La política exterior venezolana del siglo XXI se construyó, desde sus orígenes, como un desafío explícito al poder estadounidense en el hemisferio occidental. Desde el ascenso de Hugo Chávez en 1999, el discurso oficial se caracterizó por confrontar abiertamente a Estados Unidos. Un momento emblemático de esa postura ocurrió el 20 de septiembre de 2006 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando Chávez, al subir al podio, se santiguó y afirmó: “Ayer vino el diablo aquí, en este mismo lugar; ¡todavía huele a azufre!”. Se refería al entonces presidente estadounidense George W. Bush, quien había intervenido en ese mismo escenario el día anterior.
Chávez aprovechó la tribuna para calificar a Bush como un “tirano” y “dueño del mundo”, acusando al gobierno estadounidense de pretensiones hegemónicas que, según él, ponían en riesgo la supervivencia de la humanidad. Esa retórica no fue un episodio aislado, sino la expresión concentrada de una línea política sostenida.
Desde entonces, la retórica antiimperialista definió claramente la política exterior venezolana, tanto durante el gobierno de Chávez como en el de su sucesor, Nicolás Maduro, posicionando a Venezuela como uno de los ejes de la resistencia antiestadounidense en América Latina.
La estrategia implementada se sustentó en cuatro pilares fundamentales: 1) una retórica antiestadounidense convertida en eje identitario del régimen; 2) el control estatal del petróleo, con énfasis en la soberanía sobre PDVSA; 3) alianzas con potencias rivales de Washington, como Rusia, China e Irán; y 4) el uso político del petróleo, tanto en el plano interno como regional.
La respuesta estadounidense a esta política se enmarcó en una estrategia acumulativa de presión, basada inicialmente en sanciones financieras, restricciones comerciales y control logístico. Estas medidas contribuyeron al deterioro institucional del país, al colapso productivo de la industria petrolera, a una mayor dependencia fiscal del crudo y a un progresivo aislamiento financiero internacional.
El colapso de la industria petrolera resulta particularmente ilustrativo. En 1999, Venezuela exportaba a Estados Unidos alrededor de 1.5 millones de barriles diariosde petróleo. Para 2024, esas exportaciones se habían reducido a aproximadamente 222 mil barriles diarios; es decir, apenas un 15% del nivel registrado al inicio del ciclo chavista. Esta caída no solo reflejó el impacto de las sanciones, sino también el deterioro estructural de la capacidad productiva del país.
La postura confrontacional sostenida generó la impresión de un Estado preparado para enfrentar cualquier contingencia frente a la potencia norteamericana. Sin embargo, la secuencia de acontecimientos desencadenada tras la detención del presidente Maduro por un comando estadounidense el 3 de enero pasado plantea una pregunta central: ¿Cómo un Estado que se proclamaba resistente terminó doblegándose de manera tan rápida y profunda?
Todo indica que las autoridades venezolanas sobreestimaron su capacidad de resistencia frente a Estados Unidos. Se confundió la retórica soberanista con poder material efectivo y se perdió de vista la erosión interna del Estado, que fue reduciendo progresivamente su margen de maniobra hasta hacerlo prácticamente inexistente.
El paso de una postura confrontacional aparentemente firme a una situación en la que Estados Unidos controla la logística de exportación y venta del petróleo venezolano —con ingresos depositados en cuentas bajo supervisión estadounidense—, la intervención militar en el poder político interno y la propuesta de reformas estructurales orientadas a atraer inversión extranjera en condiciones moldeadas desde Washington, evidencian que Venezuela no pudo sostener su soberanía frente a una presión externa persistente y creciente.
La conclusión es más severa de lo que el discurso oficial admitiría: en el sistema internacional contemporáneo, la soberanía no descansa en declaraciones, sino en capacidades. Un Estado que desafía a una potencia hegemónica sin respaldo productivo, financiero, institucional y militar suficiente no está ejerciendo autonomía estratégica; está acumulando vulnerabilidades.
Lo ocurrido no es solo la caída de un gobierno ni el fracaso de una política exterior ideologizada. Es la demostración de que en un orden internacional jerárquico, la asimetría de poder termina prevaleciendo sobre la voluntad política. El petróleo, presentado durante años como escudo de independencia, se convirtió en el punto de entrada de la coerción externa. La confrontación sin poder material suficiente no produce respeto; produce subordinación. Y cuando el control de los recursos estratégicos pasa a manos de otro Estado, la soberanía se convierte en una ficción.
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