La situación de los defensores del territorio indígena en el Perú atraviesa un escenario crítico. Durante el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores del Territorio Indígena (ALADTI), especialistas alertaron sobre el avance de economías criminales y la insuficiente respuesta del Estado frente a estas amenazas.
Carlos Quispe, líder de proyecto de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advirtió que el principal problema está vinculado al crecimiento del crimen organizado en territorios indígenas.
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“El principal problema está relacionado con el avance de las economías criminales, delitos ambientales y crimen organizado”, sostuvo.
Expansión de actividades ilegales
En el Perú, la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal se han consolidado como las principales amenazas en la Amazonía.
Según explicó Quispe, estas actividades ya no se concentran solo en zonas históricas como el VRAEM, el Huallaga o Tambopata, sino que se están expandiendo hacia nuevas áreas.
Entre ellas, mencionó cuencas de Loreto como el Nanay, Tigre y Curaray, así como zonas fronterizas como el Putumayo, donde actores criminales disputan el control del territorio.
Defensores en situación de vulnerabilidad
El impacto recae directamente en los defensores ambientales. De acuerdo con cifras expuestas en el encuentro, desde 2021 se han registrado más de 560 situaciones de riesgo que involucran a cerca de 900 personas, de las cuales el 72% pertenece a pueblos indígenas.
Pese a la existencia de mecanismos de protección, estos resultan insuficientes. “Muchos casos quedan impunes o simplemente no son investigados”, advirtió Quispe.
Además, señaló que existe un subregistro de casos, debido al temor, la desconfianza y la falta de expectativas de sanción por parte de las víctimas.
Cuestionamientos al Estado y a la formalización minera
El especialista también cuestionó la efectividad del proceso de formalización minera en el país. Indicó que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado como una medida temporal, se ha prolongado sin resultados significativos, alcanzando apenas un 2,6% de formalización.
“El problema no es solo lo ilícito versus lo legal, sino la informalidad que predomina”, afirmó.
A su juicio, este escenario, sumado a cambios normativos recientes, ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar los delitos ambientales.
Propuestas y agenda internacional
Frente a este panorama, las organizaciones participantes acordaron llevar propuestas a la próxima COP4 del Acuerdo de Escazú.
Entre las principales medidas, plantean la creación de un grupo de trabajo especializado en asuntos indígenas que permita diseñar estrategias más efectivas de protección.
Quispe subrayó que el enfoque actual es limitado, ya que prioriza la protección individual, cuando en realidad se trata de derechos colectivos.
Una defensa que continúa pese al riesgo
Ante la limitada respuesta estatal, las comunidades indígenas han comenzado a implementar sus propios mecanismos de protección, como guardias comunales y comités de vigilancia.
El escenario, sin embargo, deja una alerta clara, la expansión del crimen organizado en territorios indígenas avanza más rápido que las medidas de protección, colocando a los defensores en una situación de riesgo constante.
