El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, sostuvo que la investigación por el origen del dinero con que se compró la casaquinta de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) debe volver a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en la Ciudad.
Poco después, fue suspendida la audiencia en la que dicha Cámara tenía que resolver qué juzgado debe intervenir en el expediente. Esto se debió al pedido de recusación de la jueza, Angela Ledesma, realizado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
La ex diputada nacional, en rol de denunciante, había pedido la medida en base a "la gravitación de Ledesma en la política judicial y en la sociedad de Santiago del Estero", y que por eso debía analizarse "si tuvo vínculos de algún tipo con los acusados y su entorno".
Carrió expresó que "las conexiones políticas de Ledesma podrían coincidir con las de Pablo Toviggino (tesorero de la AFA), aunque ello no implique denuncia alguna o duda respecto de la solvencia" de la camarista. Ahora, los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky tendrán que resolver sobre la recusación de Carrió a Ledesma y definir la integración que deberá resolver sobre la competencia en la causa.
El planteo del fiscal
"La solución de enviar la causa al Juzgado de Campana no sólo es equivocada, sino que sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad", consideró Villar en el dictamen emitido este lunes.
En los argumentos sobre por qué la investigación debe volver a Rafecas, explicó que las maniobras investigadas "darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito".
Para el Fiscal, la causa no debe seguir investigándose en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay y tiene revocarse una decisión de la Cámara Federal de San Martín que envió el expediente a ese distrito.
Villar respaldó el recurso de queja presentado por el fiscal de San Martín, Carlos Cearras, al considerar que la especialización en materia de lavado de activos y el objeto de la causa exige que la instrucción se realice en los tribunales de Comodoro Py.
Además, planteó como alternativa que, de no regresar a manos de Rafecas, el caso sea derivado al fuero penal económico bajo el mando de Marcelo Aguinsky, también en la Capital Federal.
La propiedad, valuada en U$S17 millones, cuenta con helipuerto y haras, y está a nombre de una sociedad integrada por el monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.
