En atención al pedimento del Ministerio Público, una jueza confirmó el arresto domiciliario impuesto como medida de coerción al coronel Andrés Pacheco, procesado por delitos de corrupción administrativa en la red desmantelada el pasado año con la operación Lobo.
La fiscal litigante Rosa María Pichardo dijo que para ratificar la medida el tribunal tomó en cuenta la gravedad de los hechos documentados por el Ministerio Público, así como temas basados en el peligro de fuga.
“Presenta peligro porque podría entorpecer las investigaciones que pesan contra él y contra el esquema criminal que tiene este caso”, dijo Pichardo a los periodistas que la abordaron a su salida del tribunal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Rosa María Pichardo, Elizabeth Paredes y Yoneivy González, solicitó a la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, mantener la medida de coerción impuesta al coronel Pacheco Varela, uno de los imputados.
La Operación Lobo fue puesta en marcha por el Ministerio Público contra una red de sobornos que llevó al arresto de militares y civiles.
La jueza Rivas rechazó el pedimento del imputado y ratificó la medida de restricción de libertad al procesado, según una nota de prensa del órgano persecutor.
Asimismo, durante la audiencia el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, solicitó al tribunal un permiso que le fue concedido.
Según el órgano acusador, la estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Entre los implicados en los hechos graves que afectaron a varias instituciones del Estado figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179, párrafo; 180, 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano. También, se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8, y el artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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