Las autoridades de Venezuela estudian otorgar “medidas de gracia” o indultos presidenciales a personas que quedaron fuera de la reciente Ley de Amnistía, tras cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales y familiares que exigen que el beneficio se extienda a todos los considerados presos políticos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez , anunció que “muchas” de las personas que no califican para la amnistía podrían ser evaluadas para recibir indultos. Explicó que, tras la promulgación de la ley, se abrió un espacio para que instancias gubernamentales revisen casos no contemplados en la normativa y recomienden medidas posibles.
La amnistía cubre el período entre 1999 y 2026, pero delimita 13 coyunturas políticas específicas desde 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en otros momentos y casos vinculados con operaciones militares.
Liberaciones anunciadas y cifras en disputa
Rodríguez aseguró que este sábado se producirían “cientos de liberaciones”, sin ofrecer cifras detalladas ni identidades. Indicó que los primeros casos atendidos corresponden a detenidos en centros como Zona 7 y la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.
Además, informó que la comisión especial del Parlamento se declaró en sesión permanente y que ha recibido más de 1.500 solicitudes de amnistía. Según el funcionario, también se prevé revisar medidas sustitutivas que afectan a más de 11.000 personas.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) señaló que solo ha podido verificar 19 excarcelaciones desde la aprobación de la ley. El bloque opositor indicó que, desde el 8 de enero cuando el Ejecutivo anunció un proceso de liberaciones, ha confirmado 494 excarcelaciones.
Exigencias de ONG y familiares
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) pidió que la amnistía se aplicara “sin discriminación ni exclusión”. Aunque reconoció posibles avances parciales, sostuvo que la medida solo será válida si se desmonta el sistema represivo y se garantizan condiciones seguras para el retorno de exiliados.
Por su parte, el Foro Penal estimó que al menos 400 detenidos podrían quedar fuera de la amnistía y anunció que presentará una lista inicial de 232 casos para su revisión. Según sus registros, actualmente hay más de 600 presos políticos en el país, tras la liberación de 448 personas desde enero.
El Gobierno venezolano sostiene que en el país no existen presos políticos, sino personas procesadas por la comisión de delitos.
