Si no había pruebas contra el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por los sobornos pagados por Odebrecht para la adquisición y sobrevaluación de construcciones, no había más que descargarlos.
El Tribunal Constitucional cerró el proceso al ratificar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que absolvió a los imputados del escándalo de corrupción. Rondón y Díaz Rúa fueron los únicos condenados en primera instancia a ocho y cinco años de prisión, acusados de sobornador, el primero, y de enriquecimiento ilícito, el segundo.
Pero resulta que los sobornados por Rondón jamás fueron identificados, pese a que el consorcio Odebrecht reconoció que había pagado 92 millones de dólares para agenciarse y sobrevaluar obras. Ni siquiera un acuerdo de lenidad suscrito entre el Ministerio Público y la empresa brasileña, el cual fue avalado por un tribunal, sirvió para identificar a los sobornados.
El caso nació sesgado desde que estalló el escándalo. Al Ministerio Público no le interesaba establecer responsabilidades, sino proteger a un sector político y perjudicar a otro.
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Que el caso se haya cerrado sin condena baja mucho la expectativa sobre los escándalos de corrupción que cursan en los tribunales. Parece inconcebible que, a diferencia de otros países, aquí la impunidad se haya impuesto en el caso de la firma Odebrecht, que admitió los pagos y se comprometió a identificar a los sobornados y cooperar con las autoridades.
