones sobre sucesos con similares características. Son muchas las personas que han muerto durante cirugías estéticas por mala práctica médica o en centros inadecuados.
