El periodista Rafael Méndez analiza en un libro el papel de los juristas de los mayores rangos de la administración que conocen las leyes, saben cómo interpretarlas y adaptan sus lecturas, lo que los hace profundamente atractivos para las empresas
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Se llaman José Luis del Valle, Enrique Arnaldo, Elisa de la Nuez, José Ramón García Notario o Joaquín José Abajo Quintana. Muchos de sus nombres son conocidos, otros no tanto, pero a todos les une una cosa: son abogados del Estado, letrados en Cortes o altos funcionarios, todos en el mayor rango de la administración, y tienen o han tenido a la vez un pie en la actividad pública y otro, en la privada. Conocen las leyes, saben cómo interpretarlas y adaptan sus lecturas en función de los intereses del momento o de sus clientes, lo que los hace profundamente atractivos para las grandes empresas que los contratan. Y para ello se aprovechan de un suave régimen de incompatibilidades que les permite combinar ambas facetas, la pública y la privada, con pocos límites.
Sobre ellos trata el último libro del periodista y colaborador de elDiario.es Rafael Méndez (Murcia, 1975) Los dueños del Estado (Península, 2026). “Tienen lo mejor de los dos mundos. Conocen a los políticos porque han trabajado con ellos, han sido el engranaje entre la política y la administración, y luego tienen el conocimiento teórico y la capacidad de trabajo y probablemente, en muchos casos, los antecedentes y los conocimientos familiares, en el caso de las buenas familias de Madrid, que les permite acceder a la privada. Es una red fantástica”, explica el autor en conversación con este medio.
“Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio”, señala en el libro. “Los abogados del Estado son los que desde el corazón mismo de la maquinaria del Estado informan sobre las leyes y los reglamentos, los que conocen quién sabe qué y a quién llamar, qué tecla hay que tocar para afinar un proyecto o para hacerlo descarrilar, cuáles son los agujeros negros que siempre quedan en las leyes y cómo sortearlas. Por eso son el Poder”, añade Méndez.
Durante el libro pone numerosos ejemplos. Uno de los más llamativos es el de Enrique Arnaldo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional. Antes de acceder a ese puesto, en 2021, hubo años en los que Arnaldo compaginó su plaza como letrado en las Cortes con la de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, mientras su despacho asesoraba también al gobierno balear. Cuando hace cinco años el magistrado tuvo que comparecer en el Congreso para que la Cámara Baja estudiara su idoneidad, Arnaldo se defendió: “He mantenido el régimen de compatibilidades, efectivamente, previsto en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que se refiere a los contratos de servicios y estos eran contratos con administraciones públicas de consultoría y no contratos de servicios”, llegó a asegurar.
Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio
Otro caso llamativo es el de José Luis del Valle, abogado del Estado y secretario del consejo de ACS, el gigante de la construcción que dirige el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Como explica Méndez en el libro, Del Valle, “mano derecha” de Florentino, consiguió colarse en la sala de los juzgados de Pozuelo (Madrid) mientras el futbolista Cristiano Ronaldo declaraba sobre sus problemas por el fisco. El temor de la dirección del Real Madrid era que en su declaración el futbolista pudiera implicar al club. “¿Cómo había logrado Del Valle entrar y pegar la oreja para saber qué declaraba Cristiano ante el juez? Pues simplemente se presentó allí y pregunto a su compañero de la Abogacía del Estado y a la Fiscalía si les importaba que pasara. Ninguno tuvo inconveniente. A su señoría también le pareció bien”, relata el libro.
Un ejemplo más es el de José Manuel Serrano Alberca, que era letrado en Cortes y abogado y que se hizo “especialista en expropiaciones”, lo que le llevó a embolsarse cantidades millonarias al conseguir indemnizaciones para personalidades de la Iglesia o del funcionariado a quienes tuvieron que expropiar fincas o terrenos para la construcción de autopistas o carreteras.
No les gustan “las aventuras”
Méndez destaca que la mayoría de los altos funcionarios son “apolíticos”, y luego apostilla: “de derechas” o “conservadores”. “La gente que se prepara a una oposición nunca es un aventurero. Eso decía Mariano Rajoy: alguien que se ha preparado a una oposición no le gustan las aventuras. Hay un punto seguro familiar, histórico, de preparación y de familias, y de entrar ahí, y de esto. Claramente, son cuerpos con un sesgo conservador. Nuestras élites son conservadoras, y aunque nos gustaría pensar que son ejemplares, y viviríamos más cómodos, dormiríamos más cómodos pensando eso, la verdad es que muchos no lo son”, apunta Méndez en conversación telefónica con elDiario.es.
Él defiende una mayor transparencia y control del régimen de incompatibilidades. “Si el político está ahí solo para inaugurar y cortar cintas y nos van a gobernar los altos funcionarios tenemos que saber quiénes son, en qué empresas trabajan, si tienen compatibilidad o no. Está el caso del letrado del Consejo de Estado, que era consejero de un banco andorrano y a la vez estaba la Sección Quinta, que es la que ve las normas del Ministerio de Economía. Nadie puso en cuestión su incompatibilidad”, relata.
En el libro ya explica que “los letrados del Consejo de Estado trabajan desde donde quieren y muchos solo pisan el Consejo cuando es estrictamente necesario” e ironiza con la edad de los consejeros vitalicios: “El motor del Consejo de Estado se ha llegado a gripar por tener demasiados ancianos al mando”. “Con esas edades se explica que, para mucha gente, los que gobiernan la institución sean los letrados”, apunta. “Estos funcionarios son los que realmente mandan sobre esos ancianos que se mueven en coche oficial. Como me comentó un ex alto cargo que conoce bien las tripas del poder: 'Bismarck decía que Prusia no tenía un Ejército, sino que un Ejército tenía Prusia. En el Consejo de Estado es igual: el Consejo de Estado no tiene un cuerpo de letrados, son los letrados los que tienen un Consejo de Estado”, remarca Méndez.
¿Por qué no se ponen en marcha reformas para limitar las compatibilidades de los altos funcionarios? Méndez señala que por desconocimiento ciudadano y porque no interesa a ninguna de las partes involucradas, la administración pública y la privada. El exministro Jordi Sevilla, que durante su etapa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí intentó una reforma que pusiera coto a estas prácticas, le responde así al autor cuando le plantea posibles cambios: “Ten en cuenta que esto nos interesa a ti y a mí, y no sé si a alguien más”.
