La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) concedió medidas cautelares a favor de Yorman Bladimir Acevedo Murillo, ciudadano venezolano detenido desde el 13 de enero de 2026.
La resolución 22/2026, adoptada el 4 de abril, responde a riesgos graves para su vida, integridad personal y salud, indicó la Cidh en un comunicado.
Yorman Bladimir Acevedo Murillo participó de manera activa en debates políticos a través de plataformas digitales. Allí expresó críticas abiertas al gobierno de Nicolás Maduro, por lo que las autoridades lo detuvieron sin que existan detalles públicos claros sobre los cargos específicos.
Organizaciones de derechos humanos lo identifican como preso político. Desde su arresto, Acevedo Murillo permanece sin acceso regular a atención médica, aun cuando sus familiares han alertado que sufre depresión, trastornos del sueño, ansiedad, afectaciones nerviosas y problemas auditivos.
Según la solicitud presentada ante la CIDH, Acevedo no recibe los medicamentos prescritos ni evaluaciones integrales de salud y sus condiciones de reclusión incluyen extorsión, agresiones físicas por parte de funcionarios, alimentación insuficiente, escasez de agua potable y limitaciones severas en las visitas familiares.
La CIDH destacó que estas circunstancias podrían buscar intimidar y silenciar su derecho a la libertad de expresión. El Estado venezolano no presentó información que desvirtuara las alegaciones.
La Comisión solicitó al gobierno medidas concretas: protección inmediata de sus derechos fundamentales, condiciones de detención acordes a estándares internacionales, acceso a atención médica especializada, alimentación y agua adecuadas, fin de la violencia y amenazas dentro del centro penitenciario, comunicación fluida con familiares y abogados, y garantía para que pueda ejercer su actividad política sin hostigamiento.
Este caso se suma a la lista de detenidos por motivos políticos en Venezuela. Familiares y defensores de derechos humanos denuncian patrones sistemáticos de arbitrariedad, traslados irregulares y deterioro de la salud de los presos.
La CIDH subrayó la urgencia de acciones que eviten daños irreparables. Hasta el momento, no hay respuesta oficial del Estado venezolano sobre el cumplimiento de estas medidas.
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