EL NUEVO DIARIO, El abogado Henry Guzmán, representante legal de Patria Eridania Gómez Jiménez, expresó su inconformidad con las medidas de coerción dictadas por el Juzgado de la Instrucción de Valverde contra los implicados en el asesinato del empresario español Antonio Jiménez, ocurrido en el distrito municipal de Maizal.
Guzmán explicó que su defendida, quien figura entre las seis personas detenidas por el caso, recibió prisión preventiva sin que existan indicios que la vinculen directamente con el crimen; en cambio, Lorenzo Ozoria López, identificado como presunto autor principal, fue beneficiado con prisión domiciliaria.
El abogado dijo estar indignado por esta medida, ya que, durante el proceso, Ozoria López habría confesado al Ministerio Público que fue quien aportó el arma, contactó a los ejecutores y entregó el dinero para la comisión del crimen.
“En un interrogatorio, él establece al Ministerio Público y posteriormente al tribunal que él aportó el arma con la que se produce el hecho, buscó la persona que ejecutó el hecho, es él quien supuestamente entrega los valores económicos a las personas que comenten el hecho; posteriormente, recibe el arma y se la presta otra persona; o sea, que para él fue un asunto normal”, manifestó el abogado.
El jurista cuestionó que, pese a estos elementos, el principal señalado haya recibido una medida menos severa, mientras que otras personas, que, como su defendida, no tienen una imputación penal claramente establecida, permanecen en prisión preventiva.
“Ha sucedido a lo inverso, Lorenzo Ozoria, es quien debió guardar prisión preventiva, porque es una persona sin arraigo social, económico, ni siquiera familiar; sin embargo, le han dictado prisión a Patria Eridania Gómez Jiménez, que no se evidenció en ninguna parte tener contacto con Lorenzo Ozoria que fue quien planificó el crimen, pero se le da prisión a Leonardo Cruz porque Lorenzo Osoria dio que hablaron Facebook y por llamada; o sea, que por la intervención de un imputado hay dos personas presas y el imputado en libertad”, precisó.
En ese sentido, Guzmán advirtió sobre el riesgo de sustentar decisiones judiciales en las declaraciones de uno de los imputados, ya que esto podría permitir que una persona traslade su responsabilidad a terceros para obtener beneficios procesales.
“Lo que nos sorprende de esta medida de coerción es que esa persona, por un supuesto acuerdo que ha dicho su abogado a los medios de comunicación, haya sido beneficiada con una domiciliaria y dos imputados que no tienen figura jurídica actualmente para perseguirlo, porque la autoría intelectual no es una figura que actualmente pueda ser perseguida, ni tampoco una figura jurídica llamada coordinador. No entiendo de dónde saca el Ministerio Público esos dos términos que no aplican en materia de justicia”, precisó.
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Sobre el caso
El empresario Antonio Jiménez López fue encontrado muerto el 20 de septiembre de 2025 dentro de un vehículo, en la localidad de Palo Damajagua, perteneciente al distrito municipal de Maizal, en la provincia de Valverde.
Las investigaciones señalaron a Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa de la víctima, como la «autora intelectual» del asesinato, presuntamente motivado por intereses económicos vinculados a bienes que la pareja poseía en España y República Dominicana. Según el informe policial, los responsables habrían acordado pagar 400 mil pesos para cometer el crimen.
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