Le investiga por la orden que habría transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Los Ángeles
Un cuarto juzgado imputa a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias de ancianos
Un juez de Getafe ha acordado imputar por un delito de prevaricación a Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y al que se investiga en diferentes juzgados por presuntamente participar en la elaboración de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que habrían impedido derivar a ancianos desde las residencias a hospitales de la Comunidad de Madrid en la primera ola del COVID-19.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor Luis Carlos de Isidro entiende que su juzgado sí es competente para admitir la ampliación de denuncia presentada por el PSOE, aunque lo hace parcialmente dado que debe acotar esa investigación “a la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”. Extiende su competencia a la participación que en ese asunto hubiera tenido otro de los ex altos cargos sanitarios de Isabel Díaz Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo.
El juez hace este matiz en su resolución porque entiende que la formación pretendía con su ampliación que se investigaran unas órdenes “que afectan a todo el territorio de la Comunidad de Madrid y que fueron emitidas y confeccionadas en la localidad de Madrid”. Recuerda que las mismas solo tenían “efecto reflejo en la remisión de las mismas a la localidad de Getafe”, única en la que ostenta competencia territorial.
En este sentido, abunda en que la investigación general del delito de prevaricación que se pretende desde el PSOE “excede claramente” de su competencia y, por tanto, considera “improcedente” parte de la ampliación de la denuncia.
La unificación
Cabe recordar que ya son varios los juzgados madrileños que tienen causas abiertas contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por esos protocolos y, según fuentes jurídicas consultadas, a lo largo del mes de abril habrá un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la posibilidad de que se acaben unificando en una sola causa.
Mur, que ostentó esa Dirección General durante ocho meses, fue el firmante de las distintas versiones de los llamados 'protocolos de la vergüenza'. Estos establecían quién podía o no ser trasladado a un hospital desde las residencias públicas y frenaron la derivación de dependientes, salvo la de aquellos que tenían seguro privado o vivían en su casa. Mur fue destituido de manera fulminante dos meses después de los protocolos, en mitad de la pandemia, y tras empezar a surgir denuncias de familiares. Él ha declarado en otro procedimiento que “coordinó, revisó, firmó y envió” los documentos a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero argumenta que no fue su autor.
Mur fue sustituido en mayo de 2020 por Francisco Javier Martínez Peromingo, que hasta ese momento era geriatra en los hospitales gestionados por Quirón, una de las principales concesionarias en la sanidad madrileña, y, según declaró Mur, autor de otros borradores de los protocolos e interviniente en la redacción de los mismos desde esa posición, pese a que en ese momento estaba fuera de la cadena de mando de la Consejería. Peromingo reconoce su papel, pero apunta a Mur como responsable de los posibles elementos discriminatorios. En julio de 2023, Peromingo salió del gobierno regional de Ayuso para convertirse en jefe de Geriatría del buque insignia de Quirón en Madrid: la Fundación Jiménez Díaz.
En la ampliación de la denuncia, a la que también ha tenido acceso elDiario.es, el PSOE solicita ejercer la acusación popular en esta causa e indica que los hechos además de ser constitutivos del delito de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios también encajan en el tipo penal de la prevaricación administrativa.
“Se debe investigar adecuadamente si las órdenes por las que se aprobaron los protocolos respecto de la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19 durante la pandemia y que se aplicaron tanto en los hospitales como en las residencias de personas mayores, así como las decisiones de medicalizar las residencias para atenderlos que nunca se llegaron a materializar, pudieran ser constitutivos de otros delitos, en concreto el de prevaricación”, explica.
En este sentido, hace mención al informe elaborado en el marco de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid elaborado por profesionales de varios sectores liderados por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Resalta que ese trabajo concluía que “muchas de las personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19 y que se encontraban ingresadas en residencias dependientes de la Comunidad de Madrid fueron víctimas no sólo de la enfermedad que acabó con sus vidas y la situación de pandemia general sino de las decisiones y protocolos que no contribuyeron a su salvación y que pudieron influir en su resultado fatal o incluso haber anticipado el hecho o haber aumentado el daño por falta de cuidados paliativos adecuados en una residencia”.
Y explica, refiriéndose a ese informe, que entre marzo y abril de 2020, murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid. De ellas, 7.291 lo hicieron en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. Y añade que los responsables sanitarios que tuvieron un papel decisivo en la gestión de la crisis del Covid-19 en las residencias de ancianos y centros de discapacitados, “establecieron unos protocolos de los que podrían derivarse responsabilidades penales” pues se aprobaron pese a que existían evidencias de las posibles consecuencias discriminatorias.
Tras realizar un repaso cronológico de qué pasos dio el gobierno de Ayuso hasta implementar esos protocolos incide en que se adoptaron “de manera arbitraria y con conocimiento de su injusticia” y que se trató de una “absoluta ilegalidad” dado que esa discriminación atentó al derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación consagrada la Constitución.
