En una manifestación cargada de simbolismo religioso y denuncia cívica, familiares de presos políticos, activistas y exdetenidos recorrieron este Viernes Santo los siete templos del centro de Caracas, siguiendo la tradición católica, para exigir la libertad de más de 600 venezolanos detenidos por motivos políticos y denunciar las condiciones inhumanas en las que permanecen.
El recorrido incluyó iglesias emblemáticas como La Candelaria, Santa Capilla y la Basílica de Santa Teresa, donde los participantes elevaron plegarias y consignas por la liberación de los detenidos y el desmantelamiento del aparato represivo del Estado.
Diego Cassanova, representante del Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), afirmó que la actividad busca visibilizar la responsabilidad directa de las autoridades en la continuidad de la represión.
“Estamos haciendo esto para recordar que esta vil injusticia la promueven quienes están al frente de las instituciones, quienes están al frente del Estado venezolano y mantienen a más de 600 personas detenidas en centros crueles e injustos”, expresó.
El dirigente social y ex preso político Carlos Julio Rojas participó en la caminata y denunció que muchos detenidos permanecen en condiciones inhumanas en centros como Ramo Verde, El Helicoide, El Rodeo y otros recintos militares y civiles.
“Es nuestro deber conquistar la libertad de los que quedan. La petición a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez es clara: la libertad de los presos políticos es necesaria para una transición a la democracia. Es vital”, afirmó.
Rojas también denunció que la Ley de Amnistía ha sido aplicada de manera selectiva: “Son muchos los presos políticos a quienes no se les ha aplicado la ley, como es mi caso y el de 14 periodistas”.
El dirigente político y ex prisionero Jesús Armas fue contundente al exigir el cierre de todos los centros donde se han documentado violaciones de derechos humanos.
“No es posible que un venezolano vuelva a estar en un centro de tortura. Queremos que cierren El Rodeo, Tocorón, el Fuerte Huaycaipuro y todos los espacios donde se han violado los derechos humanos. No queremos nunca más una desaparición forzada en Venezuela”.
Armas aseguró que la lucha continuará “hasta que haya justicia, verdad y reparación para todas las víctimas”.
La defensora de derechos humanos Sairam Rivas advirtió que el Estado no ha desmontado las estructuras de persecución, un requisito indispensable para cualquier proceso de reconciliación.
“No se ha desmantelado el aparato represivo en Venezuela. La Ley de Amnistía debería acoger delitos políticos por excelencia —rebelión, conspiración, instigación al odio— y todos han sido excluidos”.
Rivas denunció que continúan operando centros de tortura como el Rodeo I, el Fuerte Guaicaipuro, Yare y otros espacios clandestinos.
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